La diputada Rocío Abed sostuvo que la pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta. Foto: Gentileza
Abed sobre caso González: “Pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes”
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“La pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta, del Poder Legislativo”, dijo Rocío Abed, líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, en referencia al dictamen emitido por el Ministerio Público a favor de la controvertida dirigente del Partido Encuentro Nacional (PEN).
La Fiscalía recomienda al Senado restituir a González, quien perdió su investidura el pasado 14 de febrero. “Ratifico plenamente que la Cámara Alta lo hizo de manera legal y legítima. Es inviable siquiera pensar que otro poder del Estado se inmiscuya en cuestiones propias, internas y soberanas de cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo”, sostuvo Abed en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
“Esa errada pretensión pone en jaque el estado de derecho y la institucionalidad de la República, como asimismo la independencia con la que se deben manejar los tres poderes del Estado.Si bien sabemos que el Dictamen del Ministerio Público no es vinculante, es descabellada la pretensión, contenida en el mismo, respeto a que una decisión política de la Cámara Alta pueda anularse a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia”, agregó la legisladora.
Abed apuntó contra los sectores mediáticos y actores políticos que aplauden el dictamen fiscal que antes cuestionaban, teniendo en cuenta que años atrás, se posicionaban en contra de que el Congreso considere recomendaciones de otros poderes del Estado. “Más absurdo o descabellado es que algunos medios de comunicación o actores políticos hoy celebren una opinión que hace muy poco cuestionaban ¿Eso es terrorismo intelectual o tomadura de pelo?”, refirió a La Nación.
La diputada recordó que, en ocasiones previas al caso de González, la máxima instancia judicial “ya había sido clara en sus fallos anteriores”. La legisladora citó el dictamen emitido. “La pérdida de investidura de un parlamentario (senador o diputado) es una sanción política, cuya potestad de determinación y aplicación, también debe desarrollarse en el ámbito político y compete con exclusividad, al colegiado donde se produjo el mal desempeño (cámara de diputados o cámara de senadores); dentro del periodo correspondiente al mandato”.
Agregó también que el citado fallo alegaba que “no es un juzgamiento jurisdiccional, por lo que no corresponde supeditarlo ni derivarlo al Poder Judicial. Es un juzgamiento entre pares; que se interpone, se sustancia y se resuelve entre pares. Obviamente respetando las garantías establecidas en el Art. 17 de la Constitución Nacional, previstas para todo proceso (administrativo, político y judicial) del cual derive pena o sanción. Lo cual no lo convierte necesariamente en un proceso judicial”.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
El Ministerio Público informó que personas no identificadas usan sin autorización el nombre de la fiscala Ingrid Cubilla para solicitar dinero y por ello ya se denuncio ante la Fiscalía el hecho. FOTO: ARCHIVO
Ministerio Público advierte sobre suplantación de identidad de agente fiscal en WhatsApp
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El Ministerio Público informa que personas aún no identificadas estarían utilizando, sin autorización, una fotografía de perfil de la agente fiscal Ingrid Cubilla en una cuenta de WhatsApp asociada al número 0985 126 358, desde la cual solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de recuperar el acceso a cuentas de la aplicación.
La fiscala Cubilla presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de la utilización indebida de su imagen. La institución aclara que el número telefónico señalado no corresponde a la agente fiscal y advierte sobre posibles intentos de estafa mediante la suplantación de identidad.
Asimismo, recomienda no realizar transferencias de dinero ante este tipo de solicitudes, no compartir información personal ni códigos de verificación y comprobar la autenticidad de los mensajes antes de responder.
El Ministerio Público insta a extremar las precauciones frente a posibles maniobras fraudulentas realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
El mecanismo internacional permitirá rastrear propiedades, bienes y activos que podrían estar relacionados con actividades ilícitas. La herramienta fue incorporada a la investigación del caso Ueno Bank, que ya involucra pedidos de cooperación a otros países. FOTO: ARCHIVO
Fiscalía utiliza por primera vez en Paraguay la notificación plateada de Interpol
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El Ministerio Público implementa por primera vez en Paraguay la notificación plateada de Interpol, una herramienta de cooperación internacional que permite identificar y localizar bienes, propiedades y activos que podrían estar vinculados con actividades delictivas. Su utilización representa un nuevo paso en las investigaciones patrimoniales que buscan seguir el recorrido del dinero más allá de las fronteras nacionales.
