CSJ no da lugar a pedido de suspender designación de Pucheta en el Consejo
Compartir en redes
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no dar lugar al pedido presentado por Enrique Kronawetter, para suspender los efectos de la designación de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. La máxima instancia judicial considera que los promotores de la acción no pudieron demostrar cuál era el “perjuicio irreparable” de esta designación.
“La Sala Constitucional resuelve no hacer lugar a la suspensión de efectos, solicitada por Alfredo Enrique Kronawetter y Calor César Trapani por sus propios derechos bajo el patrocinio de los abogados Luis Lezcano Claude y Jorge Rolón Luna del decreto N.° 714 por el cual se nombran representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura”, dice el auto interlocutorio de la Corte.
Kronawetter, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo, presentó esta acción ante la CSJ apuntando a dejar sin efecto la designación realizada por el presidente Santiago Peña, quien postuló a la doctora Alicia Pucheta para ocupar dicho lugar. El exmiembro del Consejo alegó que su permanencia en el órgano debía extenderse hasta el 2026.
Corte no dio lugar al pedido de Enrique Kronawetter. Foto: Archivo
“Haciendo un análisis de lo expresado en el escrito presentado, los accionistas ni alegaron ni demostraron concretamente el perjuicio irreparable. En efecto la sola mención de forma genérica de la existencia de un perjuicio o gravamen no es equiparable al gravamen ‘irreparable’ previsto por la norma”, refiere la resolución.
La argumentación de Kronawetter para permanecer en el cargo se sustentaba en que al ser designado por el entonces presidente Mario Abdo en en el 2023 para representar al Ejecutivo, su mandato se extendería hasta el 2026, cumpliendo así los tres años de duración en el cargo. No obstante, él solo estaba ocupando la vacancia generada por la designada original del expresidente, Mónica Seifart, nombrada en el 2020, por lo que su periodo feneció en octubre del 2023.
Más de 41.000 abogados elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura
Compartir en redes
Más de 41.000 abogados se encuentran habilitados para elegir el próximo sábado 28 de noviembre a sus nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), quienes asumirán sus funciones durante el periodo 2026-2029. A la vez, desde mañana lunes 2 de noviembre, serán instaladas en los Palacios de Justicia y otros lugares estratégicos del país las máquinas de votación con la finalidad de que los abogados puedan familiarizarse con el sistema
La iniciativa forma parte de un programa de orientación impulsado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) rumbo a los comicios. Los profesionales tendrán la posibilidad de realizar ensayos presenciales con las máquinas y recibir instrucciones de técnicos electorales sobre el procedimiento, el manejo de los equipos y la correcta utilización de las papeletas. Los dispositivos estarán disponibles tanto en la sede judicial de Asunción como en las distintas circunscripciones del territorio nacional.
Quienes prefieran prepararse a distancia también podrán recurrir a una plataforma digital habilitada por la Justicia Electoral, a través de la dirección https://simuladoroficial.tsje.gov.py. Tanto las prácticas presenciales como las virtuales buscan evitar inconvenientes y garantizar que los electores conozcan el mecanismo antes de acudir a las urnas.
El TSJE oficializó cuatro listas: La Lista A, Renovación Gremial, propone a Enrique Javier Berni Brítez y Nilsa Cáceres de Hernández como titulares. La Lista B, Gremio Unido y Solidario, lleva a Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola y José Antonio Valenzuela Pavón. La Lista J, Es Nuestro Momento, presenta a Jorge Luis Bogarín Alfonso y Rolando Milciades Aquino Navarro; y la Lista S, Unidad Gremial, postula a Juan Migdonio Sosa Bareiro y Nidia Ignasia Silvero de Prieto. Cada agrupación cuenta también con dos candidatos suplentes.
El Poder Judicial busca reconocer iniciativas que contribuyan a mejorar la atención a la ciudadanía, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso a la Justicia. Foto: Archivo
Concurso de Buenas Prácticas Judiciales amplía plazo de postulación hasta este lunes
Compartir en redes
La Corte Suprema de Justicia informó que el plazo para presentar postulaciones al Concurso de Buenas Prácticas Judiciales 2026 se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, con el propósito de dar más oportunidades a los despachos y dependencias del Poder Judicial interesados en participar de esta iniciativa.
