Comisario rechazó haber sido presionado para declarar contra Abdo: “Nadie me impuso nada”
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El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis López, rechazó haber recibido presiones por parte del oficialismo colorado para declarar contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez en el proceso judicial que enfrenta por la supuesta filtración de informaciones confidenciales generadas a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Soy un profesional, tengo varios títulos y un doctorado. Me faltan dos años para el retiro y no me voy a prestar a estupideces a esta altura de mi carrera. Nadie me impuso nada. Tuve que declarar porque fui punto de contacto y tuve acceso a los documentos”, sostuvo en una entrevista con la 1080 AM.
López era el punto de contacto de la Plataforma Electrónica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG), como responsable por parte de la Policía Nacional, entre junio de 2021 y febrero de 2022. El mismo fue quien recibió la orden del entonces ministro de Seprelad, Carlos Arregui, de entregarle en formato físico un pedido de informe de carácter confidencial que había remitido la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes y que luego fue filtrado a la prensa por Arregui y el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, según la imputación formulada por el Ministerio Público.
El efectivo fue uno de los testigos del Ministerio Público que declaró cómo ocurrió esa filtración, y ante las acusaciones de los medios de comunicación aliados al abdismo en su contra por esa declaración, fue contundente en afirmar que no recibió ninguna presión para detallar los pormenores del caso al Ministerio Público.
“En mi declaración estaba un asistente y también el fiscal Aldo Cantero, no estuvo (el abogado denunciante) Pedro Ovelar. Particularmente no le conozco a Ovelar, solamente por la prensa, nunca tuve conversación con él. Tenía que declarar porque lo tenía que hacer, porque tuve acceso a documentos. Eso es lo que tengo que decir. Es inadmisible para mí que una persona extraña esté participando de estos actos”, indicó López.
Además de Abdo Benítez, se encuentran imputados en la causa Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, entre otros.
Las imputaciones surgieron tras la denuncia presentada por el también exjefe de Estado Horacio Cartes, el pasado 31 de julio del 2023 por persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones del Estado.
La exministra de Justicia y exasesora de Seguridad de la Presidencia, Cecilia Pérez, devenida en una analista jurídica, política y moralista del diario Abc Color, posee un rosario de antecedentes por su turbia gestión en las cárceles y el manejo que tuvo de las facciones criminales que están tras las rejas.
La abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola, uno de los implicados en el esquema de filtraciones de la Seprelad, fue entrevistada por el diario Abc Color, de la familia Zuccolillo, que fue prensa oficialista durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, según publica el portal digital HOY.COM.PY.
En la reciente entrevista, la exministra de Justicia calificó la causa abierta contra su cliente de “eminentemente política”. Además, en calidad de “experta analista” y desde una posición moralista, la misma ahondó diversos temas, tales como el crimen organizado, la nueva ley de Policía y el rol de las Fuerzas Armadas.
Su posición dista mucho de lo que fue su administración de las penitenciarías. Quien ahora se presenta con una superioridad intelectual y moral, posee un largo rosario de antecedentes en la función pública. Fugas masivas, masacre en cárceles y negociación con clan Rotela, son varios los hechos que marcan la gestión de Cecilia Pérez.
Tras las rejas, el reo Armando Javier Rotela se convirtió en un zar del microtráfico, y durante la administración de Pérez, este interno logró posicionarse en el ámbito de la criminalidad liderando un clan que controlaba las penitenciarías del país, disputándose el territorio con el Primer Comando Capital (PCC).
La gestión de Cecilia Pérez en las cárceles estaba marcada por beneficios a los narcotraficantes presos. Además era de público conocimiento la cercanía de la entonces ministra de Justicia con los malvivientes. Esto pudo evidenciarse cuando se dio un violento motín en el penal de Tacumbú, donde la Secretaria de Estado en persona tuvo que intervenir para negociar con los revoltosos y desactivar la medida de protesta que dejó varios muertos.
Asimismo, la “madre del clan Rotela” ostenta en su gestión la segunda fuga más grande de presos que registra la historia del Paraguay. La primera fue en el año 1998, con el escape de 106 reos del Penal de Embocada. La segunda que se responsabiliza a Pérez se registró a inicios del 2020, cuando 76 internos escaparon de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Esta fuga es considerada como una de las más importantes en la historia de nuestro país debido a la cantidad y alta peligrosidad de los fugados, quienes eran miembros del Primer Comando Capital (PCC).
