El juez Osmar Legal admitió la imputación por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal contra Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabrera Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich, y Jhon Gerald Marhias Gaona.
Asimismo se fijó para este martes 20 de agosto la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares para Rodrigues Gomes y Cabrera Pinazo. Mientras que para Zubizarreta Zaputovich se fijó para el 26 de agosto.
En la referida diligencia judicial se definirá si los imputados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si se decreta la prisión preventiva de los mismos.
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Durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público y con participación de la Policía Nacional resultó muerto el diputado colorado Eulalio Gomes, quien recibió dos impactos de bala que acabaron con su vida. El cuerpo del parlamentario está siendo inspeccionado en la Morgue Judicial de Sajonia.
Igualmente el procedimiento se llevó a cabo en varias oficinas, entre ellas dependencias contables donde se pretende recolectar evidencias en torno al caso Pavo Real 2.
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Controversia en EE. UU.: juez prohíbe exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas
Un juez federal de Estados Unidos falló en contra de una ley en Texas que ordenaba a los colegios públicos exhibir los Diez Mandamientos en todas las salas de clase.
El juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley, que entraría en vigencia a partir del 1 de septiembre y que fue cuestionada ante la justicia por familias de diversos credos con hijos en escuelas públicas.
La ley del estado de Texas, conocida como el Proyecto de Ley 10 del Senado, es inconstitucional y “toma posición, de manera inadmisible, en asuntos teológicos y favorece oficialmente a creencias cristianas por encima de otras”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas.
“Es probable que la exposición envíe un mensaje de exclusión y de carga espiritual a los hijos de los demandantes que no suscriban la versión aprobada de los Diez Mandamientos, que los considerarían que ‘no pertenecen a su comunidad escolar’”, afirmó.
El rabí Mara Nathan, uno de los demandantes, sostuvo la decisión.
“Las creencias religiosas de niños y niñas deben ser promovidas por sus padres y por sus comunidades, no por políticos y colegios públicos”, declaró Nathan.
Rachel Laser, presidenta de la asociación Americanos Unidos para la Separación Iglesia-Estado, también aplaudió la decisión de enviar un “fuerte mensaje que resonará en todo el país sobre la libertad de credo de cada estudiante en nuestras escuelas públicas”.
Otro juez federal bloqueó en noviembre de 2024 una ley en Luisiana que requería la exposición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de ese estado conservador del sur de Estados Unidos.
El juez John deGravelles aseguró que la norma es inconstitucional porque violar la Primera Enmienda.
La separación de iglesia y Estado es un principio fundacional de Estados Unidos y la Constitución prohíbe que se establezca una religión nacional o se dé preferencia a una creencia por encima de otras.
En un caso similar, en 1980, la Corte Suprema decidió que la exposición de los Diez Mandamientos en los colegios de Kentucky era inconstitucional.
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En Oklahoma, la máxima autoridad educativa de ese estado conservador ordenó recientemente que se enseñe la Biblia en escuelas públicas, una decisión que también enfrenta desafíos legales.
Fuente: AFP
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Juez presentó su obra jurídica sobre garantías constitucionales en el proceso paraguayo
En el Salón Auditorio “Doctora Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción se realizó la presentación de la obra jurídica “Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguayo”, del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Lambaré, Guillermo Manuel Delmás, que aborda el debido proceso desde un enfoque garantista y comparativo.
La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de referentes del ámbito jurídico nacional César Diesel Junghanns, y de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Joaquín Martínez Simón y Gustavo Santander Dans.
La obra constituye un aporte al análisis de las garantías constitucionales aplicadas al proceso judicial civil, con énfasis en el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador. Durante la actividad, el ministro Alberto Martínez Simón valoró el contenido de la obra como una exposición estructurada de pensamiento jurídico que enriquece el debate académico e institucional.
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La obra presenta una revisión crítica de las facultades ordenatorias e instructorias del juez, a la luz del artículo 18 del Código Procesal Civil, desde una visión garantista y con referencias a sistemas jurídicos comparados.
La publicación está estructurada en cuatro capítulos, además de anexos que incluyen jurisprudencia y acuerdos relevantes. En el primer capítulo, se expone el objeto de investigación y el método adoptado. El segundo capítulo, el más extenso, desarrolla el marco teórico, analiza antecedentes nacionales y extranjeros, y reflexiona sobre principios procesales y medidas como las de mejor proveer.