El certamen apunta a distinguir las experiencias que contribuyen a mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía, mediante propuestas innovadoras, soluciones creativas y acciones que reflejen el compromiso de magistrados y funcionarios con una administración de justicia más eficiente y accesible.
La convocatoria busca poner en valor el trabajo de las áreas jurisdiccionales y administrativas que impulsan mejoras en la atención a los usuarios, la transparencia, la integridad, el acceso a la información y la participación ciudadana, en consonancia con las políticas de Buen Gobierno Judicial.
Podrán participar tribunales, juzgados, direcciones, oficinas y otras dependencias de las distintas circunscripciones judiciales. La invitación también alcanza al área registral, correspondiente al Registro Unificado Nacional (RUN), además de los sectores administrativo y jurisdiccional.
Los protagonistas de la edición 2025 fueron despachos y dependencias judiciales que presentaron experiencias innovadoras para mejorar la calidad del servicio. Foto: Gentileza
Criterios de evaluación
Las propuestas serán analizadas a partir de una serie de categorías y criterios establecidos sobre la base de la Guía de Espacios Amigables. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la innovación, la sostenibilidad, la receptividad y la viabilidad de las iniciativas, así como su aporte a la calidad del servicio judicial.
Una vez cerrado el periodo de recepción de candidaturas, comenzará la etapa de evaluación de las experiencias presentadas, que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026.
La entrega de reconocimientos está prevista para el miércoles 9 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional contra la Corrupción. La fecha busca destacar también la importancia de las buenas prácticas institucionales para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana.
Los interesados pueden consultar las bases y condiciones del concurso en www.pj.gov.py/buenaspracticas. Para obtener más información o realizar consultas, están habilitados el teléfono (021) 480-016, internos 2046 y 3838, y el correo electrónico buenaspracticas@pj.gov.py.
La delegación internacional inició una visita oficial al país para dialogar con autoridades de los distintos poderes del Estado sobre la prevención de la tortura y la protección de las personas privadas de libertad. Foto: Gentileza
Corte Suprema y ONU abordan la prevención de la tortura en Paraguay
Compartir en redes
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este viernes que ministros de la máxima instancia judicial se reunieron con una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), en el marco de la visita oficial que el organismo internacional desarrolla en Paraguay del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2026.
El encuentro formó parte de una serie de reuniones con representantes de los distintos poderes del Estado, orientadas a fortalecer el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la prevención de la tortura y las condiciones de las personas privadas de libertad.
Las autoridades judiciales recordaron que el Subcomité de la ONU es un órgano integrado por 25 expertos independientes, creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), vigente desde 2006 y aprobado por Paraguay mediante la Ley N.º 2754/2005.
la visita a establecimientos donde permanecen personas privadas de libertad
la elaboración de recomendaciones para los Estados
la asistencia a los mecanismos nacionales encargados de prevenir la tortura
la cooperación con otras instituciones que trabajan en esta área.
Las actuaciones del organismo se rigen por los principios de confidencialidad, imparcialidad y cooperación con los Estados, con un enfoque preventivo destinado a contribuir a la protección de los derechos fundamentales.
Esta es la tercera visita oficial del Subcomité a Paraguay. Las anteriores se realizaron en marzo de 2009, con una visita periódica, y en septiembre de 2010, durante una misión de seguimiento.
Protagonistas
La reunión contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y la ministra Carolina Llanes, integrantes de la Sala Penal.
Por la máxima instancia judicial también estuvieron presentes la directora de Derechos Humanos, Nury Montiel, y la coordinadora del Área de Sistemas Internacionales de Protección, Marian Mujica.
La delegación internacional estuvo compuesta por:
Marco Fabricio Feoli Villalobos, de Costa Rica
Marie Sorensen Brasholt, de Dinamarca
María del Carmen Comas-Mata Mira, de España
Juan Pablo Vegas Torres, de Perú
Claudia De La Fuente Barreda, secretaria del SPT
y Virginia Vasiliou Thompson, oficial asociada de Derechos Humanos.
