Ley de servicio civil establece solo cuatro cargos de confianza en instituciones
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Este martes 5 de marzo se llevó adelante la audiencia pública donde se abordó el proyecto de ley “de la función pública y de la carrera del servicio civil”, donde diferentes gremios sindicales pudieron manifestar sus inquietudes y sus dudas fueron respondidas por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González y el senador Derlis Maidana.
“La seguridad del trabajador viene dado porque con el proyecto de ley solamente van a existir cuatro cargos de confianza y el resto van a tener que ser accedidos mediante concurso de méritos, entonces, ese creo que es uno de los principales aportes del proyecto de ley y la estabilidad”, precisó el procurador.
Respecto a este punto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), manifestó que esta condición contemplada en la iniciativa, permitirá que los funcionarios puedan acceder a los cargos mediante concurso, permitiendo que los más aptos lleguen a cargos de trascendencia y de jefaturas.
El ministro Carlos Fernández Valdovinos aseguró que esta ley protegerá a los funcionarios de las destituciones arbitrarias. Foto: Gentileza
“Justamente esta ley lo que va a permitir que el jefe deba tener condiciones para serlo y no va a ser designado a dedo, hay solamente tres asesores y cuatro cargos de confianza, más los tres viceministros son 10 personas que van a poder ser designadas directamente, todos los demás van a tener que estar en la carrera, tener evaluaciones y demás”, refirió.
Otra de las innovaciones de la legislación es que ofrece mayores garantías a los funcionarios de modo a evitar despidos y destituciones arbitrarias, esto debido a que se exigirán mayores requisitos que las simples evaluaciones negativas que actualmente son los parámetros establecidos en la normativa vigente.
“Sorprende que la ley N.° 1.626 en su artículo N.° 21 disponga que luego de dos desempeños malos el funcionario público puede salir, eso atropella cualquier dignidad. Vamos a corregir a eso, no puede ser que estemos sujetos a evaluaciones que pueden ser arbitrarias, tenemos que protegerlos, por eso esta ley es fundamental”, afirmó Fernández Valdovinos.
Senado analizó proyecto para garantizar financiamiento a Bomberos Voluntarios
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Senadores analizaron los alcances del proyecto de ley que establece un régimen de financiamiento y fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Bomberos de la República del Paraguay, en el marco de una audiencia pública realizada este viernes.
El encuentro reunió a representantes de instituciones públicas y de los cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Los participantes coincidieron en la necesidad de establecer un mecanismo de financiamiento previsible que permita fortalecer la capacidad operativa del servicio y reducir su dependencia de donaciones y colectas.
Durante la apertura de la audiencia, se destacó que la iniciativa busca dotar al Sistema Nacional de Bomberos de un marco legal que garantice un financiamiento previsible y transparente.
La propuesta plantea igualmente fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos mediante instrumentos de apoyo técnico, capacitación y previsión, bajo los principios de responsabilidad fiscal, unidad presupuestaria, autonomía municipal y control público.
A su turno, el senador proyectista, Eduardo Nakayama, subrayó la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos.
Sostuvo que, en numerosas situaciones, los bomberos son “los primeros en salvar”, debido a la capacitación técnica con la que cuentan para intervenir en accidentes y otras situaciones complejas.
En ese sentido, cuestionó que el sostenimiento de estas instituciones continúe dependiendo, principalmente, de donaciones y de la cooperación internacional.
Nueve postulantes presentaron sus propuestas para la Defensoría del Pueblo
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La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores escuchó en audiencia pública a nueve de diez postulantes convocados a presentar sus propuestas para la Defensoría del Pueblo. Uno de los inscriptos no acudió ni justificó su ausencia.
Durante la jornada, los candidatos defendieron sus proyectos y principales líneas de gestión, con énfasis en el fortalecimiento institucional, la atención a la ciudadanía, el acceso a la Justicia y la protección de los derechos humanos.
Uno de los expositores fue Walter Agustín Olmedo, quien planteó revisar la estructura y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y ampliar su presencia territorial para facilitar el acceso a la Justicia de comunidades vulnerables.
En tanto Basilia Martínez Espínola destacó la importancia de fortalecer el trabajo cercano a las comunidades, con especial atención a las familias y los niños. A su vez, Alberto Daniel Rivero Mendoza propuso avanzar en la transformación digital de la institución, reducir la burocracia y fortalecer sus capacidades técnicas, además de impulsar campañas de educación en derechos humanos en castellano y guaraní.
Por otra parte, Nelson Manuel Morínigo Espínola sugirió priorizar áreas como salud y discapacidad, y propuso mejorar la gestión de medicamentos a partir de los requerimientos recibidos por la Defensoría. A su turno, Francisco Recalde Gutiérrez sostuvo que se debe garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones de la Defensoría y fortalecer la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.
Lucía Amarilla Acosta manifestó la necesidad de establecer mecanismos para medir los resultados de las gestiones realizadas a partir de las denuncias y fortalecer la articulación con gobiernos locales y entidades educativas.
Se sumó además, Miguel Marecos Chamorro con el planteamiento de implementar estrategias innovadoras para brindar respuestas efectivas a las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la coordinación con las instituciones públicas.
También realizaron sus respectivas presentaciones Osvaldo Battilana Alvarenga y Pablo Méndez Frutos, quienes expusieron sus propuestas ante los integrantes de la comisión y participantes de la audiencia pública. Por último, el postulante Miguel Ángel Stampf Mohaxsi no se presentó a la audiencia pública, por lo que fue consignado como ausente sin justificación.
El Ejecutivo plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor del lote y establecer un esquema de pago diferido para las familias beneficiarias de la reforma agraria. Foto: Gentileza
Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
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Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinalesapoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Representantes de la FNC, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la eliminación del pago inicial del 3%. Foto; Gentileza
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
El titular del Senado, Basilio Núñez, abre debate público para analizar propuesta que busca eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra y permitir que los beneficiarios reciban el título para luego abonar el inmueble en cuotas. Foto: Archivo
Analizarán propuesta para agilizar la titulación de tierras de la reforma agraria
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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convoca a una audiencia pública para este viernes 28 de agosto, a las 09:30, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, donde se analizará un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al título de propiedad de tierras adjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria.
Durante la audiencia se estará analizando el proyecto de ley que había sido remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 372 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está actualmente en trámite en la Cámara de Senadores.
La iniciativa propone eliminar la barrera económica que actualmente existe, que es el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para la entrega del título y establecer un régimen de pago diferido. Según la exposición de motivos, ese requisito termina frenando expedientes que ya están técnicamente preparados para convertirse en títulos.
De lograrse la modificación de los artículos del Estatuto Agrario, el beneficiario podrá recibir el título y posteriormente abonar el valor de la tierra en cuotas anuales, iniciando los pagos 12 meses después de la titulación. El plazo previsto es de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
Expedientes frenados
En la argumentación del proyecto de ley explica que el requisito vigente constituye una barrera económica para numerosas familias campesinas de bajos ingresos.
Se estima que la modificación podría beneficiar a aproximadamente 130.000 familias, mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 15.000 expedientes técnicamente aptos para la titulación que no avanzan debido, principalmente, a la imposibilidad de cumplir con el pago previo.
La propuesta busca otorgar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, facilitando posteriormente el acceso al crédito formal, la inversión, la tecnificación y el desarrollo productivo de las fincas. Asimismo, contempla una consideración especial para las mujeres campesinas, particularmente aquellas que son cabeza de familia.