El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, indicó que desde el Gobierno nacional se está trabajando en el desarrollo de reglamentaciones que permitan un crecimiento sostenido y protegido para las criptominerías. “Vamos a presentar un proyecto de ley que criminalice el hurto de energía y aumente la pena sobre el delito. Lo que se pretende actualmente es perseguir todas las conexiones clandestinas y respetar los contratos vigentes, que brinda una tarifa diferenciada a las actividades legales”, explicó.
En esa línea, manifestó en el programa “Fuego Cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, que el Ministerio Público debería contar con un rol más activo en torno al control de las criptominerías. Si bien la Administración Nacional de Electricidad (Ande) ha firmado un convenio con el fiscal general del Estado, la Fiscalía debería ejercer un rol más preponderante.
Mayor desarrollo
“Al final del día, nadie pretende satanizar la actividad de la criptominería, sino que esté normada, con reglas claras y que contraten la potencia real, con inversiones en infraestructura”, puntualizó Bejarano, observando los procesos como los hechos que marcarán el factor diferencial para la economía.
El viceministro puntualizó que no se puede apuntar a la prohibición de la actividad de la criptominería, entendiendo que actualmente se encuentra en boga. Así, habló en su lugar sobre la posibilidad de brindar mayores controles y un marco regulatorio sobre las criptominerías.
“Esto es lo que el presidente Peña desea finalmente, para usar nuestra energía para el desarrollo. Entendemos que debemos tener la energía eléctrica de calidad, la infraestructura para recibir la inversión que ya va llegando al país, por lo que cada día proyectamos mucho mejor”, afirmó Bejarano.
Análisis y fortalecimiento
El viceministro de Minas y Energía remarcó que se debe trabajar en el fortalecimiento de la actividad, tomando en cuenta tanto pros como contras y también teniendo como una base sustancial, las experiencias internacionales, para trabajar sobre algunas falencias ejercidas en torno a la criptominería.
“Luego, ya como debate financiero, se debe ver si la criptomoneda se acepta o no, recordando que en algunos lugares se ha implementado y en otros no. Pero algo es categórico, no debemos perder la condición que hoy tenemos porque somos atractivos en la medida en que tenemos excedente de energía”, subrayó Bejarano.
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PGN 2027: economistas advierten fuerte aumento del gasto y necesidad de optimizar recursos
Tras el envío del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027 al Congreso por parte del Ejecutivo, el economista Cayo Cáceres advirtió sobre la necesidad de optimizar los recursos. Si bien el especialista anticipa un incremento significativo en las cifras, remarcó que el desafío central estará en la eficiencia del gasto para el próximo ejercicio.
“Nosotros empezamos el Presupuesto 2026 con 19.000 millones de dólares y este pretende 26.000 millones de dólares, es un incremento sumamente interesante. Eso es lo que se presupuesta, pero nosotros no tenemos que mirar solamente lo que se presupuesta, tenemos que ver el gasto, tenemos que mejorar el gasto”, señaló el exministro de Desarrollo Social en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN y Universo 970 AM.
Dijo que, según organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay un 4 % del producto interno bruto (PIB) como gasto innecesario y ese es un problema. “Son 2.400 millones de dólares de gastos innecesarios. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos algunas exenciones tributarias que le damos a las empresas, por ejemplo, ensambladoras de motos, juegos de azar y algunos negocios financieros en la bolsa, que son otros 950 millones de dólares. Solamente ahí tenés más de 3.000 millones de dólares que podés redestinar hacia otro lado”, manifestó.
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Tipo de cambio
“Si uno toma en guaraníes para hacer la comparación ve que hay cerca de 12 % de aumento en el presupuesto. El ajuste por el dólar más bien tendería a modificar los índices del servicio de la deuda, sirve también como ajuste en la recaudación para lograr el déficit proyectado. Y en el camino van sucediendo muchas cosas como sucedió este año”, puntualizó el economista Rodrigo Ibarrola, quien también participó como invitado del programa, acerca de la incidencia del cambio del dólar en el plan de gastos.
El experto afirmó que varias cosas le llaman la atención, entre ellas lo referente al gasto de la administración que “sube mucho más que la recaudación proyectada”. Advirtió que “sube más del doble, porque pensamos gastar casi 20 % más y vamos a recaudar cerca del 8 % más. Entonces es el doble, verdad. Y obviamente eso se va calzando con deuda”.
“Otra cosa que me llama la atención es el tipo de cambio utilizado que no transpola mucho la tendencia que estamos viviendo con el dólar. Ahora estamos con un dólar a la baja todavía en una pendiente un poco menor que la del año pasado, pero se proyecta un dólar mayor”, dijo Ibarrola. “O sea que de alguna medida el gobierno en sus proyecciones está viendo que el dólar se va a normalizar y va a volver a obtener una tendencia positiva como siempre fue”, añadió.
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Buscan acelerar incentivos para médicos subespecialistas del sector público
El diputado colorado Arturo Urbieta destacó la importancia del proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad en el Sistema de Salud Pública”, en un contexto de reclamos planteados por médicos del sistema público.
La iniciativa adquiere especial relevancia tras la huelga nacional de médicos y la presentación de renuncias de profesionales de distintas especialidades. Los reclamos del sector incluyen mejores condiciones laborales, reajustes salariales, desprecarización y nombramientos.
En este escenario, el diputado Urbieta manifestó su preocupación por la situación y urgió el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones asesoras de la Cámara Baja, con miras a la emisión de los respectivos dictámenes y su posterior consideración en sesión plenaria.
La iniciativa impulsada por el legislador Urbieta se halla en etapa de análisis en las comisiones Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y Reestructuración y Modernización del Estado. Una vez dictaminado será puesto a consideración del plenario de la Cámara de Diputados.