El tercero aborda un análisis doctrinal y comparativo con experiencias de otras jurisdicciones. En tanto que el cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones, orientadas a fortalecer la formación jurídica con enfoque de garantías. El libro fue prologado por el jurista argentino Adolfo Alvarado Velloso, referente internacional del derecho procesal.
Igualmente, el evento contó con la participación de:
- la vicepresidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Beatriz Pucheta Vda. de Correa,
- la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Peña
- el profesor doctor Oscar Alejandro Amaya (Universidad de Bolonia, Italia)
- el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro
- autoridades de tribunales
- universidades
- gremios jurídicos
- operadores del sistema de justicia
La presentación fue transmitida a través de la plataforma Google Meet, y concluyó con una entrega simbólica de reconocimiento al autor por parte de sus colegas, destacando el valor académico de su contribución a la doctrina jurídica nacional.
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DD. HH: minimizan informe presentado
El expresidente de la Comisión Especial de Investigación de Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos, Dionisio Amarilla, restó ayer importancia al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos con relación al retroceso de los derechos humanos y persecución política a los opositores en Paraguay, en el 2024.
“Yo no estoy preocupado, ni estresado por lo que hubiere venido porque refiere al 2024 y no al 2025. Es normal que venga informes con sesgos. Estoy seguro que después será ajustado, porque a las conclusiones que nosotros hemos llegado son contundentes”, indicó Amarilla. Al tiempo de señalar que los datos contenidos en dicho informe es basado con datos que fueron proporcionados por el exembajador de los EE. UU. Marc Ostfield, afín al anterior gobierno Mario Abdo Benítez. Amarilla manifestó que los trabajos de la Comisión Especial fueron contundentes.
“Hemos confirmado que Cabeza Branca (narcotraficante) depositó plata en banco Atlas, hemos confirmado que el fideicomiso del IPS fue desvirtuado, hemos confirmado que Leoz (extitular de Conmebol) transfirió plata a banco Atlas, de que el 70 por ciento de esas donaciones (de la Usaid) fueron destinados a altísimos salarios de organizaciones civiles, así son demasiados solventes las conclusiones”, refirió.
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Bolsonaro abandona la prisión domiciliaria para que le realicen exámenes médicos
Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a dejar temporalmente la prisión domiciliar para realizar una serie de exámenes médicos en un hospital.
El exjefe de Estado (2019-2022) está confinado desde la semana pasada en su residencia en Brasilia, por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.
Sus abogados habían indicado, en una solicitud presentada este martes a la corte, que Bolsonaro, de 70 años, tiene “síntomas de reflujo e hipo” crónicos y debe ir esta semana a un hospital en Brasilia para realizarse exámenes, incluyendo una endoscopia del tracto intestinal.
El expresidente ultraderechista aún sufre las consecuencias de una puñalada que recibió en 2018, con problemas gástricos y hospitalizaciones recurrentes.
El juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro, autorizó la visita hospitalaria.
El expresidente deberá presentar ante la corte un “certificado de comparecencia” al centro médico en un plazo de 48 horas después de los procedimientos, según determinados por el magistrado.
Las pruebas médicas deben hacerse el 16 de agosto, y Bolsonaro podría necesitar permanecer hasta ocho horas en el hospital, según sus abogados.
No descartan que los médicos recomienden acciones adicionales.
Bolsonaro se enfrenta a un juicio ante el Supremo Tribunal Federal acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Además es objeto de una investigación por obstrucción judicial, que se desprende de la campaña que su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro avanza en Estados Unidos para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas a favor de su padre.
En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones a Moraes.
Debido a la presunta obstrucción judicial, desde mediados de julio el excapitán del Ejército debe llevar una tobillera electrónica, y le está prohibido expresarse en redes sociales.
El 4 de agosto Moraes ordenó la prisión domiciliaria de Bolsonaro por incumplir esa última prohibición. Desde entonces, con excepción de sus abogados y familiares cercanos, toda visita a su residencia quedó proscrita, salvo autorización previa.
Moraes aún no ha respondido a un pedido presentado la semana pasada para revocar la prisión domiciliar del expresidente, que sus abogados denunciaron como “censura”.
Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar unos 40 años de cárcel por el juicio en curso.
Fuente: AFP