El abogado Pedro Ovelar salió al paso de la publicación de algunos medios de comunicación que sostienen que supuestamente se busca atacar a periodistas y que existe una intención de que sean convocados a revelar sus fuentes. El profesional desmintió estas versiones y aclaró que ningún periodista o medio de comunicación se encuentra en el proceso de imputación de la Fiscalía.
“Eso no es cierto, esa es una tapa de una falsedad absoluta, si escuchan mis declaraciones, yo siempre dije que el periodista no está obligado a revelar su fuente, el periodista no está obligado a guardar secretos sobre una información llegada a su poder, eso es categórico, por algo ellos no están imputados como los que difundieron la noticia filtrada indebidamente”, indicó a GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó además que sus expresiones fueron sacadas de contexto y ratificó que algunos medios de comunicación fueron parte del esquema de persecución a Horacio Cartes, con la filtración de datos privados, de su empresa y de algunos colaboradores de sus empresas.
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“Cuando hablo de rendir cuentas, si utilicé esa palabra, fue en un contexto de que hablan de objetividad e imparcialidad, pero ellos formaron parte de este esquema, algunos periodistas de esos medios fueron parte de un plan para destruir a Horacio Cartes”, sentenció Ovelar.
Sin embargo, aclaró que eso no significa que eso está en la Fiscalía, ni mucho menos que periodistas o medios estarán involucrados directamente en la imputación.
“No estoy diciendo que eso está en el ámbito de la Fiscalía, no estoy diciendo que ellos están obligados a revelar sus fuentes, no estoy diciendo que tienen que ser procesados o llamados a indagatoria, pero sí estoy contando la verdad de que ellos formaron parte del esquema para filtrar, para perjudicar a Horacio Cartes y para lograr las sanciones de parte de los organismos internacionales”, puntualizó.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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“Esta es una reivindicación de la justicia”, dice Ovelar por el viaje de Cartes a EE. UU.
“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.
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Reconocimiento ciudadano
La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.
El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.
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Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
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Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.
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EE. UU. restringe la estadía de estudiantes y periodistas extranjeros
El gobierno de Estados Unidos decidió restringir el tiempo de estadía legal para periodistas y estudiantes extranjeros, según un documento administrativo conocido el jueves, en un nuevo endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump. Salvo bloqueo del Congreso, la medida entrará en vigor en septiembre.
Según la nueva normativa, los extranjeros que tengan un visado de estudiante no podrán permanecer más de cuatro años en territorio estadounidense.
Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales.
Los periodistas chinos estarán sometidos a un marco particularmente restrictivo, con visados de un máximo de 90 días.
El cambio, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, prevista para el viernes, afectará a periodistas acreditados de cientos de medios extranjeros en Estados Unidos.
Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esto “reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura” de la actualidad estadounidense.
El Partido Republicano de Trump, que prometió poner fin a la inmigración irregular y limitar la regular, es mayoritario en el Congreso.
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Hasta ahora, Estados Unidos otorgaba visados por la duración del programa de estudios a los alumnos y hasta de cinco años para periodistas.
Desde su regreso al poder, Trump ha expulsado masivamente a inmigrantes irregulares e impuesto una serie de restricciones a la entrada legal de ciudadanos extranjeros.
El mandatario, además, ataca regularmente a los periodistas y a la cobertura de ciertos medios, a los que acusa de difundir noticias falsas.
La oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) advirtió que la medida constituye una “violación directa” de la libertad de expresión y de prensa, y advirtió que podría “hacer extremadamente difícil, cuando no imposible, el funcionamiento de los medios internacionales en territorio estadounidense”.
La medida ya había sido propuesta el año pasado por el gobierno, lo que había dado inicio a una fase de consultas.
Para justificar su decisión, el Departamento de Seguridad Interior, que gestiona los flujos migratorios, apuntó a un “aumento significativo” en los últimos años del número de estudiantes y periodistas que se benefician de estos visados.
Esto “representa un desafío para la capacidad del Departamento de supervisar y controlar a estos no inmigrantes durante su estancia en Estados Unidos”, agregó. En 2024, el departamento registró más de 1,8 millones de entradas con visado de estudiante, un aumento del 11% con respecto al año anterior.
Las asociaciones de educación superior habían denunciado la propuesta de limitar las estadías de extranjeros como un obstáculo burocrático innecesario que disuadiría a estudiantes talentosos.
- Fuente: AFP