• México. AFP.

Los mexicanos empezarán a elegir el próximo domingo a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como panacea contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales. La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.

Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia. Pero para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de gobernaciones.

“Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar”, asegura la popular mandataria, quien rechaza que los mexicanos sean indiferentes a la elección.

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Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País.

En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2.600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4.000 jueces locales serán votados en 2027.

La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.

Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia -gran piedra en el zapato de López Obrador- podría quedar con una mayoría afín al gobierno.

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En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.

Una oenegé crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.

Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).

La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.

La elección también desafía la independencia de la justicia.

“Podría incrementar el riesgo de que los candidatos (...) busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”, lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, “la justicia no se vota” porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana “no está preparada para este ejercicio”, añade a la salida de un despacho judicial capitalino.

La impunidad y la desconfianza apuntalan el discurso de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria exhibe a jueces que -según ella- favorecen a delincuentes y entorpecen la administración de justicia.

“En mis cuarenta y pico de años de litigante, jamás le he dado a un juez, mucho menos a un magistrado, ni un solo centavo para que dicten una sentencia a mi favor”, asevera Claudia Rojas, abogada civil con 48 años de carrera.

Expertos sostienen que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías, entes autónomos que no fueron tocados por la reforma.

Otros factores que complican la elección han sido las restricciones para promocionar a los candidatos, que en su mayoría apelaron a las redes sociales, y la complejidad del sufragio.

En el caso de Ciudad de México los votantes deberán marcar nueve boletas (6 para jueces federales, 3 para locales). Solo los candidatos federales suman 3.414, debido a lo cual los resultados recién se conocerán a partir del 2 de junio. “Creo que hasta las propias personas que lo idearon ni siquiera saben cómo se hace”, afirma Rojas Luviano, quien pese a sus reparos acudirá a votar. “Salgan a votar y participen, porque no es solo criticar”, añade.

El senador Carlos Núñez que está a favor de la intervención de una administración municipal o de gobernaciones, esto para dar una respuesta a la ciudadanía sobre cualquier tipo de sospecha de irregularidades en la gestión. En este sentido, el parlamentario aclaró que una intervención solo puede ser tratada por la Cámara Baja, sin embargo, indicó que está a favor de las intervenciones.

Núñez cuestionó la férrea postura del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto que se niega a que se realice una intervención de su administración, a pesar de que la Cámara de Diputados ya inició las investigaciones en base al informe de la Contraloría General de la República (CGR).

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“Como administrador, por qué voy a tener que negar que se intervenga, que se verifique, que se supervise mi administración si no tengo miedo. En este caso, de Ciudad del Este específicamente, quiero saber por qué tanto barullo de parte del intendente Miguel Prieto, que no quiere que se revise su administración. Quiere decir que hay algo grave, gravísimo”, criticó el senador.

Por otra parte, negó que exista una persecución política en contra de Prieto y el objetivo con esta intervención es la de aclarar todas denuncias realizadas, en este caso el intendente de CDE ya cuenta con más de 40 denuncias en su contra por diferentes hechos que se atribuyen a una mala gestión.

“No hay persecución política acá, si él no tiene miedo, si no cometió algo raro, si no malversó, si no robó, sino malutilizó el dinero del pueblo paraguayo, ¿por qué va hacer tanto barullo para que no se intervenga su municipio?. Por qué le vamos a esconder al pueblo paraguayo en qué se están invirtiendo su dinero, se tiene que invertir en algo bueno, a favor de la comunidad, no a favor del bolsillo de nadie”, sentenció.

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La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores analizó los pedidos del Poder Ejecutivo de acuerdo constitucional para la designación de nuevos embajadores. Para la representación diplomática de Paraguay ante la República de China (Taiwán) fue nominado Dario Filártiga y para la representación paraguaya ante Turquía, Guillermo Sosa.

El acuerdo constitucional ya podría darse este miércoles en el Senado, con ello, ambos podrán ser designados como nuevos embajadores de Paraguay en estos dos países. Tras la reunión la comisión asesora debe emitir un dictamen que luego será puesto a consideración del pleno de la Cámara Alta.

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La Comisión de RR. EE., presidida por el senador Antonio Barrios, recibió al exministro de Trabajo, Guillermo Sosa, quien expuso sobre su plan de trabajo en la embajada. “Quiero trabajar en lo que respecta a la inserción de nuestro país en el mundo, acompañar la línea política que apunta a vencer el aislamiento y la disminución de nuestra dependencia de los mercados vecinos”, señaló Sosa.

La solicitud de acuerdo constitucional del Poder Ejecutivo se encuentra en el punto 4 del orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles y la tendencia es de aprobación para ambas nominaciones.

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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, emitió su dictamen a favor con el apoyo unánime para el proyecto de préstamo de la República de China (Taiwán), por USD 200 millones, que será destinado a la ampliación del programa Che Róga Porã; según confirmó el senador Natalicio Chase al término de la reunión.

Indicó que esta mañana recibieron al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, para que explique a los miembros de la mesa asesora los alcances que tendrá este programa que beneficiará para el acceso a la vivienda de la clase media.

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Al respecto, Chase explicó que es un crédito con una metodología nueva que entrará a cubrir un déficit importante que tiene Paraguay en materia de viviendas, con intereses anuales que nunca se tuvieron en el país, de 6,5 %.

“Además, el programa Che Róga Porã está dirigido a una franja de la población que es diferente a lo que se tenía entre los programas de viviendas y urbanismo. Nosotros creemos que es un proyecto muy positivo y que va a tener un gran resultado, ojalá se pueda duplicar o triplicar este programa”, expresó el legislador.

A su turno, Baruja explicó que así como conversaron con los miembros de la comisión de Hacienda del Senado, también había mantenido este lunes una reunión con los líderes de bancada que integran la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

“Lo que buscamos es capitalizar más a la AFD para este programa en particular, a partir de la segunda etapa que lanzamos el día 24 de abril con Che Róga Porã 2.0. Hemos recibido una cantidad importante de pedidos y el pasado 16 de mayo entregamos las primeras viviendas a las familias beneficiarias”, explicó.

Remarcó que están con mucha ilusión de encontrar el apoyo del Congreso para la aprobación en breve del proyecto financiero, ya que es un crédito muy conveniente, donde el Paraguay está tomando al 3,5 % anual.

“Es un crédito a 20 años de plazo, que cuenta con años de gracia. Esto va a permitir que la ADF pueda entregar al 5 % el crédito a las entidades financieras, y estas a su vez otorgan a los interesados al 6,5 %, en guaraníes de forma constante durante el tiempo que dure la financiación”, explicó.

Mencionó que una vez que sea aprobado este crédito de 200 millones de dólares directamente irá a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que será la que pondrá a disposición esos fondos a todos los bancos, financieras y cooperativas que trabajan con el Programa “Che Róga Porã”.

Baruja recordó que Che Róga Porã es un programa de gobierno de Santiago Peña, destinado a otorgar viviendas a la clase trabajadora que tiene ingreso desde un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos, es decir, hasta 14 millones de guaraníes en ingresos mensuales. Señaló que en este plan, igualmente se contempla que puedan sumar el salario del núcleo familiar.

En lo que respecta al beneficio para las personas interesadas, consiste en un préstamo hasta 30 años de plazo de un monto de 503 millones de guaraníes por familia con una taza de 6,5 % anual.

Indicó que el programa ya está en marcha, ya que existe un fondo de más de 54 millones de dólares, del cual ya se ejecutó en un 30 %, con 800 proyectos aprobados y otros 400 proyectos en proceso de aprobación.

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