El diputado Carlos Pereira se refirió acerca de la reunión mantenida entre diversas autoridades en una audiencia pública, para debatir el proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas”. En contacto con La Nación/Nación Media, indicó que las prioridades de la oposición se centrarán en las modificaciones a ser planteadas sobre el plan, con el objetivo de lograr su perfeccionamiento.
“Después de la audiencia pública, quedaron muchas dudas aún, no creo que así sea posible impulsar la aprobación del proyecto de ley. Entonces, creo que esto se extenderá un poco más, más aún teniendo en cuenta que se llevaron a cabo los llamados a licitaciones en las gobernaciones y municipalidades”, expresó el parlamentario, con respecto a la ejecución de los fondos para el año lectivo actual.
Durante la audiencia se plantearon sugerencias y quedaron exteriorizadas algunas dudas, que se enfocan esencialmente en los informes remitidos por la Contraloría General de la República (CGR), que revelan problemas en el proceso de implementación de la distribución del almuerzo escolar, hasta hoy. Para Pereira, se debe analizar de manera meticulosa dichas informaciones, que principalmente hablan de la Gobernación de Central y Presidente Hayes.
“Personalmente, no votaría por el rechazo del proyecto de ley, pero sí por algunas modificaciones que considero necesarias para la aplicación del plan y si se logran dilucidar el resto de las interrogantes que quedaron pendientes en la mayoría de los representantes de Diputados”, subrayó el parlamentario, manifestando que quedará expectante de la apertura por parte del Ejecutivo y los miembros de su gabinete.
Puntualizó además la importancia de definir cómo serán financiados algunos programas sociales cuyos recursos serían utilizados para costear la alimentación escolar, de acuerdo al proyecto. Esto aparte de estudiar las solicitudes por parte de las administraciones de Central y Presidente Hayes, para ser nuevamente incluidos como administradores de los recursos que forman parte del plan expuesto.
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IPS busca reprogramar su deuda a 10 años para liberar fondos y abastecer sus farmacias
El asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, reveló la estrategia de “alivio financiero” que impulsa la previsional para que el 75 % del presupuesto para medicamentos se pueda pagar en cuotas bancarias de corto plazo. La propuesta de Pereira no es solo desplazar vencimientos en lo inmediato, sino buscar un marco legal que permita reestructurar la deuda a 10 años (con 2 años de gracia) y emitir bonos.
Invitado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, señaló que el actual presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, inició una serie de visitas a los distintos centros de atención, acompañado de la gerencia de abastecimiento y logística. Justamente, para empezar a inventariar no solamente las necesidades insatisfechas y la falta de medicamentos, sino también para medir la fuerza laboral médica.
Señaló que, a partir de ahí, están inventariando, incorporando una auditoría médica, acompañando a la auditoría a la administrativa normal como para medir las distintas órdenes de servicio que se solicitan. “El reto va a estar en, primero, saber cuánto tenemos y en base a eso dosificar lo que se necesita y en vez de tener para dos años para ir acortando en base al universo de los más de 500 medicamentos que componen el vademécum”, precisó.
Ganar tiempo
Mencionó que está acompañando esta etapa difícil para poder concretar financieramente todos los pasos que se puedan dar, no solamente para corregir esta situación desplazando vencimientos a fin de ganar tiempo. Pero, aclaró que de ninguna manera tiene que ser un sustituto a una reprogramación integral de la deuda.
Reconoció que la deuda total del IPS asciende a unos USD 1.265 millones (USD 800 millones con bancos y USD 400 millones con proveedoras) y que actualmente solo se cubre el 25 % de las necesidades operativas/medicamentos debido a la asfixia de las cuotas bancarias.
“Ese 25 % que resulta insuficiente, eso se deriva de la concentración en su mayor porcentaje, que es el 75 % restante, en atender las cuotas que el Fondo de Salud tiene con el sector bancario. Como esas deudas provienen de arreglos de deudas anteriores, créditos sindicados, cesiones de crédito de años anteriores, pero que todos son de corto plazo, ese cortoplacismo hace de que las cuotas sean demasiado grandes”, comentó.
Reestructuración parcial
El asesor del IPS aclaró que no se trata de una refinanciación, que se realiza cuando la deuda ya está vencida, y que la institución no se encuentra en incumplimiento de ningún tipo de obligación. La reestructuración parcial “es apenas una medida paliativa para tener un semestre más tranquilo y asegurarle a la gente que no le falte medicamento”, remarcó.
Pereira explicó que ahí recién empieza el verdadero desafío de aprovechar esta situación crítica y establecer un mecanismo legal que le permita al IPS poder tomar una deuda o emitir bonos local, de manera de que se pueda tener una reprogramación de deuda a 10 años, con mínimo 2 años de gracia y con un mecanismo de blindaje.
El asesor señaló que estará trabajando para que el IPS cuente un instrumento legal que contemple sus características de entidad autónoma, autárquica y descentralizada, con el objetivo de que pueda depender de sí misma porque tiene flujos importantes. “También trabajamos en forma simultánea y multifrontal, porque no solamente acá es arreglar la deuda, también tenemos que tomar medidas para aquellos que le deben al IPS, empezando por el Estado”, señaló.
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Diputados promueven primer proyecto para regular el uso de drones
En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).
La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.
La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.
Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.
Infracciones y neutralización
Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.
El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.
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IPS tendrá informe clave en dos semanas para definir su futuro financiero
El asesor del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, dijo que en el plazo máximo de dos semanas presentará al titular de la institución, Isaías Fretes, un diagnóstico financiero detallado sobre la situación contable y la composición real de las deudas con proveedores de la previsional.
“Yo acepté acompañarle al doctor Fretes porque veo que está haciendo un trabajo enorme con todos los frentes que tiene encima, entonces yo agradezco mucho la oportunidad y confianza de poder apoyarle en las áreas donde tengo mayor experiencia y conocimientos”, indicó el economista, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970/AM.
Pereira comentó que mediante el diagnóstico se impulsarán las alternativas concretas de solución a la crisis económica que sacude al IPS y se evaluarán cuáles de las propuestas impulsadas desde Congreso Nacional u otros sectores resultarán mayormente beneficiosas a la institución.
“En este poco tiempo que estaré, que no es mucho, en las próximas dos semanas a más tardar compartiré un diagnóstico con Fretes, ponerle sobre la mesa una o dos alternativas concretas en base a toda la situación y lo referente a los documentos que están dentro de los registros contables del IPS y ver si eso coincide o no con las propuestas del Congreso o desde los sectores que se acercan, y ahí se buscará combinar y encontrar la mejor alternativa", comentó.
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Señaló también que en el transcurso de este martes, mediante la dirección de Administración y Finanzas accederá al inventario de las deudas que mantiene la previsional. “Nosotros estamos obligados a presentar el diagnóstico primero y el tratamiento después, conforme a todo lo que hoy se tiene en el registro del Instituto de Previsión Social”, explicó.
A la vez, no descarta que se plantee a las farmacéuticas una quita de la deuda equivalente a USD 383 millones a cambio de cancelarlas. “Es una posibilidad que estamos barajando, justamente por eso pedí el listado con los montos para ver la antigüedad de las mismas y ahí pedirle al presidente, a través de sus diferentes gerentes, que empiecen a tomar contacto con los proveedores para ir viendo las posibilidades de acuerdo a los vencimientos”, dijo a través de las pantallas de Nación Media.
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Proponen crear sistema de alerta temprana para evitar desabastecimiento de fármacos
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.
El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.
La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.
De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.
A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.
Principales alertas
A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.
Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.
A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.
Medicamentos esenciales
En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.
Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.