La actividad se realizó de manera virtual en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, durante un foro organizado por la Seprelad con especialistas del ámbito judicial, fiscal y financiero. Foto: Pexels
Criptoactivos y lavado de activos plantean nuevos desafíos a las investigaciones financieras
Compartir en redes
El rastreo de las operaciones con criptomonedas, la identificación de sus titulares y la determinación del origen de los fondos son algunos de los desafíos que enfrentan las investigaciones por lavado de activos en la era digital. Estos temas fueron abordados este jueves por el juez penal de sentencia especializado en Delitos Económicos y Corrupción, Matías Garcete, durante el Foro Nacional de Prevención del Lavado de Activos.
La exposición, titulada “Criptoactivos, trazabilidad blockchain y su uso en investigaciones penales y financieras”, se centró en las herramientas y los criterios que permiten analizar las transacciones con activos digitales y determinar si existen indicios de actividades ilícitas.
El encuentro fue organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y se desarrolló hoy de manera telemática, en coincidencia con el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. La convocatoria se realizó bajo el lema “El lavado de activos nos afecta a todos”.
El juez especializado en Delitos Económicos y Corrupción, Matías Garcete, explicó cómo funciona la trazabilidad de las operaciones con criptomonedas y los desafíos para identificar a las personas involucradas en posibles hechos de lavado de activos. Foto: Gentileza
Rastrear el dinero digital
Durante su presentación, Garcete señaló que los criptoactivos forman parte de la transformación digital de la economía, que abre nuevas posibilidades para las operaciones financieras, pero también genera riesgos que deben ser considerados por los organismos de control y el sistema de justicia.
“Estamos en una era digital que mejora el sistema económico, pero nos da una sociedad de riesgo”, expresó el magistrado al referirse a los desafíos que implica el uso de estas herramientas en las investigaciones penales.
Los criptoactivos son representaciones digitales de valor que utilizan técnicas criptográficas para operar. Entre ellos se encuentra el bitcoin, una de las criptomonedas más conocidas, que permite transferir e intercambiar valor sin recurrir necesariamente a los mecanismos tradicionales del sistema financiero.
Garcete aclaró que utilizar criptomonedas no constituye, por sí mismo, un delito. Para determinar si una operación está vinculada con el lavado de activos, es necesario examinar las circunstancias de cada caso, establecer de dónde provienen los fondos y reconstruir los movimientos realizados después de su obtención.
En este proceso, la trazabilidad de las transacciones y el análisis de la información disponible resultan fundamentales. El objetivo es reconstruir el recorrido de los activos y establecer posibles conexiones entre las operaciones, los recursos investigados y las personas que podrían estar involucradas.
Uno de los principales obstáculos, según explicó Garcete, consiste precisamente en identificar a los responsables de las transacciones. Aunque la tecnología blockchain permite registrar y seguir movimientos de activos digitales, relacionar esas operaciones con personas concretas puede requerir otras diligencias investigativas y el análisis de información complementaria.
Criptomonedas, cantidad y su valor
Otro aspecto destacado durante la exposición fue la necesidad de diferenciar la cantidad de criptoactivos de su cotización en el mercado.
El magistrado explicó que un saldo determinado de bitcoins no representa necesariamente un valor fijo en dólares, debido a que su precio puede variar de manera significativa. Por esa razón, las investigaciones financieras deben precisar qué criterio de valoración se utiliza y a qué momento corresponde el cálculo.
Esta distinción adquiere relevancia cuando se busca determinar el monto de una operación investigada, estimar el patrimonio relacionado con un posible delito o establecer cuánto dinero podría recuperarse mediante medidas de recuperación de activos.
En ese sentido, una estimación basada en la cotización histórica de una criptomoneda no equivale necesariamente a su valor actual ni al monto que efectivamente podría recuperarse. Son cálculos diferentes que deben analizarse según el objetivo de la investigación.
El foro también contó con las presentaciones de:
Rocío Cañas, asistente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)
Christian Benítez, agente fiscal
María del Carmen Benítez, directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
y Julio Bogado, director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad.