El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, habló sobre el aumento en el pago de los intereses de la deuda pública y aclaró que este incremento no puede explicarse únicamente por un mayor nivel de endeudamiento.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, expuso que tres factores incidieron de manera directa en que hoy el Gobierno destine más recursos al servicio de su deuda.

El primero fue el comportamiento del tipo de cambio. Con un dólar que llegó a superar los G. 8.000, el costo de los compromisos externos se elevó considerablemente. Actualmente, con el guaraní recuperando terreno y ubicándose en torno a los G. 7.100–7.200, el peso de esos intereses, en guaraníes, comienza a moderarse.

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El segundo factor que mencionó, está ligado al uso del endeudamiento para cubrir obligaciones heredadas. Fernández Valdovinos recordó que alrededor de USD 600 millones se destinaron a pagar deudas contraídas en la administración anterior. Es decir, una parte de la deuda que figura como nueva en realidad sirvió para saldar compromisos del pasado.

En tercer lugar, mencionó el efecto de las tasas de interés internacionales, que subieron de manera drástica como consecuencia de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) para combatir la inflación. Este movimiento encareció las deudas con tasa variable, incrementando automáticamente el servicio de la deuda sin que haya mediado un mayor capital.

Sin embargo, el ministro sostuvo que el nivel actual de pago de intereses sigue siendo “razonable” y aseguró que las perspectivas son más alentadoras hacia adelante. Con la expectativa de que la FED inicie un ciclo de reducción de tasas y con un guaraní fortalecido frente al dólar, el peso de los intereses debería disminuir gradualmente en los próximos años.

“La suma de estos factores hizo que temporalmente aumente la carga de los intereses, pero con las correcciones que se están dando en el mercado internacional y con el fortalecimiento de nuestra moneda, vamos a ver un alivio”, expresó.

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El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que “establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales”. Los ministros de Economía y de Industria y Comercio, Carlos Fernández Valdovinos y Javier Giménez respectivamente, destacaron la relevancia de esta iniciativa y sus beneficios para la diversificación de la economía.

Ambos ministros formaron parte de una audiencia pública en la que se analizó la propuesta legislativa, que permitirá a los importadores seguir adquiriendo productos del exterior, pero con la opción de importar piezas y ensamblarlas en el país, lo que otorgará ventajas arancelarias y contribuirá a la generación de empleo.

“El ensamblaje es un área nueva, con mucho potencial para la creación de puestos de trabajo, pero consideramos que es lo que Paraguay necesita de acá para adelante”, expresó el ministro Fernández Valdovinos en medio de la audiencia pública en la que se defendió todo el paquete de proyectos en materia económica.

De acuerdo a lo explicado por el titular del MIC, esta iniciativa también surge en un contexto internacional particular, en el que las últimas disposiciones arancelarias de Estados Unidos, que inicialmente fijaron un 145 % y luego se ajustaron al 30 % para las importaciones provenientes de China, además de un gravamen del 50 % aplicado a las exportaciones brasileñas, abren una ventana estratégica para que Paraguay se consolide como un polo regional de ensamblaje.

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El proyecto abarca la producción de bienes como televisores, heladeras, microondas y acondicionadores de aire, que llevarían la etiqueta “Hecho en Paraguay” para su venta tanto en el mercado local como en el internacional.

De hecho, en la exposición de motivos de la propuesta, indican que a la fecha, el sector manufacturero representa el 19,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, las actividades de valor agregado como el ensamblaje de productos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones aún “tienen una presencia marginal, lo que representa una oportunidad concreta para diversificar e innovar en la industria”.

En esta misma línea, sostienen que la puesta en marcha de una política nacional para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales, posee un alto potencial para impulsar el desarrollo del país y consideran que permitiría atraer nuevas inversiones, promover la industrialización tecnológica, estimular la innovación y la transferencia de conocimientos, además de favorecer la incorporación de mayor valor agregado nacional.

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Medios internacionales se han hecho eco de este proyecto que se da en medio de la “guerra arancelaria” entre China y Estados Unidos, que permitirá al Paraguay poder posicionarse en materia del ensamblaje, a la par de diversificar la economía más allá del agro y la ganadería, tomando como referencia experiencias de Argentina y Brasil.

El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, confirmó este jueves que su informe final ya fue remitido a los Estados Unidos. El pasado 14 de julio, la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, dio por culminada su actividad.

“Hubo una campaña mediática en contra de esta comisión. Nosotros hicimos un trabajo serio. El informe final ya fue trasladado a los Estados Unidos, estamos en condiciones de ir a defender, inclusive, si nos convocan en algún momento. Estamos muy tranquilos con el trabajo que se realizó”, sostuvo el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a la 780 AM.

El documento había sido remitido previamente a la Cancillería, el pasado 25 de julio, para su remisión con sus conclusiones y recomendaciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Ojalá que las autoridades de ese país convoquen al embajador paraguayo designado Gustavo Leite, quien fue relator de la comisión y conoce al dedillo los detalles de los datos tabulados, consolidados, y nadie puede negar la discrecionalidad con que se utilizaron los fondos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Paraguay”, comentó.

El senador había detallado anteriormente que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado que USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y que USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés. El 71 % del millonario recurso fue para salarios.

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Los trabajos de la CBI, que fueron aprobados por el Congreso Nacional, también ya fueron entregados al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo había anunciado Amarilla.

En total son nueve tomos que constan de 1.311 folios con sus respectivos anexos. Desde el tomo I hasta el VI se centra en el eje uno, “Lavado de activos ligado al financiamiento de político vía organizaciones sin fines de lucro; el VII se basa en el eje dos, “Lavado de activos provenientes del tráfico de armas”; el VIII analiza el “Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas”.

Por último, el tomo IV contiene el informe ejecutivo, conclusiones y recomendaciones. Los anexos entregados en pendrive contienen audios, videos, notas varias, convocatorias, documentos tabulados, presentaciones de convocados, informe final, entre otros.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, señaló que el actual salario mínimo “no se relaciona con el día a día de los compatriotas” y que es necesario modificar el sistema mediante el cual se estima, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias paraguayas.

“Tenemos que cambiar el sistema por el cual se calcula el salario mínimo para que realmente impacte en la vida de las personas y ayude a las familias a cubrir sus necesidades básicas”, indicó Latorre a través de X respecto a la reunión de la mesa directiva de la Cámara Baja, donde también estuvo presente el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

En el encuentro, se abordaron diversas medidas adoptadas para la reducción de los costos de la canasta básica, el plan 2050, el sistema de estimación para el salario mínimo y otros temas de interés ciudadano. Latorre destacó que la conversación con Fernández permitió intercambiar ideas sobre cómo lograr que los ajustes salariales sean más efectivos y estén alineados con la realidad económica de los paraguayos.

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Cabe mencionar que año tras año se ajusta el salario mínimo de acuerdo a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el mes de junio, tal como establece el artículo 255 del Código del Trabajo. El último incremento, vigente desde julio de 2025, fijó el salario mínimo mensual en G. 2.899.048.

No obstante, este incremento es considerado insuficiente por sindicatos y trabajadores, quienes argumentan que no refleja el encarecimiento real de la canasta básica, especialmente de los alimentos. Según el representante de los trabajadores en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), Bernardo Rojas, este ajuste no compensa la pérdida del poder adquisitivo, que estiman asciende a un 24 %.

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