El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis María Benítez Riera recordando que, por ley, los bienes de la institución son inembargables y facilitando además las garantías reglamentarias con las que cuenta la previsional en torno a sus recursos.
“Solicito respetuosamente instruir una auditoría en virtud al informe de la Contraloría General de la República (CGR), en el cual se aprecia la existencia de embargos por valor de G. 59.889.103.102, en contravención a la ley 1.493/2000 y la ley 5.655/2016”, expresa parte de la nota, a través de la cual Brítez hace hincapié en la rectificación del embargo, teniendo en cuenta la protección legal sobre las rentas de la previsional.
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La ley 1.493/2000, en su artículo 716, establece que no se trabará nunca embargo sobre bienes y rentas del Estado, de las entidades autárquicas o autónomas; tampoco se contemplará dicha decisión sobre los departamentos o municipalidades. En cuanto a la ley 5.655/2016, en su artículo 5, expresa que todos los bienes, sean registrables o no; rentas, depósitos y colocaciones en el sistema financiero nacional, de recursos de los Fondos Administrados por el IPS, son inembargables en todos los fueros y en cualquier instancia.
Los embargos ordenados responden a un informe elaborado sobre los resultados del análisis técnico - contable de las cuentas activas y pasivas del IPS, correspondiente a los años 2022 y 2022. Al respecto, se determinó como recomendación de gestiones a encarar, la disposición de embargos millonarios, cuando se ha establecido la imposibilidad de trabar dicha figura sobre los bienes del IPS, los cuales se encuentran completamente asegurados.
Al respecto, Brítez remarcó la necesidad de disponer una acordada, para instar a los magistrados a no ordenar medidas cautelares en contra del IPS, de acuerdo a las medidas citadas. Esto, sobre todo, recordando la reglamentación que resguarda y garantiza los bienes de la previsional, la cual impide así todo embargo que pueda disponerse sobre la institución.
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Carlos Pereira podría ser interventor de Asunción
Con la aprobación del pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción, el Poder Ejecutivo debe designar al interventor que llevará adelante el trabajo de fiscalización que durará 90 días. Para este trabajo, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo la propuesta al exministro y doctor en ciencias contables Carlos Alberto Pereira Olmedo, según reveló el actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).
Pereira, que fue recibido por el mandatario y le entregó un ejemplar de su nuevo libro “El camino hacia la libertad financiera”; confirmó que solicitó tiempo hasta el próximo lunes para evaluar la situación y dar una respuesta de si acepta. El expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empresas indicó que será un trabajo muy delicado, por lo que analizará previamente para dar una respuesta.
“Me ofreció el presidente ayer (miércoles), entonces yo que soy muy serio y muy responsable de mis decisiones me tomó muy de sorpresa. Siempre que sea técnico estrictamente, y no haya incidencia de ningún tipo, ni siquiera de insinuaciones políticas podría considerarlo, pero le pedí, con mucho respeto que me dé unos días, hasta el lunes para pensar”, dijo Pereira en entrevista a la 1020 AM.
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Brasil: corte suprema retoma juicio sobre regulación de redes sociales
- Brasilia, Brasil. AFP.
La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
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“Nada que ver con censura”
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.
El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.
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Acelerar la regulación
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.
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LN PM: edición del 4 de junio
Senado recusó a integrantes de sala constitucional por caso Kattya
La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.
En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.
Policía sostiene (por ahora) que menor habría actuado solo y resguarda a los padres
Para la Policía Nacional, todo apunta a que el joven menor de edad sería el único autor material del macabro asesinato de María Fernanda Benítez. Si bien los padres también están siendo investigados, estos ahora se encuentran bajo resguardo de las autoridades.
El jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario César Silguero, se refirió al avance de la investigación en torno al crimen de María Fernanda Benítez, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana. Reiteró que, hasta el momento, el joven es el único vinculado de manera material al asesinato, y que no se identificó la participación de otras personas, incluidos los padres del imputado.
Así quedaría el nuevo salario mínimo con el descuento de IPS
El dato utilizado para el reajuste del sueldo mínimo ya fue comunicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y los siguientes pasos serán cuestión de trámite. El salario aumentará G. 100.700 guaraníes desde el 1 de julio.
La banca matriz informó que la inflación del último mes fue del cero por ciento, con lo cual, la interanual es del 3,6 %, lo que equivale al G. 100.739. Con estas variables, el salario que hoy es de G. 2.798.309 pasará a G. 2.899.048, lo que, redondeando llega a G. 2.900.000. El jornal mínimo, que hoy es de G. 107.627, tendrá una diferencia de G. 3.874 con el 3,6 % de inflación, lo que significa que pasará a valer G. 111.501.
