El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15.º Turno de la Capital, a cargo de la magistrada Rossana Frutos Olguín, a través del AI 994 del 26 de junio de 2025, otorgó la medida cautelar de urgencia y decretó la prohibición de innovar en relación al contrato de licencia de uso del software “IT Gestión Financiera” (ITGF) y todos sus anexos, celebrado entre itti y el banco Atlas S. A. en febrero de 2004.

En comunicación en “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el abogado de la empresa itti, Ricardo Preda, explicó que la jueza prohíbe que Atlas y terceros utilicen el core bancario sin autorización. “Se inició un proceso de arbitraje, aún no se confirmó el Tribunal”, dijo, estimando que el proceso arbitral podría durar un año como mínimo.

De acuerdo con Preda, si la entidad bancaria, actualmente en proceso de fusión con otra firma, incurriese en ceder la utilización del software, se trataría de un incumplimiento a una orden judicial.

“Acá no es solamente que banco ya no lo utilice tras la fusión, independientemente de que no lo utilicen aún, hay información y partes de los módulos del software que seguramente van a ser utilizados en ese proceso, aunque sea para migrar los datos a otro software. Pero esto es ajeno a otras infracciones ya cometidas por Atlas en cuanto al software”, sostuvo.

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El abogado aclaró que la medida cautelar no actúa como una suerte de bloqueo al proceso de fusión de las entidades bancarias involucradas, sino que precautela su utilización en el proceso de unificación de datos. Además, recordó que una vez que la fusión se concrete, el nuevo banco no podrá utilizar el software en cuestión.

“itti no está en contra de ninguna fusión, lo que quiere precautelar es que su derecho de autor no sea violado nuevamente a través de la utilización de su software por parte de otras personas a quienes no se ha licenciado en su momento y, aparte también, por el propio Atlas, que no podría utilizar este software una vez realizada la fusión”, afirmó.

Preda relató que se notificó al respecto al Banco Central del Paraguay (BCP) y al Banco Familiar, considerando los procesos de la fusión que podrían implicar una utilización del software no licenciada por la firma itti.

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El Juzgado de Pri­mera Instancia en lo Civil y Comercial del 15.º Turno de la Capital, a cargo de la Dra. Rossana Frutos Olguín, a través del AI 994 del 26 de junio de 2025, otorgó la medida cau­telar de urgencia y decretó la prohibición de innovar en relación al contrato de licen­cia de uso del software “IT Gestión Financiera” (ITGF) y todos sus anexos, celebrado entre itti y el banco Atlas SA en febrero de 2004.

En su parte resolutiva más importante destaca la pro­hibición expresa al citado banco “o la entidad que surja a partir de su fusión con banco Familiar SAECA, así como cualquier tercero ajeno al referido contrato (…), se abstengan de usar el men­cionado software al amparo de dicho contrato con pos­terioridad al perfecciona­miento del proceso de fusión en el que se encuentra, salvo expresa autorización de su titular de derechos, en base a lo expuesto en el exordio de la presente resolución”.

Esta decisión judicial echa un manto de duda sobre la fusión de Atlas y Familiar, ya que la columna vertebral del banco (el core bancario) no podrá ser utilizado, lo cual entor­pece sumamente y vuelve compleja la futura fusión.

Resta determinar las impli­cancias legales y regulato­rias a partir de esta medida cautelar, pues no están dadas las condiciones ope­rativas ni tecnológicas para que prospere la fusión entre ambos bancos. Esto está determinado porque el pri­mero se encuentra inmerso en un proceso judicial en virtud del cual un juez com­petente le impide que se uti­lice el software madre.

Ante esto, se volvería invia­ble que el Banco Central del Paraguay (BCP) autorice la fusión entre ambos bancos, ya que el requisito funda­mental (viabilidad opera­tiva-tecnológica) no puede ser cumplido.

Según la firma itti, el banco Atlas no cumplió con el con­trato firmado hace más de 20 años, introduciendo modifi­caciones que no contemplaba el vínculo acordado. La mala práctica de Atlas con res­pecto a los derechos de pro­piedad intelectual le sitúan hoy en una enredada coyun­tura que frena por ahora la posibilidad de que ambos bancos puedan fusionarse.

Itti es titular del software deno­minado “IT Gestión Finan­ciera” (ITGF), herramienta informática registrada ante la Dirección Nacional de Propie­dad Intelectual, y que fue objeto de una licencia de uso limitada, intransferible y exclusiva para uso interno del banco Atlas, sin posibilidad de cesión a terceros sin autorización expresa.

En la actualidad, Atlas se encuentra en proceso de fusión con otra entidad financiera de plaza –el banco Familiar SAECA– y que dicha situación podría implicar el acceso o uti­lización no autorizada del sof­tware por parte de una entidad ajena al contrato de licencia.

Banco Atlas tiene prohibido utilizar la solución informática de la firma itti por no poseer la licencia.

El proceso de fusión entre las entidades bancarias Atlas y Familiar corre serio riesgo, ya que el software IT Ges­tión Financiera (ITGF), de la compañía itti, no puede formar parte del patrimo­nio de la entidad fusionada. En la práctica, sin este core el banco Atlas no es operable, por lo que al ordenársele que no añada el software a su fusión lo que se producirá es que la entidad fusionada tam­poco será operable.

La decisión judicial deter­mina básicamente que el con­trato de licencia prohíbe que Atlas comparta el software en ningún formato.

Pese a que las irregularidades se detectaron en una revisión conjunta, la entidad bancaria no buscó el acuerdo de la pro­veedora de software. Según datos de la compañía tecno­lógica que provee el sotfware a la mayoría de las entida­des bancarias del país, Atlas ni siquiera avisó o notificó su intención de fusionarse, cuando que rige un contrato y el software pasaría a ser parte de la fusión. La medida judicial busca evitar que dicha fusión de los bancos se produzca el traslado apócrifo del software.

La empresa itti Saeca ratifica que la violación del contrato por parte del banco del grupo empresarial de la familia Zuc­colillo se registró en los últi­mos 4 años. Tras denunciar la irregularidad de la enti­dad bancaria en el uso del sof­tware de itti para sus opera­ciones, la firma de tecnología financiera empezó a recibir ataques mediáticos de dicho grupo, pese a que la postura en el conflicto judicial apuesta por una conciliación.

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.

Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.

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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.

Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.

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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.

Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.

“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.

Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.

Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.

Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .

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Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.

Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.

El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.

“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.

Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.

La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.

El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.

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El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.

Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.