Programa de incentivos
La propuesta tiene por objeto establecer un régimen laboral y financiero especial mediante la creación del “Programa de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad”. La finalidad es atraer y retener a estos profesionales, promover su formación continua y garantizar su permanencia en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Según la exposición de motivos, la formación de un médico subespecialista puede demandar entre 12 y 15 años, considerando la carrera de Medicina, una especialidad básica y la posterior capacitación en áreas de alta complejidad.
El documento señala que, al incorporarse al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o al Instituto de Previsión Social, estos profesionales encuentran las mismas condiciones laborales y salariales que un médico general o un especialista de primer nivel.
Las disposiciones alcanzarían a médicos con subespecialidad debidamente acreditada que presten servicios en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El proyecto define como médico con subespecialidad al profesional que cuente con el título de médico cirujano y una especialidad médica básica, haya completado un programa formal de formación en una subespecialidad, posea la certificación correspondiente del Círculo Paraguayo de Médicos y mantenga actualizado su registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública.
El programa se sustentaría en un régimen especial de becas y remuneración complementaria. Para ello, plantea la creación del “Fondo de Actualización Científica para Subespecialidades”, que sería administrado por el Ministerio de Salud Pública y permitiría otorgar permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días anuales para participar en congresos, seminarios, pasantías o rotaciones internacionales relacionadas con la subespecialidad.
El fondo también podría financiar total o parcialmente pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales en representación del Estado, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La iniciativa contempla una bonificación permanente por subespecialidad equivalente a un salario mínimo mensual, que sería aplicable a un solo cargo cuando el profesional mantenga más de un vínculo laboral y se percibiría independientemente de otros incentivos otorgados al personal de salud del sector público.
Para acceder, los médicos deberán contar con la certificación o recertificación de su subespecialidad y poseer un registro profesional vigente como subespecialistas, otorgado por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria deberá mantener actualizada la nómina de profesionales que reúnan estas condiciones.
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Proponen fortalecer la memoria histórica de Acosta Ñu y las Campañas Cordilleras
Buscando convertir a Acosta Ñu y la Campaña de las Cordilleras en ejes prioritarios de preservación, investigación y divulgación de la memoria histórica nacional presentaron un proyecto de Ley que plantea fortalecer la protección patrimonial del sitio, promover su enseñanza y desarrollar herramientas de turismo educativo, con visitas guiadas, investigaciones de campo y materiales audiovisuales sustentados en fuentes verificables.
Por iniciativa del diputado colorado, Saúl González, el proyecto legislativo contempla la creación de un Comité Histórico ad honorem para acompañar las acciones académicas y culturales. El enfoque incorpora, además de los hechos militares, sus profundas consecuencias sociales, territoriales y demográficas. El documento fue derivado a las respectivas comisiones asesoras para su correspondiente estudio y dictamen.
La propuesta normativa reconoce el derecho de la sociedad al conocimiento de la verdad histórica y a la preservación de la memoria colectiva sobre la Campaña de las Cordilleras y los hechos de Acosta Ñu.
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Por ello, el congresista busca establecer una política permanente de investigación, preservación y divulgación de la memoria histórica vinculada con la Campaña de las Cordilleras y, particularmente, con los acontecimientos de Acosta Ñu, ocurridos el 16 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza.
Valorización cultural
Según exposición de motivos, el Estado paraguayo ya reconoce la relevancia histórica, cultural, patrimonial y educativa de estos acontecimientos. No obstante, se pretende sistematizar, profundizar y articular instrumentos jurídicos e institucionales existentes, sin sustituir competencias de instituciones públicas.
El proyecto plantea reconocer el 16 de agosto y el sitio histórico de Acosta Ñu como ejes prioritarios de memoria histórica, educativa y de valorización cultural, sin modificar el régimen conmemorativo del Día del Niño del Paraguay, establecido por el Decreto Nº 27484 de 1948.
Asimismo, recuerda que el área correspondiente al campo de batalla de Acosta Ñu, en Eusebio Ayala, ya fue declarada Patrimonio Natural, Cultural y Arqueológico mediante la Resolución SNC Nº 157/2017, en el marco de la Ley Nº 5621/2016, “De protección del patrimonio cultural”.
La propuesta plantea complementar la protección vigente con acciones de investigación histórica y documental, digitalización de fuentes, elaboración de mapas históricos, señalización interpretativa, recursos educativos y divulgación audiovisual.
“El estudio de la Campaña de las Cordilleras debe contemplar no solo los enfrentamientos militares, sino también sus consecuencias sociales, territoriales y demográficas, incluyendo los desplazamientos de población y la destrucción de comunidades. Propongo incorporar a Acosta Ñu y la Campaña de las Cordilleras como ejes prioritarios de las herramientas de turismo educativo previstas en la Ley Nº 6755/2021″, explicó el legislador.
Turismo educativo
Para ello, la normativa contempla visitas guiadas, investigaciones de campo y proyectos escolares vinculados con el sitio histórico y se plantea la producción de materiales audiovisuales sustentados en fuentes verificables e investigaciones académicas, con fines educativos, culturales y de divulgación pública.
Finalmente, el diputado González insta a crear un Comité Histórico ad honorem, de carácter consultivo, técnico y académico, integrado por especialistas nacionales y, cuando corresponda, extranjeros. “Este organismo no sustituiría las competencias de las instituciones públicas ni generaría cargos remunerados”, enfatizó.
El proyecto establece mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría Nacional de Cultura y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, así como la posibilidad de suscribir convenios con universidades, archivos, museos y otras instituciones.
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Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
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