La lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe es una prioridad, entre otras cosas porque frena el crecimiento económico, advirtió este lunes el Banco Mundial.

La organización lo considera “uno de los problemas más urgentes de la región”, cuya economía debe crecer 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026, lo que la posiciona como la zona de menor crecimiento a nivel mundial.

Durante mucho tiempo América Latina y el Caribe “ha cojeado por un crecimiento económico anual mediocre, baja productividad”, pobreza y altos niveles de desigualdad y “permanecerá atrapada en este pobre equilibrio” hasta que frene el crimen organizado y la violencia que trae consigo, se lee en un informe.

Las tasas de homicidio en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe “superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo”, destaca.

Aunque la población de la región representa aproximadamente el 9 % del total mundial “registra un tercio del total de los homicidios” y la brecha se ha ampliado pasando de una tasa promedio 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1) en la primera década de este siglo a una 8 veces mayor (23,9 frente a 3,0)" en la segunda, señala.

Los índices promedio de homicidio en el periodo 2018-2022 varían desde 38 por cada 100.000 habitantes en Honduras hasta 5 en Argentina y 4 en Bolivia.

Durante los últimos años la situación ha mejorado en países como El Salvador y Venezuela y se ha agravado en otros como Ecuador y Haití, añade.

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A medio y largo plazo el informe recomienda mejorar los sistemas educativos y mercados laborales pero a corto plazo aboga por “priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia”. También la prevención dirigida a “jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales”.

No es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región, afirma el BM, pero algunos factores contribuyen.

La organización cita la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes en la década de 2010, la reorganización de los grupos debido a las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armas, la diversificación de sus negocios y la alta tecnología.

La pandemia del covid-19 también ha influido. En Colombia y México “permitió que las organizaciones criminales ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad”, afirma el Banco Mundial.

“En respuesta al cierre de fronteras durante la pandemia, el Tren de Aragua (Venezuela) pasó de cobrar tarifas para facilitar el paso de los migrantes, a establecer su propia operación, que incluye la propiedad de empresas de transporte y alojamiento”, añade.

En sus últimas cifras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos del crimen organizado alcanzaron el 3,4 % del PIB de América Latina y el Caribe en 2022.

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Por Lourdes Torres (lourdes.torres@nacionmedia.com)

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, resaltó que en la actualidad el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) continúa enfrentando lo que por ahora se denominan “las nuevas amenazas”, que son el terrorismo y el crimen organizado; los cuales van de la mano y constituyen un peligro muy grande para la sociedad.

“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar la ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamentos de guerra o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y sobre todo tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado, en algunos puntos del país, ahí van a estar presentes las Fuerzas Armadas de la Nación”, destacó en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Remarcó que las acciones de las fuerzas militares siempre estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, la Constitución, los procedimientos penales. Señalando que ninguna operación que se lleve a cabo se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la justicia, el Ministerio Público.

En vista a las nuevas amenazas, el ministro de Defensa destacó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, instruyó llevar un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, y de hecho, para ese fin, se había creado la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instalada en el norte del país, como parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna.

“Hace ya varios meses, el presidente de la República firmó un decreto por el cual se extiende la jurisdicción del Codi - FTC a los tres departamentos del Sur que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas”, acotó.

González resaltó como uno de los principales logros del trabajo conjunto de las fuerzas militares y policiales, que, de un tiempo a esta parte, el crimen organizado se estaba enseñoreando en la zona del departamento de Canindeyú, pero la presencia del Codi ha permitido dar varios e importantes golpes al crimen organizado.

Entre esos logros, el titular del Ministerio de Defensa destacó el operativo Ignis, que derivó en 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.

Igualmente, resaltó la operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos aproximadamente de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, cargamento que estaba a punto de ser enviado al vecino país. Remarcó que este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.

