Para la senadora Esperanza Martínez, la propuesta ciudadana sobre antinepotismo podría brindar una complementación de suma relevancia, al establecer sanciones más determinantes. Foto: Gentileza
Proyecto antinepotismo no puede obviar propuesta ciudadana, sostiene Esperanza
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La senadora Esperanza Martínez sostiene que los proyectos antinepotismo que serán analizados desde el Senado deberán incluir la propuesta ciudadana. El objetivo de la Cámara Alta es avanzar con una sola reglamentación, suficientemente abarcativa y que reúna cada falencia que se busca desterrar de la función pública.
“Si hay cuatro o 25 proyectos, quiere decir que todos tienen algo que aportar. Se deben tomar todas las ideas y de cada una se debe hacer algo mejor, algo más superador”, remarcó Martínez y animó a sus colegas a unificar proyectos.
Aparte de la versión aprobada en Diputados, existen otras propuestas de antinepotismo, entre ellas una presentada por los senadores Basilio Núñez y otra por Eduardo Nakayama. A estas se suma una elaborada por iniciativa popular, en la cual se contempla la figura de sanciones.
Para Martínez, la propuesta ciudadana podría brindar una complementación de suma relevancia, al tener en cuenta que la figura del nepotismo contará con sanciones más determinantes, ofreciendo de este modo reglas más claras en torno al ingreso y permanencia en la función pública.
La senadora subrayó que no se puede obviar o dejar de lado las propuestas ciudadanas, las preocupaciones que expresan y también los aportes brindados. Reafirmó así la importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil para avanzar de manera conjunta.
Martínez destacó la importancia de materializar el proyecto antinepotismo, pero hacerlo luego de absorber cada uno de los factores planteados en las diferentes propuestas presentadas.
Desde el Gobierno se ha instalado una línea de trabajo prioritaria sobre una ley antinepotismo con reglas más claras. A este compromiso se sumaría el proyecto sobre la carrera en la función pública, que ya cuenta con modificaciones pertinentes elaboradas por el propio Ejecutivo.
Diputados aprueba ley que establece pensión universal para personas con discapacidad severa
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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ley que establece pensión universal para personas con discapacidad severa.
El estudio en particular se dará en 60 días, ya que se conformará una mesa técnica para analizar alcances, financiamiento, impacto presupuestario y otros ajustes.
Al inicio de sus actividades, los legisladores trataron el proyecto de ley “Que modifica los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley Nº 7322/2024 - Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”.
El diputado colorado Roberto González es el impulsor de la iniciativa que plantea extender la pensión universal a las personas con discapacidad severa de cualquier edad.
Argumentó que este segmento enfrenta barreras físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que le impiden integrarse al mundo laboral y sostener una vida digna sin apoyo estatal.
“La Ley 7322/2024 nació con el espíritu de asegurar un ingreso mensual - equivalente al 25 % del salario mínimo - a personas vulnerables que, por su edad o condición, carecen de posibilidades de generar ingresos”, fundamenta el texto.
El proyectista sostuvo que, bajo esa misma lógica, corresponde incluir a personas con discapacidad severa, muchas de las cuales requieren de cuidados permanentes y costosos tratamientos médicos.
“Lo que vengo a plantear es que no se exija edad a una persona con discapacidad para que pueda cobrar el subsidio”, argumentó.
Añadió que, en el caso de la tercera edad, el elemento definitorio es la edad de 65 años, “por la ficción de que al llegar a los 65 declina la capacidad de producción”.
Recuerdan que ley de Caja Fiscal tendrá sanción automática en junio
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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sostuvo que desde la institución legislativa están abiertos a aplazar un poco más el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, previsto para el 25 de marzo, con el objetivo de seguir conversando con los diferentes gremios y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que puedan ser incluidas, ya que la sanción automática da un plazo hasta junio.
“No estamos cerrados a propuestas de postergar sine die (sin fecha), no significa que nosotros postergamos para que se trate el último día, sine die significa ponerse de acuerdo en mesa directiva o en plenaria y tratar la semana que viene, o se trata en abril, en mayo”, explicó el legislador en entrevista con la 780 AM.
Sin embargo, señaló que existe un plazo para concluir el circuito legislativo de este proyecto. “Nosotros tenemos un plazo, creo que en junio fenece el plazo, porque a partir de marzo terminado el receso, empieza también la cuenta regresiva para que no tenga sanción ficta”, mencionó el legislador
“DÉFICIT NO ESTÁ EN RECESO”
Núñez explicó que con la sanción ficta quedará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. “Adelanto, también, nosotros no vamos a jugar a la sanción ficta porque queremos que sea la versión Diputados, nosotros y previa a la sesión con diferentes sectores de senadores, de diferentes partidos, estuvimos en comunicación con los sectores, entonces ahora la idea es qué modificaciones se pueden incluir para que la ley sirva verdaderamente”, refirió.
