Familiares y toda la comunidad de Arroyito, Concepción, claman por justicia e información sobre el paradero del suboficial de Policía, Edelio Morínigo, secuestrado por el grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) el 5 de julio de 2014. Al cumplirse 11 años de aquel hecho, se convierte en el secuestro más prolongado de la historia del país, y a la fecha se desconoce su paradero.

Su madre, doña Obdulia, y su padre, don Apolonio, han envejecido mucho más por el dolor de no tener noticias de su hijo que por los años de vida que cargan. Desde aquella tarde en que su hijo había salido con un grupo de amigos a cazar en el bosque, imploran a los captores que revelen el paradero de sus restos y exigen al Estado una búsqueda formal y comprometida.

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Desde el 5 de julio de 2014, cuando fue capturado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, hasta ahora, la única prueba de vida data de octubre de ese mismo año, en que se divulgó un video donde se lo veía con vida. Posterior a ello, nunca más se tuvo noticia de su paradero. El EPP no exigía dinero por su rescate, sino un canje de prisioneros, una negociación que jamás prosperó.

De acuerdo con medios locales de Concepción, este sábado doña Obdulia Florenciano, como cada año, repite lo que se convirtió en su expresión de lucha: “Mucho ya se jugó con nosotros”.

En este nuevo aniversario, los familiares de Edelio anunciaron que esta tarde se celebrará una misa, en un acto íntimo de memoria y pedido de paz. Señalan que ya no quedan fuerzas para marchas, ni protestas. Solo queda el clamor a los captores.

“Con el pasar del tiempo pienso en cómo la vida se nos está yendo, y no quiero permitir que los restos de mi hijo queden en algún lugar del bosque. Quiero que ustedes, miembros del EPP que están escuchando mi clamor de 11 años de lucha y sacrificio, tengan compasión de mí y nos den información de dónde están los restos de Edelio, eso les pido encarecidamente”, expresó doña Obdulia.

Igualmente, reiteró el pedido especial a las autoridades del Gobierno, que se haga justicia para su hijo, porque no puede quedar en la nada su desaparición. “Hago un pedido a los gobernantes para que haya una búsqueda formal, y tomen como responsabilidad y compromiso con nosotros encontrar a los tres secuestrados”, concluyó.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano judicial continental, dictaminó este jueves que los países de la OEA tienen la obligación de adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población frente al cambio climático.

La decisión de la Corte IDH implica que los países del continente deben hacer reformas legales que eventualmente aumenten las exigencias a las empresas, una vieja aspiración de las oenegés ambientalistas.

“Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados [...] de la degradación del sistema climático global”, dijo la Corte IDH en una opinión consultiva sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos, solicitada por Colombia y Chile en enero de 2023.

El tribunal con sede en San José recordó que “el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana” de Derechos Humanos.

Por esta razón, los Estados deben “adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas estatales y privadas”.

Entre otros aspectos, “los Estados deben exhortar a todas las empresas domiciliadas o que operan en su territorio a que adopten medidas efectivas para combatir el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos”, dispuso la Corte.

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“Las normas adoptadas en este contexto deben orientar al Estado y a los particulares bajo su jurisdicción para enfrentar de manera eficaz e integral las causas y consecuencias del cambio climático”, agregó.

Las audiencias previas para emitir esta opinión tuvieron una participación récord, de más de 160 organizaciones, incluidas organizaciones de la sociedad civil, entidades científicas y comunidades indígenas.

Varias oenegés habían expresado previamente su esperanza de que la Corte IDH obligara a los países del continente a tomar medidas para proteger a las personas frente al cambio climático.

La Corte IDH, una institución judicial autónoma encargada de aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene jurisdicción sobre una veintena de Estados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.

Sin embargo, “su relevancia también se extiende a nivel mundial”, afirmó el 18 de junio Nikki Reisch, de la ONG Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) en una conferencia virtual.

“La crisis climática no es sólo una crisis de derechos humanos y de justicia social, también es una crisis de impunidad”, indicó Michelle Jonker-Argueta, de Greenpeace Internacional, en la misma conferencia.

• Fuente: AFP

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La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.

La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.

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De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.

Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).

Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.

El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.

El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.

La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.

El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.

Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.

Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.

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