El asesor económico del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, habló sobre la ley de emergencia para la previsional aprobada con modificaciones en la Cámara de Senadores, e indicó que permitirá acceder a “herramientas para ordenar las finanzas”, mientras se planifica la contratación de unos 500 médicos devarias especialidades, entre ellos jubilados y extranjeros.

“El presidente Isaías Fretes había propuesto lo más importante, entre otras cosas, las medidas pendientes a reponer a los médicos que hoy están en falta, y sumado a lo que, en el mes de setiembre, también por la adecuación de la reducción de cargas horarias de 24 a 12 horas, se estaría generando otro espacio importante de aproximadamente 500 médicos que se deben reponer”, indicó al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que, con una visión preventiva, y teniendo en cuenta todas las posibilidades a ser cubiertas para que no se resienta la fuerza médica de la institución, se solicitó la medida de contención para el aumento del personal médico.

“El presidente Fretes y su equipo médico solicitaron todas estas medidas de contención y también de ampliación que abarque hasta a los extranjeros que están acreditados ante la sociedad científica y cuyas especialidades hoy no están cubiertas con el staff médico del IPS, y también la posibilidad de contratar jubilados en aquellas especialidades que podrían estar en falta”, apuntó.

Así mismo, esto conllevará en la utilización de la herramienta de una estructura fiduciaria que permitirá la administración de las deudas, que llevan años en demanda, con la previsional, que podrían también tener una importante inyección para el instituto.

“Es importante resaltar esta medida de poder generar varias combinaciones en una garantía de una estructura fiduciaria de administración de más de 44.000 empresas que le deben al IPS, que si seguimos esperando a que eso tenga efecto desde el Poder Judicial con las demandas, que hace desde 20 años se iniciaron, nos damos cuenta que ese no es el mecanismo ni la solución”, detalló el asesor.

Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.

La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.

Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.

Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

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La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.

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Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.

El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.

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El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.

Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.

El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.

Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.

Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.

Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.

En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.

Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.

El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.

En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.

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El diputado liberal, Arnaldo Valdez, representante del departamento de Misiones, presentó un proyecto de declaración por el cual insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a incluir el tramo Yabebyry-Panchito López, del departamento de Misiones, en el proyecto de construcción del Corredor de Integración Suroeste.

Con la iniciativa busca atender una necesidad concreta de conectividad que afecta a los pobladores del distrito de Yabebyry y, particularmente, a la comunidad de Panchito López, donde las dificultades de transitabilidad constituyen una problemática recurrente y limitan las posibilidades de desarrollo de la población.

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De hecho, días atrás el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ya había anunciado que desde el Gobierno están evaluando la ampliación del proyecto del Corredor Suroeste, en dicho tramo, dependiendo del presupuesto cuya financiación será mediante el préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) por un monto de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (286 millones de dólares).

Al respecto, el legislador liberal argumentó que el Corredor de Integración Suroeste es una infraestructura estratégica para fortalecer la conexión vial entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú. Indicó que favorecerá la movilidad de personas y productos, la reducción de los costos de transporte y el acceso de las comunidades a servicios esenciales, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y turísticas.

En este contexto, señaló que la incorporación del tramo que une Yabebyry con Panchito López permitiría extender los beneficios de esta infraestructura a una comunidad que históricamente enfrentó dificultades para contar con una conexión vial adecuada.

“La incorporación de aproximadamente 9 kilómetros al corredor constituye una medida orientada a completar la conectividad de la zona y brindar una respuesta de carácter permanente a una necesidad largamente planteada por los pobladores”, señala un segmento de las fundamentaciones.

Indica que una infraestructura vial adecuada no solo mejora la transitabilidad, sino que también genera condiciones favorables para el crecimiento económico, la producción, el comercio, el turismo y el acceso oportuno a servicios públicos.

La propuesta declarativa plantea que el MOPC realice los estudios técnicos, administrativos y presupuestarios correspondientes para determinar la viabilidad de la incorporación del tramo, así como las acciones necesarias para establecer una solución vial permanente. La iniciativa será analizada en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, para posteriormente ser considerada en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados.

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