La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

Le puede interesar: ANR: plazo para afiliación con miras a las Municipales cierra el jueves

Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

Siga informado con: Senado integra comisión que investigará supuestos abusos de firmas telefónicas

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, dieron dictamen favorable al proyecto de ley “Que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur”, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Esta mesa asesora, presidida por el diputado colorado Juan Manuel Añazco, analizó en la fecha el acuerdo de libre comercio que fue suscrito en Río de Janeiro, el 7 de diciembre de 2023, que busca eliminar aranceles y reducir barreras no arancelarias para facilitar el comercio entre ambas partes.

Esta reunión se realizó en forma conjunta con la participación de los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, cuya presidencia corresponde al legislador colorado Carlos Núñez. Al momento de su estudio, la comisión estuvo encabezada por el diputado César Cerini.

El documento destaca que este acuerdo comercial es el primero del Mercosur con un país del sudeste asiático y abarca temas como el comercio de bienes y servicios, inversión, compras públicas, propiedad intelectual, entre otros.

La exposición de motivos destaca que el acuerdo se estructura en tres pilares principales: comercio, diálogo político y cooperación. Representa un paso estratégico en la política de integración internacional del Mercado Común del Sur (Mercosur), de acuerdo a las fundamentaciones.

“El objetivo es la creación de una zona de libre comercio conforme a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), abarcando no solo bienes y servicios, sino también inversiones, comercio electrónico, propiedad intelectual, contratación pública y más”, señala el proyecto de ley.

Uno de los principales logros del tratado sería la apertura inmediata del mercado de Singapur para los productos del Mercosur, mediante la eliminación total de aranceles de importación desde la entrada en vigor del acuerdo, según se explicó.

La propuesta legislativa señala que este acuerdo introduce un sistema híbrido de certificación de origen - auto certificación o certificado tradicional -, brindando mayor flexibilidad y trazabilidad.

Señala que incorpora disposiciones avanzadas en comercio de servicios y comercio electrónico, posicionándose como el acuerdo más moderno firmado por el Mercosur en materia digital.

En contratación pública, destaca que se garantizan reglas de transparencia y no discriminación, con márgenes de excepción para preservar sectores estratégicos nacionales.

En cuanto a defensa comercial, señalan que se mantienen mecanismos antidumping y salvaguardias para proteger industrias sensibles.

En la exposición de motivos igualmente, señalan que el acuerdo promete impactos positivos para varios sectores productivos de Paraguay. La agroindustria, con productos como carne bovina, soja, aceites vegetales y leche en polvo, sería una de las principales beneficiarias del acceso preferencial al exigente mercado del país asiático.

“La industria de bebidas y biocombustibles, especialmente el alcohol etílico, también encuentra una nueva ventana de exportación. La importación de maquinaria y tecnología desde Singapur se facilitará, lo que podría aumentar la competitividad industrial local", precisa el documento.

Asimismo, señala que en el sector de servicios, se prevé una mejora en la participación paraguaya en áreas como logística, almacenamiento, servicios empresariales y financieros.

Destacan que Singapur es el cuarto centro financiero del mundo, mantiene una extensa red de acuerdos comerciales que incluye Estados Unidos, Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, etc.

La exposición de motivos señala que este acuerdo permitirá a nuestro bloque regional, en especial, Paraguay, insertarse activamente en cadenas regionales y globales de valor, abriendo nuevas rutas de comercio y cooperación.

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

Le puede interesar: Fondos ejecutados por las oenegés: Comisión Antilavado pide remitir su informe final a EE.UU.

Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

Siga informado con: Sir Tony Blair recibió a Peña, en intensa agenda para promover al país en Londres

El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, manifestó que el bloque planteará al Congreso Nacional la remisión de su informe final al Gobierno de los Estados Unidos. La medida surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield“, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

Lea también: Loro López “fue uno de los elementos más sanguinario” del EPP, dice comandante

Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autoremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar".

El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Te puede interesar: Peña en Londres: “Paraguay está recuperando su lugar en Latinoamérica”