En Paraguay, la herramienta fue activada en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, con el propósito de ampliar las averiguaciones sobre el destino de los fondos y detectar eventuales activos fuera del territorio nacional. En ese contexto, la Fiscalía también solicitó cooperación a Luxemburgo para localizar y procurar el aseguramiento de posibles bienes vinculados con la causa.
La notificación plateada de Interpol fue activada por primera vez en Paraguay en el marco de la investigación de Ueno Bank. Foto: Archivo
Este mecanismo, incorporado por Interpol en 2025 como parte de un programa piloto, facilita el intercambio de información entre los países miembros para rastrear patrimonios que podrían tener origen ilícito o estar relacionados con investigaciones penales. Entre los bienes que pueden ser objeto de búsqueda figuran inmuebles, vehículos, cuentas y otros activos financieros.
Según explicaron, la notificación plateada no implica por sí misma el congelamiento o decomiso de los bienes, sino que facilita su identificación y ubicación para que las autoridades competentes puedan solicitar las medidas judiciales correspondientes.
Su aplicación abre una nueva vía de cooperación entre los sistemas de investigación de distintos países y fortalece las posibilidades de recuperar activos eventualmente relacionados con hechos punibles.
Ruta del dinero de Ueno: en los próximos días se tendrán informes internacionales
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Otra de las aristas que investiga el Ministerio Público es el destino del dinero que se encontraba en los fondos de Ueno Bank, desde los ahorristas como de las instituciones del Estado. En este sentido, el fiscal Francisco Cabrera explicó que se está trabajando sobre hipótesis y se están realizando diligencias para recabar esa información.
“Como parte de la investigación y que va a ser revisada en los próximos días, justamente es el detalle íntegro de la ruta del dinero desde el 2023, fecha de creación del banco y su evolución histórica, la forma en que fueron depositados, la forma en que fueron ejecutados, el destino que fueron aplicados y, finalmente, analizar cuál de esas conductas tiene alguna responsabilidad penal”, detalló en conferencia de prensa.
El agente fiscal señaló que, en el marco de su operatividad, no se descarta que varias de las transacciones o destinos de ese dinero se hayan dado de manera legal, pero también no se descarta que se haya realizado de otra manera.
“Claramente, en la numerosidad de las operaciones del banco, probablemente haya algunas que fueron regulares; hay ahorristas que quitaron créditos en forma correcta, y la aplicación de destino de esos fondos quizás no sea irregular. Entonces nos vamos a abocar a determinar y especificar cuáles fueron aquellas irregulares, y posteriormente también el destino y el uso que hicieron de esos fondos en las empresas donde fueron destinadas”, indicó.
Agregó que, como se señala en la imputación, “muchas de estas empresas también eran vinculadas al grupo; eso es objeto de investigación y ya se hicieron las diligencias con relación al destino de esos fondos, si fueron trasladados al exterior, y esperamos la respuesta en los próximos días”.
Ueno bolsas
Respecto a la otra empresa del grupo Vázquez, Ueno Bolsas, indicó que también existe una línea que será abordada en los próximos días, que “es otra parte del banco que todavía no está siendo descripto en la relación fáctica de los hechos atribuidos”.
En ese sentido, indicó que Joshua Abreu también será objeto de investigación, ya que era el director de ese departamento, de esa casa de bolsa de valores. “Se van a analizar los hechos y también las vinculaciones, porque producto de la recopilación de información es que se va detectando también operaciones vinculadas, del banco con las casas de bolsa. Entonces eso sí va a ser objeto de procesamiento y de pronunciamiento del Ministerio Público”, apuntó.