Óscar Tuma indicó que le extraña mucho la actitud de algunas personas que siempre estuvieron a favor de los controles de la transparencia, y ahora se manifiestan en rechazo a la ley de Control de ONG. Foto: Archivo.
“Si las OSFL rechazan los controles no deberían recibir fondos públicos”, según Tuma
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El exdiputado colorado Oscar Tuma cuestionó a través de sus redes sociales a aquellas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que reciben fondos públicos o que prestan servicios de responsabilidad del Estado, que no están de acuerdo con el proyecto de “Ley de control de las Oenegés”.
Sostuvo que es necesario asegurar la transparencia, prevenir el fraude y la corrupción, mejorar la eficiencia y eficacia, cumplir con las normativas legales y contribuir efectivamente a las políticas públicas.
“Estos controles no solo protegen los recursos públicos, sino que también fortalecen la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sector no lucrativo. Si las OSFL no están de acuerdo con estos controles, deberían dejar de recibir fondos públicos y de cumplir funciones que son competencia del Estado. Así de simple”, publicó a través de su cuenta en X.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, indicó que le resulta muy extraño, ya que conoce a muchas de las personas que están haciendo en estos momentos “un fuerte cabildeo” en la Cámara de Diputados, para que esta propuesta legislativa que ya tiene media sanción del Senado, sea rechazada.
“Me extraña mucho la actitud, porque son personas que siempre estuvieron a favor de los controles de la transparencia, ese siempre fue sus discurso. Entonces, yo creo que, y la lógica me dice, que cuando una institución, oenegé, fundación, club, sea quien sea, recibe fondos de todos los paraguayos, no puede enojarse por el control que va recibir”, expresó.
El doctor Tuma agregó que si una organización está recibiendo fondos de todos los paraguayos, es justo que se ejerzan los controles necesarios para saber que se están cumpliendo los fines a los que fueron transferidos, si están actuando con transparencia, ya que esa es la finalidad del control.
Mencionó además, que lo mismo sucede con aquellas organizaciones que reciben dinero del extranjero, pero que están cumpliendo función del Estado, también deben ser controladas. “Porque se está atribuyendo un ejercicio que es competencia del Estado y no de esa ONG. Entonces, es para los dos casos que se exigen controles, conforme a lo que exige la ley”, precisó.
El doctor Tuma indicó que aquellas organizaciones que no reciben dinero del Estado, y tampoco cumplen funciones o competencia del Estado, lógicamente no tiene por qué ser controladas. Para comprender bien, a qué se refieren los roles del Estado, señaló que son aquellas que trabajan en competencia de Educación, competencia de la Salud, que son roles del Estado, y que se les está permitiendo coadyuvar al Estado; pero eso no significa que no deban de ser controladas.
“Si una oenegé se opone a los controles, y de mí dependiera, automáticamente deberían quedar fuera del presupuesto. Mientras que una oenegé que recibe plata del extranjero y realiza roles que compete al Estado, también se les debería sacar esa función. Lo que no pueden ellos pretender es que no se ejerza controles sobre la gestión que tienen. Eso para mí es un absurdo y no entiendo las voces que se levantan contra este proyecto de ley”, concluyó.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
Anuncian proyecto de ley para regular el sector de hierbas naturales en Paraguay
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El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.
Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.
“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.
Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.
Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.
El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.
El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.
Bukele critica a oenegés por ignorar la reducción de homicidios en El Salvador
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San Salvador, El Salvador. AFP.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó ayer miércoles a las organizaciones de derechos humanos por no elogiar la reducción de los homicidios en el país con su política de mano dura contra las pandillas. El mandatario goza de enorme popularidad por reducir los niveles de violencia criminal a mínimos históricos con la “guerra” contra las pandillas que lanzó en marzo de 2022 que permite detenciones sin orden judicial. Sin embargo, sus métodos son criticados por grupos de derechos humanos, que afirman que han sido detenidos miles de inocentes.
“Es evidente que las llamadas ‘organizaciones de derechos humanos’ no consideran que no ser asesinado, violado o agredido sea un derecho humano, de lo contrario, nos estarían elogiando por haber logrado precisamente eso”, escribió Bukele en inglés en su cuenta de X.
El mandatario compartió junto a su mensaje un cuadro estadístico que proyecta que para el cierre de 2025 el país registraría una tasa de un homicidio por cada 100.000 habitantes. En 2024, El Salvador tuvo una tasa de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2015 era de 106 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Los grupos de derechos humanos también critican a Bukele por tener en prisión a 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos, como parte de su alianza con el mandatario republicano Donald Trump.
Asimismo, lo critican por los arrestos en las últimas semanas de cinco críticos del gobierno, entre ellos activistas de derechos humanos y abogados. En el marco de la “guerra” de Bukele han sido detenidos unos 86.000 presuntos pandilleros, aunque el gobierno indicó que unas 8.000 personas fueron liberadas por ser inocentes.
Comisión asesora de Diputados solicita informe técnico sobre proyecto de ley que plantea la fusión del Registro Civil e Identificaciones. Foto: Gentileza
Fusión del Registro Civil e Identificaciones aguarda informe técnico para avanzar en proyecto
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La Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo, presidida por diputado Cleto Giménez, solicitó al Centro de Investigación Legislativa (CeIL) un estudio sobre la legislación comparada de normativas que establecen la fusión de los servicios de Registro Civil e Identificaciones.
Al término de la reunión de la mesa de trabajo, el legislador explicó que la intención es avanzar en el estudio del proyecto de ley “Que fusiona los servicios del Registro Civil e Identificaciones y se establece el Sistema Integral de Registro Civil e Identificación de las Personas Naturales”.
Mencionó que la propuesta requiere del parecer técnico de varias instituciones. Con relación al pedido presentado al CeIL,se espera conocer los antecedentes, las disposiciones legales y las resoluciones que abordan el tema en los países de la región.
“El mismo pedido se extendió a los ministerios del Interior y al de Justicia, instituciones de origen de Identificaciones y Registro Civil, respectivamente, para conocer el parecer de los mismos y posteriormente emitir un dictamen con respecto a la propuesta", comentó.
El diputado Giménez recordó que el proyecto de ley fue presentado por su colega colorado Hugo Meza, en el cual propone mantener un registro único de identidad de las personas naturales, con la potestad “de generar y emitir el documento que acredita la identidad legal y el pasaporte”, según expresa la exposición de motivos.
Indicó que el documento resalta la importancia de la digitalización de datos para dar celeridad a las gestiones requeridas actualmente para obtener documentaciones.
“Esta digitalización, además de necesaria, facilitará un trabajo coordinado, unificado y en línea con otras instituciones públicas que utilizan los datos suministrados por el Registro Civil, en adelante Dirección Nacional”, compartió parte de lo que expresa el documento.
Finalmente, indicó que de acuerdo a la propuesta, el Sistema Nacional estará a cargo de la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación, “que será la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identidad de las personas naturales y de generar y emitir el documento que acredita la identidad legal y el pasaporte”.