La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) celebró la imputación de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros siete funcionarios de la previsional.

Durante una conferencia de prensa realizada, el vicepresidente de la UNJP, Lic. Elvio Brun Ayala, pidió que esta imputación de las autoridades llegue hasta el final, y las mismas sean condenadas y que devuelvan hasta el último guaraní que han robado.

“Como jubilados nos sentimos orgullosos, somos protagonistas principales, porque fuimos los primeros en hacer la denuncia. Hace cinco años venimos denunciando. No solo dinero se han robado del IPS, sino se robaron la tranquilidad de la familia por falta de medicamentos. Por eso pedimos que esta imputación llegue hasta el final y que los responsables devuelvan lo robado”, sostuvo.

Brun señaló estar conforme juntos con los demás jubilados por una parte, porque el actual presidente de la entidad previsional apoyó la denuncia del sector.

El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas. Brítez obtuvo libertad ambulatoria, mientras continúa el proceso. El ex presidente del IPS accedió a la fianza de G. 1.000 millones.

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Los otro cuatro funcionarios accedieron también a la libertad ambulatoria. Ellos son: la exasesora jurídica Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Coronel; el exgerente de Abastecimiento, Hugo Aranda; y el exdirector de Contrataciones, Juan Manuel Villar.

Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.

Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.

El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.

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El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.

“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.

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El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.

Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.

Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.

Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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“Ni le conozco a este muchacho, ni a los jueces y fiscales de sus causas judiciales. No debería preocuparse por mí, sino por sus aliados”, indicó el segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario, Pedro Alliana, con relación a las acusaciones de “persecución política” que manifiesta el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, a puertas de dos juicios por corrupción.

“Sus propios exfuncionarios fueron los que le entregaron, aceptaron los hechos, que sí se robó, en una época tan difícil como fue la pandemia. Es candidato a presidente de la República y si hace denuncias que lo haga de manera responsable, con pruebas, y no justificar 46 denuncias por hechos de corrupción como una persecución política”, indicó Alliana, este jueves, a la 1020 AM.

El dirigente opositor enfrentará el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en la causa conocida como Tía Chela por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia. El Ministerio Público refiere que en la gestión de Prieto se concretó un perjuicio patrimonial de más de G. 2.500 millones a la comuna esteña.

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Días atrás también se confirmó que enfrentará un juicio oral y público en la causa conocida como Tajy, en la que la Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de dicha empresa, sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.

El órgano extrapoder refiere que se ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500. En esta causa, Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, exencargada de órdenes de pago, admitieron el montaje de un esquema de compra simulada mediante licitaciones por vía de la excepción.

Sin embargo, Prieto refiere que el avance de estas causas obedece a una persecución política con la finalidad de sacarlo de la carrera presidencial en el 2028. “No le tengo miedo a Prieto (de enfrentarle en las urnas) y no entraré en su juego, si le voy a ganar será en la cancha, pero él debe rendir cuentas. Ya me enfrenté en elecciones con candidatos de fuste y él es un líder distrital”, sentenció Alliana.

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El abogado Jorge Arturo Daniel confirmó que ejercerá la defensa del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, imputado por supuesta lesión de confianza. Dijo que el médico se encuentra participando de un curso en Italia, pero que retornará al país con el primer vuelo disponible a fin de ponerse a disposición de la Justicia.

“Ayer hablé con él, me dijo que está fuera del país, en un curso. Pero se acaba el curso y vuelve a Paraguay. Entonces, por la diferencia horaria con Europa, sabía que iba a ser un problema eso, de todas maneras él por su lado y nosotros acá estuvimos viendo las alternativas de pasaje para volver de forma inmediata al país”, señaló a la 1000 AM.

Explicó que por el verano europeo hay una alta demanda en los pasajes aéreos, pero Bataglia tomará el primer vuelo disponible para retornar y presentarse ante el juez Penal de Garantías.

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El abogado expresó que mientras retorna su cliente, su estudio jurídico se abocará a la preparación de la documentación que será presentada ante el juez Penal de Garantías durante la audiencia de imposición de medidas cautelares.

“Nos estamos preparando desde mi estudio jurídico para esa coyuntura”, puntualizó.

El fiscal Julio Ortiz imputó y pidió la prisión preventiva para Vicente Bataglia y Jorge Brítez, expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), y otras siete personas, por una supuesta lesión de confianza con las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio para la institución de G. 61.000 millones.

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