La creación de comisiones de investigación es una atribución constitucional, establecida en su artículo 195. Con base en este principio se había constituido en 2018 una comisión para investigar de manera exclusiva al expresidente Horacio Cartes, otorgándole incluso el rango de Fiscalía o Corte Suprema.

Con mayoría opositora, se estableció dicho parámetro, con el único objetivo de investigar al exmandatario Cartes. Entonces, la comisión no era catalogada como “garrote político”, pese a enfocarse en un solo individuo, a diferencia de cómo se cataloga a la misma Comisión Bicameral aprobada el miércoles.

Basado nuevamente en la atribución constitucional para instalar una comisión de investigación, se aprobó definir nuevamente una bicameral, esta vez para investigar hechos de lavado de activos. Sin embargo, incluso antes de ser instalada, la comisión es catalogada como un “garrote político”.

El mismo sector opositor que fervientemente defendía las atribuciones legislativas para instalar una comisión de investigación, hoy cuestiona la instalación de la misma, basada en los similares principios democráticos e institucionales que habían alegado en su momento, en el periodo legislativo anterior.

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En mayo del 2018, por voluntad del Frente Guasu, fue creada la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos a Darío Messer y sus asociados, con el objeto de encontrar vínculos ilícitos con Horacio Cartes.

La comisión había convocado en julio del 2022 al expresidente Cartes, bajo el argumento de formular preguntas relacionadas con Darío Messer y hechos de lavado de dinero. El ahora titular del Partido Colorado, había enviado entonces a sus representantes legales para despejar todas las dudas.

A partir de los resultados de esa comisión, la oposición y los medios afines sacaban conclusiones como si de sentencias de la Corte Suprema se tratara. Muy lejos de considerarla “garrote”, le daban mayor validez que una investigación elaborada por autoridades competentes.

Hoy el posicionamiento cambia, aparentemente si el enfoque no es el mismo pues, a la comisión actual, de carácter transitorio y no por varios años como la anterior, se la cataloga como “garrote”, sin que siquiera hayan iniciado sus funciones investigativas.

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La recientemente aprobada Comisión de Investigación tiene como objetivo investigar hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos. No hay oficialmente una hoja de ruta definida ni una persona en particular a la cual apuntar como en el caso Messer-Cartes.

Desde la oposición y medios afines aseguran que solamente se investigará el presunto lavado de dinero atribuido al Banco Atlas con el caso Nicolás Leoz. Otros afirman que se “atacaría” a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) cuando, según la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), son una vía utilizada para lavar dinero.