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“En general, el resultado del Comando de Operaciones de Defensa Interna fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, no hayan cumplido los objetivos estratégicos que ellos habían marcado. Estos tres objetivos estratégicos fueron: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país”, resaltó.

González remarcó que ni uno de estos tres objetivos han logrado los grupos terroristas gracias a la decidida acción del Codi, pese a que costó la vida de varios policías y militares a lo largo de estos años. “Tuvo un alto costo, pero el Codi impidió que estos objetivos estratégicos fueran cumplidos. Si esto llegaban a sus objetivos otra hubiera sido la situación en el Paraguay”, precisó.

El ministro de Defensa destacó la estrecha colaboración que ha llevado el Codi - FTC en alianza interinstitucional con otros estamentos del Estado como la Senad en la lucha contra el crimen organizado. Incluso en operaciones con la Policía Federal del Brasil, en varios operativos que ya se han llevado a cabo en la zona del Amambay, Canindeyú.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González aseguró que si bien, no puede revelar en detalle, pero en un futuro cercano el CODI será fortalecido en equipamientos, armamentos y tecnologías, por decisión del comandante en Jefe, Santiago Peña.

El secretario de Estado habló con La Nación/Nación Media y dijo destacó el trabajo que está llevando adelante el Comando de Operaciones de Defensa Interna, y su elemento operativo que es la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Resaltó que desde su instalación uno de los principales logros ha sido la liberación de la zona Norte del país, de los grupos terroristas que impedían el desarrollo de la zona porque hostigaba, amenazaba y mataban a la gente de bien que se dedicaba a cultivar la tierra, la ganadería o incluso al comercio.

Resaltó que gracias a la intervención efectiva del CODI-FTC, ha propiciado que hoy la zona norte del país sea un emporio del desarrollo y riquezas. Gracias a que la zona fue liberada de los grupos terroristas autodenominados Agrupación Campesina Armada (ACA), el Ejército del Mariscal López (EML) y quedando una reducida facción del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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“Esta zona fue liberada de estos grupos terroristas gracias al trabajo que ha llevado adelante el CODI, con su principal elemento operativo que es la FTC. La agricultura, la ganadería y el comercio nuevamente están teniendo el resultado que esperan aquellos que invierten en la tierra”, remarcó.

Asimismo, el ministro de Defensa destacó el gran apoyo que está brindando el comandante en Jefe y presidente de la República Santiago Peña, no solo al Comando de Operaciones de Defensa Interna, sino a todas las Fuerzas Armadas, es muy grande e importante. Lo que permite que las FF.AA puedan cumplir con su misión con tranquilidad.

“Por supuesto, aún con muchas precariedades, pero hay que tener en cuenta que el equipamiento de las FF.AA ya está comenzado a ser mejorado e irá creciendo paulatinamente. Además, el presidente Peña está apoyando plenamente las operaciones del CODI, más aún hay que destacar que los dos grupos criminales terroristas del norte ya fueron extinguidos, quedando el EPP muy disminuido, pero que sigue siendo una preocupación”, expresó.

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La Comisión de Asun­tos Constitucionales de la Cámara de Sena­dores emitió en la fecha dic­tamen a favor con 5 votos, por el desafuero de senador vitali­cio y expresidente Mario Abdo Benítez. En tanto que 3 legisla­dores votaron en contra y otros 3 se abstuvieron.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Javier Zacarías Irún, explicó que han escu­chado a ambas partes, y tras la deliberación encontraron que se reúnen todos los criterios para otorgar el desafuero soli­citado por el propio afectado.

El día de ayer martes, la comi­sión asesora convocó al sena­dor vitalicio Mario Abdo, o en su efecto a sus abogados defensores, para responder o explicar acerca de la acu­sación que pesa en su contra por filtraciones de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) durante su mandato.