Por otra parte, sostuvo que mientras más se dilate el tratamiento de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el Estado sigue perdiendo y el déficit en la Caja Fiscal sigue creciendo y se estima que, para este 2026, llegaría a unos USD 400 millones. “Nosotros estamos en receso, pero el déficit no está en receso, si uno hace una cuenta matemática y exactamente este año estamos perdiendo 10.000 millones guaraníes por día, bien hecho ese cálculo, 40 millones de dólares por mes, y más de 400 millones de dólares, 450 creo, en este año 2026 va a ser el saldo negativo, el saldo en rojo, el déficit, que vamos a tener este año”, concluyó el titular legislativo.
Proponen priorizar estudio de la Caja Parlamentaria
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, pide a sus colegas priorizar estudio de la Caja Parlamentaria
“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo el titular del Congreso.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, anunció que propondrá a sus colegas tratar primero la eliminación del aporte estatal a la Caja Parlamentaria antes que el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, cuyo estudio en el Senado quedó postergado para el 25 de marzo. “Para tener una empatía con la gente fui el primero que dijo: si nosotros vamos a tocar la Caja Fiscal donde de alguna forma se está poniendo 900 millones de dólares, vamos a empezar por casa”, señaló a la 1080 AM. El senador colorado afirmó que la Caja Parlamentaria maneja cinco millones de dólares y debe dar el ejemplo. “Y ahí nosotros propusimos eliminar el aporte estatal. Que diga en un articulado: ya no más, va a ser una especie de caja privada”, expresó.
ALGUNOS SE REHÚSAN
El titular del Senado reveló que muchos de sus colegas rehúsan analizar la modificación de la Caja Fiscal porque “no quieren tratar la Caja Parlamentaria”.
“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo. El congresista comentó que cuando se desempeñó como diputado ya le sacaban un 22 % de su dieta. “Y yo decía tengo que meter un poco de política. Yo le estoy pagando al papá de Kattya González, así como ellos pueden decir que están pagando a otro colorado. Yo quiero dejar de ser aportante VIP y no quiero ningún privilegio. Por eso dije vamos a eliminar definitivamente el aporte estatal”, significó. En este punto, el médico y político colorado anunció que propondrá a sus pares priorizar el tratamiento de la Caja Parlamentaria y luego la Fiscal. “Nosotros vamos a proponer tratar primero la Caja Parlamentaria y después la Caja Fiscal”, manifestó Nüñez.
Diputados aprueban iniciativa que baja a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina
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La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.
El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.
Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.
“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.
Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.
También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.
“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.
Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.
Buscan instalar una mesa de trabajo sobre uso de tecnología en las aulas
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El diputado José Rodríguez propone la instalación de una mesa de trabajo conjunta con senadores para analizar en comisión el proyecto de ley que prohíbeel uso de celulares en las instituciones educativas.
El legislador colorado es el impulsor de la citada propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y deberá ser analizada en el Senado.
Según el proyectista, la idea es lograr consensuar objetivos y lineamientos con un documento similar al que fue presentado por el Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias.
Se pretende establecer una instancia de diálogo y acompañar el tratamiento, conforme expuso en su presentación.
“La idea es proporcionar la información técnica y comparada necesaria a fin de garantizar una aprobación responsable, teniendo en cuenta la relevancia de esta normativa para la protección integral de niños, niñas y adolescentes”, indicó.
El parlamentario recordó que la iniciativa surgió como respuesta a una creciente preocupación por el uso indiscriminado y sin control de dispositivos electrónicos en el ámbito escolar, que impacta negativamente en el proceso de aprendizaje y en la salud emocional de los estudiantes.
“Nuestros niños tienen que volver a tener la educación de antes, en la que se enfocaba más en la lectura, la interacción, los juegos didácticos y el respeto a la tecnología. No me parece apropiado que los niños pierdan la concentración debido al uso excesivo de celulares”, subrayó.
Con base en la experiencia de otros países, como Brasil, el proyecto plantea una prohibición total del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales dentro de las instituciones educativas, aunque se establecen excepciones estrictamente reguladas.
El propósito es asegurar un entorno educativo seguro, saludable y enfocado en el desarrollo académico, social y emocional.