Precio de la carne aumentó 5 % en mayo, mientras que el huevo bajó 18,5 %
La carne tuvo un aumento de precio en general del 5 % en mayo pasado, según el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central del Paraguay (BCP). Los cortes con más del 9 % de aumento fueron la costilla, la falda y el puchero de segunda. En contrapartida, alimentos como el huevo, las hortalizas y las frutas frescas tuvieron bajas del 18,5 %, 9,9 % y 3,6 %, respectivamente.
El último reporte de inflación de la banca matriz registró un 0 % de inflación en mayo, porcentaje que fue compensado por bajas principalmente de productos frutihortícolas y combustibles. No obstante, dentro de la categoría alimentos, la carne vacuna fue uno de los rubros con mayor variación, en torno a un 5 % con respecto a abril.
Paraguay tiene dotación completa
La selección paraguaya mayor activó ayer martes por primera vez con plantel completo de 27 jugadores convocados. El punto de inicio de la práctica estuvo en el gimnasio principal del Carde de Ypané, luego la actividad pasó al campo con una activación coordinativa, seguida de juegos de 4 vs. 2 y finalmente se centró en aspectos tácticos y de preparación específica.
El entrenador Gustavo Alfaro tiene la última palabra y este miércoles volverá a probar algunas fórmulas para ajustar los últimos detalles y confirmar plenamente el equipo que jugará este jueves ante Uruguay en el Defensores del Chaco (20:00), por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026.
Marset reacciona al verse acorralado, afirma ministro de la Senad
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalid Rachid, sostuvo que la presunta carta emitida por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en que amenazó a las autoridades paraguayas, es un reacción al verse acorralado por las recientes acciones de la Justicia local, así como de Estados Unidos. El comunicado fue difundido ayer por una radio uruguaya.
“Esto obviamente es una reacción a todo lo que le está ocurriendo, en primer término, la esposa extraditada a Paraguay, inmediatamente la recompensa de los 2 millones de dólares del gobierno americano sobre él, después el propio Fiscal General del Estado casi afirma que tendría vinculación como autor moral en el caso de Marcelo Pecci. Es una serie de situaciones que recaen sobre él, y él reacciona y dice ‘esto no es así por tal motivo’”, dijo el ministro.
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EE. UU.: Corte Suprema revoca la protección legal de 500.000 migrantes
- Washington, Estados Unidos. AFP.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes pasado al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole. La decisión del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
En marzo el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países. En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que pasaran por una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados.
En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema levantar una orden de una jueza de Boston, Indira Talwani, que impidió en abril revocar el estatus legal de los migrantes de estos cuatro países. El máximo tribunal concedió al gobierno esta solicitud.
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“Consecuencias devastadoras”
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackon y Sonia Sotomayor disintieron. Advierten de las “consecuencias devastadoras” de poner en peligro “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes”, según el documento.
“El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación”, escribieron.
Los migrantes “se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen”, sufrir una “separación familiar” y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso, escribieron.
“Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (...) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, insisten las magistradas.
En su fallo la jueza de Boston afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
En un comunicado el Departamento de Seguridad Interior advirtió que el fallo le permite “empezar de nuevo a expulsar a extranjeros ilegales”.
Trump se enfrenta a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la ha criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante.
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Otros casos
Hace unos días el máximo tribunal suspendió temporalmente una orden emitida por un juez que protegía a unos 350.000 venezolanos de ser expulsados de Estados Unidos.
En este caso se trata de la revocatoria de la extensión del Estatus de protección temporal (TPS) que da cobertura legal a cientos de miles de ciudadanos de Venezuela e impide que se les pueda expulsar y pierdan su trabajo.
Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.
La Corte Suprema intervino en abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798.
Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global por Washington.
La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en Texas (sur) y en mayo los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
Pero la administración no se da por vencida y ha vuelto a recurrir a la corte, esta vez para que facilite la expulsión de migrantes a Sudán del Sur o a países de donde no son originarios. El gobierno estadounidense asegura que envió a Sudán del Sur, un país en guerra y objeto de una advertencia de viaje del Departamento de Estado, a ocho migrantes condenados por delitos violentos, ya que sus países de origen se negaron a acogerlos. Entre ellos figuran dos cubanos y un mexicano.