Carlos Trapani y Enrique Kro­nawetter asistieron a la Comi­sión del Senado para ensayar una defensa que no llegó. En lugar de atacar las pruebas de la Fiscalía, que están conte­nidas en más de 206 elemen­tos probatorios, los abogados del exmandatario intenta­ron desviar el centro de la cuestión: la participación de Abdo y sus exfuncionarios en los hechos imputados. Inten­taron sin éxito negar la par­ticipación de Abdo ante la fuerza de la evidencia.

Estos dos letrados admitieron entre otras cosas que la causa no avanza porque hay varios incidentes que la jueza Cyn­thia Lovera debe resolver aún, incidentes que se presentaron hace un año, cuando se había presentado el acto de imputa­ción, que sostenidamente han intentado paralizar a través de diversas chicanas.

Al término de la reunión, el presidente de Asuntos Cons­titucionales, el senador Javier Zacarías Irún explicó que el artículo 17 de la Constitución Nacional es muy clara al hablar del debido proceso, y es lo que los legisladores deben tener en cuenta para tomar su decisión, de otorgar o no el desafuero a un senador de la nación.

“A nuestro criterio, absolutamente no se ha avasallado ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución. Ahora el resto de lo que se cuestione debe ser analizado por los fiscales y jue­ces de la República del Para­guay. Nosotros no somos los jueces, que debemos decir si está bien o está mal, si es culpa­ble o es inocente. Eso le com­pete a la Justicia resolver. Nosotros lo único que debe­mos analizar es si se cumple con el artículo 17 de la Cons­titución Nacional”, insistió.

Remarcó que, en este caso, existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero; así como existieron en los casos en que los senadores activos fue­ron solicitados sus desafueros y fueron aprobados. “Creo que nosotros no podemos obstruir el estudio o investigación de la Justicia, cuando no se refiere a opiniones que pudiéramos haber dado como senador de la nación. Cuando se trata de delitos comunes, creo que tene­mos la obligación de dar el desa­fuero para cualquier senador de la República”, acotó.

Zacarías Irún señaló que, al contar ya con los dictámenes en ambos sentidos por parte de los miembros de la comisión, el tema ya podría ser incluido y analizado en la sesión ordi­naria de este miércoles de la Cámara de Senadores.

“Ahora, lo que sí me llama la atención es el pedido con pio­lita que realiza Mario Abdo, con relación a que se otorgue su desafuero. Digo esto por­que si realmente uno quiere su desafuero y realmente bus­cas adherirte a los mandatos de la Justicia, no tenés temor a ser investigado. Ahora, si yo digo que quiero el desafuero por una cuestión política, por una cuestión de populismo, o quiero el desafuero con pio­lita, mientras tanto quedarme escudado en mis fueros mien­tras mis amigos son juzgados; entonces hay otra cosa. Por eso, a mí me llama la aten­ción, porque ahora sus aliados rechazan el desafuero”, acotó.

En la sesión del Senado pre­vista para hoy, no se encuen­tra dentro del orden del día el tema del desafuero del expre­sidente Abdo. Sin embargo, existe de posibilidad de que sea tratado sobre tablas.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña.

HOY.COM.PY

En la cronología de hechos relatada en el acta de impu­tación se incluyen dos fechas más que corresponden a hechos de carácter público y notorio, innegable por parte de los acusados: el discurso polí­tico del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boi­danich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silen­cio. Esta información de carác­ter confidencial fue expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresidente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.

Además, el 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últimos detalles de lo que sería el informe de inteligen­cia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cuadros de salarios de Peña y Boidanich.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boi­danich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Daniel Farías y René Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligen­cia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.

En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funciona­rio Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario pri­vado de la Presidencia, Mau­ricio Espínola, publicaba los mismos datos en su cuenta de red social X.

Ante la consulta sobre ambas situaciones mencionadas, el abogado Trapani dijo que “no podría responder, no me consta si una declaración suya luego terminó en una publica­ción”. “La imputación alude a un discurso político. No podría responder (si los salarios ya eran una información pública antes de esa exposición hecha por Abdo)”, agregó.