El fiscal Giovanni Grisetti encabezó este miércoles un allanamiento en la sede de la Unasur, por dos conceptos: por un lado, la falta de transferencia de aportes obrero-patronales retenidos a los trabajadores y, por otro, las deudas acumuladas por el alquiler de inmuebles pertenecientes al IPS.

“Concretamente es la falta de pagos al IPS en concepto de lo que corresponde por Ley, es el descuento que se le hace a cada trabajador conocido como el Aporte Obrero”, señaló en declaraciones a la 1020Am. En ese sentido, explicó que el local debía pagar por la patronal un monto y por el obrero otro monto, pero evadieron el pago correspondiente a la previsional, pese al descuento aplicado al personal.

“Totalizando en conjunto llegó a la cifra de G. 4.096 millones a pagar. Es decir, le descuentan al trabajador, le dan su saldito y ese monto descontado no abonaron al IPS”, precisó el agente fiscal. Mencionó que la previsional hizo el reclamo correspondiente y los mismos solicitaron refinanciación. “Se les dio la refinanciación y tampoco pagaron”, subrayó.

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Aparte de la refinanciación, a partir de la fecha de refinanciamiento se fue generando una nueva deuda. “Y por esa línea de la nueva deuda también se refinanciación que también se debió. Y no se cumplió”, indicó el representante del Ministerio Público.

Luego, siguieron las deudas normales. “No se le dio más refinanciamiento y quedaron los montos de deuda a cuenta corriente natural dentro del plazo normal que se le fue adicionando las moras, multas y otros conceptos”, apuntó Grisetti.

Eso es lo que corresponde concretamente la causa penal. “En paralelo, cuando se solicitaron ciertas informaciones vino acompañado el dato de que también se le adeuda por alquileres al IPS. Es un fuero distinto al fuero penal”, aclaró. La mora, con los datos preliminares, sería de cuatro años.

IPS, tras el sumario administrativo realiza una demanda civil y consigue las medidas cautelares correspondientes y se bloquea la cuenta oficial de Unasur. “Pese a ello, hicieron una cuenta paralela para poder generar los cobros. Esa actitud deliberada hace que la cuestión se agrave y denote una conductora dolosa de evadir a IPS”, refirió el fiscal.

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“Lo ocurrido representa una estafa monumental, casi histórica de desfalco, de robo a los intereses de la clase trabajadora”, dijo el presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), Julio López, al referirse al inicio del procedimiento de resolución de ueno bank tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.

Detalló que ante la crisis de la entidad bancaria convocan a una manifestación para este miércoles a las 18:00 frente al Panteón de los Héroes, Asunción. “Nosotros nos orientamos en la necesidad de la unidad de acción porque, separadas las organizaciones, poco pueden hacer en este momento para ejercer presión y exigir las orientaciones que nosotros creemos que tanto la justicia como el gobierno deben plantear”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

López agregó: “Ayer martes hemos tenido una plenaria entre varias organizaciones sociales y políticas para impulsar una orientación unitaria, en ese sentido, una de las resoluciones es impulsar una movilización esta tarde en la que vamos a exigir el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades sobre esta situación lamentable. Se habla de montos muy significativos y el hecho representa una afrenta muy grande contra los intereses de un gran sector del pueblo sufrido”.

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Señaló también que otra de las acciones a ser evaluadas es impulsar una huelga general. “Es necesaria la coordinación para poder plantear una jornada nacional de lucha y los compañeros no descartan también la posibilidad de una huelga general. Esto será evaluado mañana a las 9:00, donde conversaremos con la dirigencia de las centrales obreras”, manifestó.

Desde la gerencia financiera del IPS, encabezada por Gladys Vera, indicaron que la previsional iniciará los procedimientos administrativos y legales necesarios para recuperar las inversiones financieras que mantiene en la entidad bancaria, las cuales ascienden a la suma de USD 355 millones; incluye certificado de depósito de ahorro y bonos financieros.

Sin embargo, López expresó que el posicionamiento no otorga tranquilidad a los asegurados. “Nosotros no tenemos información certera sobre el patrimonio de esta institución, que en los hechos prácticamente se fue a la quiebra; no tenemos una valoración de los bienes patrimoniales que deberían ser en estos momentos distribuidos de acuerdo a lo que establece la ley”, comentó.

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Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.

El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.

“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.

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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.

La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.

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El BCP inició este martes el procedimiento tras detectar una insuficiencia de solvencia en la entidad. Las operaciones permanecen suspendidas mientras se verifica su situación patrimonial. Además, informaron que la garantía cubre hasta G. 228,3 millones por depositante.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició durante la madrugada de este martes 3 de noviembre el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido. La decisión fue adoptada por unanimidad el lunes 2 de noviembre y comunicada oficialmente a primera hora.

Según explicó la institución, la medida responde a ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización y busca atender la situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El presidente del BCP, Carlos Carvallo, señaló en conferencia de prensa que el proceso es resultado de varios meses de trabajo técnico. Entre los elementos analizados mencionó indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo controlador, debilidades en operaciones crediticias y deterioro de los indicadores de liquidez.

¿Qué pasa con los ahorros? Uno de los principales puntos de atención es la disponibilidad de los fondos. Desde el anuncio, las tarjetas, aplicaciones y demás canales de ueno bank permanecen suspendidos, mientras se realiza la conciliación de activos y pasivos.

El BCP informó que la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica en cada entidad financiera. La cobertura se aplica por depositante y entidad, no por cada cuenta.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por las autoridades, el dinero comprendido dentro de ese límite está garantizado. Para los saldos superiores, se analizarán mecanismos de compensación de activos y pasivos, con el objetivo de procurar la mayor protección posible.

La banca matriz desplegó funcionarios para avanzar en el balance de exclusión, que permitirá determinar qué activos y obligaciones serán considerados en el procedimiento. El plazo legal para completar esta etapa es de hasta 15 días, aunque las autoridades indicaron que buscan acortarlo.

El alcance para el sistema financiero. La situación también involucra a grandes depositantes institucionales. El mayor es el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene alrededor de G. 1,74 billones en certificados de depósito de ahorro en ueno bank, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas figura con G. 250.000 millones.

El instituto previsional confirmó, además, que cerca del 9 % de su cartera de inversiones está colocada en la entidad, equivalente a unos USD 345 millones entre certificados de depósito y bonos financieros.

En paralelo, el BCP sostuvo que se trata de una situación particular de ueno bank y que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.

La resolución abre una etapa de verificación y reorganización. Los próximos pasos dependerán del balance patrimonial y de los mecanismos que se definan para atender a los depositantes, mientras las autoridades instan a consultar únicamente los comunicados oficiales para conocer las instrucciones de recuperación de fondos.