Otro escándalo en la administración Pérez y que tuvo repercusión internacional fue el hallazgo de un laboratorio de cocaína en Tacumbú. Estas “perlitas” pareciera olvidar Pérez, quien hoy defiende a implicados en el esquema de filtraciones de la Seprelad.
Abogados de Abdo y su gavilla presentan otra acción dilatoria
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El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, imputado por filtración de datos confidenciales de la Seprelad, sigue presentando chicanas al solo efecto de dilatar la resolución de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe destrabar el proceso penal que enfrenta el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla de exministros.
Amarilla presentó un escrito ante la sala penal de la máxima instancia judicial donde solicitó que se pida informe a la Fiscalía General del Estado si las causas Carlos Arregui y otros sobre revelación de secretos de servicios y otros y Mauricio Espínola sobre revelación de secretos de carácter privado están acumuladas.
Ante el pedido, la sala penal de la Corte hizo lugar y en fecha 6 de mayo remitió un oficio a la Fiscalía General del Estado, quien tendrá que contestar la solicitud hecha por la máxima instancia judicial.
Debido a que dicha presentación, los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel no pueden resolver aún la recusación que presentó Amarilla contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas, quienes a su vez deben estudiar y decidir si confirman la competencia de la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien fue recusada por el abogado Emilio Fúster, defensor del imputado Arnaldo Giuzzio.
CHICANAS PARALIZAN PROCESO
Los abogados de cada uno de los imputados han presentado hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, quien también está recusada. La actitud de los profesionales del derecho denota la intención de no litigar o desvirtuar la imputación, sino más bien de dilatar el proceso penal.
Igualmente, los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kronaweter, defensor de Daniel Alberto Farías, habían presentado inicialmente una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emilio Fúster.
Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad. Al respecto, los involucrados en el esquema de filtraciones para el garrote político no quieren que esta prueba –que forma parte del acta de imputación– sea aceptada, pese a que la magistrada ya la admitió.
Así también, el abogado Kronaweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autorización judicial para la extracción de datos como acto investigativo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.
El presidente Santiago Peña anunció el refuerzo de la seguridad en el sur del país, ante los medios en su jornada de gobierno en Itapúa. Foto: Captura de video
Peña anunció el despliegue de militares de FTC en Itapúa ante atracos a bancos
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Durante su jornada de gobierno en Itapúa, el mandatario Santiago Peña anunció este viernes la incursión de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el séptimo departamento para hacer frente a la ola de inseguridad, ante los reiterados asaltos tipo comando a entidades bancarias.
“La Fuerza de Tarea Conjunta vendrá a toda la zona sur. Estamos expandiendo la cobertura a lo que es el departamento de Canindeyú, Misiones e Itapúa. Creemos que será una apuesta muy importante. Esto va a requerir también una fuerte inversión en materia de seguridad, pero también ya es una decisión tomada”, dijo Peña en una entrevista con los medios de prensa.
A finales del pasado mes de abril se registró un millonario atraco a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF), localizada en la ciudad de Natalio. En la ocasión los delincuentes lograron con explosivos llevarse G. 1.000 millones aproximadamente de la bóveda.
No se trató de un caso aislado, teniendo en cuenta que ya se registraron diversos atracos con las mismas características en otras entidades bancarias y cajeros del departamento, situación que mantiene en zozobra a sus pobladores y autoridades, quienes habían demandado con urgencia la presencia de los efectivos militares, teniendo en cuenta que los agentes de la Policía Nacional se ven totalmente sobrepasados por los delincuentes.
“El mensaje que realizamos hoy es que venimos a dar la cara, que estamos presentes, venimos a darles todo nuestro apoyo y reafirmar nuestro compromiso. A decirles que los paraguayos de bien estamos de pie, firmes y que nosotros vamos a dar batalla en cada uno de los frentes como la seguridad”, sentenció el mandatario.
Por otra parte, el mandatario se refirió sobre la decisión del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) en ir a unparo desde el 20 de mayo por un periodo de tres días. Ante la consulta de que sí el Ejecutivo accederá al chantaje de los transportistas manifestó que “nuestra posición es firme en defensa de los paraguayos, de los usuarios del transporte público, este sistema está perimido, ya no da más. Lo vamos a cambiar y haremos una inversión como nunca antes y vamos a cambiar el modelo del transporte público”.
Caso Marcelo Pecci
Peña también hizo referencia al caso del fiscal la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, tras cumplirse en la fecha dos años de su asesinato en Colombia. “El mensaje que también doy a la ciudadanía es de una lucha frontal e inquebrantable contra el crimen organizado. No descansaremos y pondremos todo nuestro empeño hasta que se encuentre a todos los involucrados en el asesinato de Marcelo quien se convirtió en símbolo de la lucha contra el crimen organizado”.
Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad como de la Senad, fueron puestas al servicio de la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.FOTO: ARCHIVO
Ataque político: testigos revelan uso “sincronizado” de Senad y Seprelad
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Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad como de la Senad, fueron puestas al servicio de la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Por Cinthia Mora
La actual administración de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, ordenó una auditoría interna para investigar las circunstancias fácticas en las que se filtró un pedido de informe confidencial de la Fiscalía de Panamá sobre el expresidente de la República Horacio Cartes.
La pesquisa interna aporta más indicios sobre el manejo irregular de la institución durante el gobierno anterior. Testimonios de funcionarios claves de la Unidad Inteligencia Financiera revelaron que agentes de la Senad tenían acceso “liberado” a la unidad y mantenían constantes y llamativas reuniones con las autoridades del momento.
En ese sentido, consta en el documento final de la auditoría, remitido al Ministerio Público, el testimonio de la funcionaria Rocío Peña, directora interina de la Dirección de Análisis Financiero, quien expresamente señaló lo siguiente: “En la DGAFE accedían funcionarios de otras dependencias de la Seprelad, así como de otras instituciones, principalmente de la Senad quienes se reunían con el entonces director Guillermo Preda, René Fernández y Carlos Arregui”.
Estas llamativas reuniones se daban durante el mismo período de tiempo (entre enero y marzo de 2022) en el que funcionaba dentro de la Seprelad una oficina montada exclusivamente para investigar a Horacio Cartes. En esta dependencia “paralela” a cargo de un funcionario ajeno a la institución, Daniel Farías, quien respondía directamente a las órdenes de Arnaldo Giuzzio, se fraguó un documento secreto que luego sirvió de base para un informe de inteligencia. Según el acta de imputación de la Fiscalía, este informe secreto posee datos falsos y tergiversados usados con el fin de atacar políticamente a Horacio Cartes y Santiago Peña.
Otra funcionaria de la Seprelad cuyo testimonio confirma que las unidades de investigación, tanto de la Seprelad como de la Senad, operaban de forma “sincronizada” es Liliana López, quien se desempeñaba como analista senior de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, dependencia que estuvo a cargo de Carmen Pereira y Guillermo Preda durante el período de las filtraciones. La misma manifestó que ingresaban hasta esa oficina personas extrañas dentro de la UIF (Unidad de investigación Financiera). “Entraban mayormente de la Senad, supongo que con autorización”.
De los testimonios recogidos durante la auditoría interna se desprende que funcionarios ajenos a la institución, especialmente de la Senad, ingresaban a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad en el mismo periodo de tiempo en el que se registraron las filtraciones de informes y a la par del funcionamiento de una oficina paralela dentro de la institución.
La auditoría interna de Seprelad concluye que “durante el período de tiempo, entre los años 2021 y 2022, era habitual el ingreso de personas que no contaba con la autorización debida y sin el acompañamiento necesario, lo cual constituye una violación de normas institucionales e internacionales que establecen restricciones en el acceso a estas áreas”.
El informe de evaluación por parte de Gafilat señalaba respecto al ingreso de personas extrañas a esta dependencia de la Seprelad que dentro de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) las áreas que poseen informaciones reservadas se tienen que tener accesos restringidos al público y solo pueden acceder los funcionarios acreditados.
PERSECUCIÓN ARRANCÓ EN SENAD
Audios filtrados de una reunión en la Secretaría Antidrogas (Senad), entre el exministro Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y agentes de inteligencia de dicha secretaría, revelaron cómo se operaba desde esa institución para forzar la inclusión de empresas del Grupo Cartes a esquemas delictivos sin ningún tipo de sustento. Esta reunión se habría registrado el 13 de noviembre de 2019, coincidentemente días después en Brasil se libraba una orden de prisión en contra de Horacio Cartes. Desde noviembre de 2019 se pueden constatar las coincidencias entre los personajes, los hechos y las acciones como parte de un mismo mecanismo montado, utilizando toda la artillería estatal disponible para perseguir a los enemigos políticos del expresidente Abdo Benítez.
Informe de auditoría interna de Seprelad que revela más indicios sobre uso “sincronizado” de unidades de investigación de Senad y Seprelad
IGNORARON RECOMENDACIONES DE GAFILAT
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado (Gafilat). Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente:
“Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.