La representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Blanca Ávalos indicó que el sector de los docentes aguarda la contrapropuesta del Ejecutivo y Legislativo sobre las modificaciones que plantearon al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y cuyo estudio en el Senado fue postergado sin plazo fijo (sine die).

“Nosotros ya hemos entregado nuestras modificaciones y esperamos la contrapropuesta. Tengo miedo de que la postergación sine die haga que se pueda estudiar el proyecto en cualquier momento, debido a que los senadores pueden convocar a una sesión extraordinaria dentro de la convocatoria a una ordinaria. No hay confianza hacia ellos”, refirió la docente gremialista, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro de Desarrollo Social (MDS) y titular del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, aseguró que la deuda que mantiene su cartera y las gobernaciones con las proveedoras de alimentos del programa Hambre Cero en las Escuelas será saldada antes del 15 de marzo.

Rojas detalló que la deuda alcanza actualmente USD 50 millones, correspondiente al periodo 2025. “Desde el ministerio estamos arrastrando una deuda de USD 14 millones. Mientras que las 15 gobernaciones que ejecutan el programa cuentan con una deuda que está al orden de los USD 36 millones”, dijo a la 1020 AM.

El Senado de Brasil ratificó ayer miércoles el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea tras el reciente visto bueno de la Cámara Baja al pacto que creará el mayor mercado común del mundo.

También ayer, por unanimidad, la Cámara de Senadores de Paraguay aprobó el proyecto de Ley que acompaña el acuerdo interino de comercio entre ambos bloques. El documento con media sanción pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Una comitiva de representantes de la empresa española Novargi Group, encabezada por el vicepresidente del grupo, Daniel Pascual, se reunió con el viceministro de Industria, Javier Viveros. En esta oportunidad anunciaron su interés en invertir en una planta de fertilizante verde en la ciudad de Villeta.

El proyecto se ejecutaría en dos fases: una primera etapa donde la inversión sería de USD 220 millones. En materia de empleo, prevé la generación de alrededor de 100 puestos de trabajo directos y al menos 200 indirectos, con la perspectiva de impulsar empresas auxiliares vinculadas al mantenimiento industrial, servicios técnicos y formación especializada.

El periodista del portal Salto del Guairá Noticias y corresponsal del canal GEN y de Universo 970AM, Juan Alcaraz, denunció una presunta agresión a latigazos por parte del intendente de Laurel (Canindeyú), Pablo Karjallo Pérez, ayer al mediodía, cuando el trabajador de prensa fue convocado por vecinos para tomar un reclamo.

“Me convocaron a Laurel para una denuncia de vecinos por una escuela. Y no sé qué le pasó al intendente. Había sido que es la casa de su exsuegra y se fue y me atacó. Había sido tenían un conflicto y le dijeron que llevarían prensa y al verme me agredió”, relató Alcaraz al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) continúa este jueves la distribución de chapas y otros elementos para las familias del Bañado Sur damnificadas por la tormenta que dejó a muchos pobladores sin techo.

Gloria Riquelme, funcionaria de la SEN, informó al canal Gen/Nación Media que las familias que están recibiendo asistencia son las que figuran en el listado proveniente del censo recientemente realizado. Los afectados están recibiendo chapas de zinc, terciadas, colchones, frazadas y puntales para compensar las pérdidas sufridas durante las tormentas registradas durante la semana.

En un operativo desarrollado en la madrugada de este jueves, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) decomisaron un cargamento de 40 paquetes de marihuana prensada que totalizó 1.180 kilogramos. La droga estaba oculta en una zona boscosa de Isla Ovecha de Ita Corá, zona de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú.

El valor aproximado de la carga incautada representa una pérdida de unos USD 472.000 para los grupos criminales, constituyendo un golpe económico importante para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas, destaca la institución.

El ministro de Desarrollo Social (MDS) y titular del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, aseguró que la deuda que mantiene su cartera y las gobernaciones con las proveedoras de alimentos del programa Hambre Cero en las Escuelas será saldada antes del 15 de marzo.

Rojas detalló que la deuda alcanza actualmente USD 50 millones, correspondiente al periodo 2025. “Desde el ministerio estamos arrastrando una deuda de USD 14 millones. Mientras que las 15 gobernaciones que ejecutan el programa cuentan con una deuda que está al orden de los USD 36 millones”, dijo a la 1020 AM.

“Desde el Ministerio de Economía y Finanzas indicaron que estarían transfiriendo los recursos antes del 15 de marzo para cancelar lo que es el año anterior”, acotó Rojas. “Yo estoy muy confiado de que será cancelada en los próximos días. El Ministerio de Economía y Finanzas siempre expresa su dificultad de fuente de financiamiento por el tema del ajuste del déficit fiscal que fue lo que el pasado año se dio”.

Rojas detalló que el retraso de los pagos a las proveedoras también se dio debido que anteriormente no se contaba con el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), el cual tiene como fin gestionar, monitorear y transparentar el programa.

El sistema es utilizado de manera obligatoria para el registro de alimentos por los directores y proveedores, y anteriormente el proceso era realizado de forma manual o en papel, razón por la cual se dilataba la liberación de los fondos.

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Por otra parte, Rojas se refirió a la decisión de la Cámara de Senadores en retirarle la administración y ejecución del programa a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná. La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar para ambos departamentos quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

“Realmente lo que ocurrió en el Senado fue una sorpresa, no veníamos discutiendo o analizando este tema desde el Conae ni con el presidente de la República, Santiago Peña. Si esta decisión se sanciona por supuesto tomaremos las riendas, no vamos a rehuir al desafío”, comentó.

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• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.

Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.

Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.

¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.

Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.

Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.

Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.

El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.

La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.

Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.

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En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.

En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.

El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).

La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).

El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.

Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.

El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.

El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.

“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.

También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.

“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.

Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.

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