El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, cuestionó que la exsenadora Kattya González tenga acceso a información privilegiada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en relación a su causa, incluso el sentido y la cantidad de votos para resolver su acción que podría permitir su regreso o no al Senado, luego de ser expulsada a través de un juicio político en febrero del 2024.

“No sé de qué cheque en blanco habla la senadora, con mucho respeto lo digo, recordaba yo que los ministros en su mayoría fueron nombrados por este Senado, pero en el Gobierno anterior con el presidente de la República anterior, entonces mal haríamos nosotros en manejar esa información que, evidentemente ella maneja, una información privilegiada, saber hasta la cantidad de votos, como votan, asusta”, cuestionó Núñez a los medios de prensa en el Senado.

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Recordó también que cuando realizó declaraciones sobre la posible decisión de los miembros de la Corte, fue cuestionado y señalado, pero en el caso de González y su acceso a este tipo de informaciones no se realizaron cuestionamientos.

“En mi caso yo hice una declaración hace unas semanas y decían que manejaba todo, ¿y qué pasa ahora entonces?, la misma situación o peor, porque maneja con números, y les habla una persona que rara vez aparece por el Poder Judicial”, sostuvo el titular del Congreso.

Por otra parte, también apuntó a que las autoridades de los demás poderes y extrapoderes del Estado fueron designados en el periodo anterior y aseguró que el oficialismo no ejerce ninguna presión a los mismos, más aún al poder Judicial.

“Ellos pusieron el fiscal general, pusieron los ministros de la Corte, hasta el contralor actual, nosotros encontramos a estas personas que están trabajando con sus luces y sus sombras, entonces, respetar la institucionalidad y cada poder. Vamos a esperar el resultado de la Corte y después vemos”, sentenció.

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El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática. La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas instituciones estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

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Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados. Igualmente, cuenta con atribuciones específicas para asistir a compatriotas víctimas de trata de personas, violencia o situaciones de riesgo en otros países.

También se contempla la transferencia total de los activos de la secretaría a la Cancillería como bienes muebles, bienes inmuebles, recursos financieros, documentación institucional y programas en ejecución.

Además, permite a la Cancillería asumir competencias más amplias como diseñar y fiscalizar políticas de repatriación, coordinar la asistencia de paraguayos retornados y negociar acuerdos internacionales vinculados a la migración y retorno. Otra facultad será llevar los registros de paraguayos residentes en el exterior, coordinar programas de reasentamiento, gestionar asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad y expedir certificados de repatriación para acceder a beneficios legales.

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A la vez, estipula que todos los funcionarios permanentes de la Secretaría de Repatriados pasarán a integrar automáticamente el plantel de la Cancillería, garantizando la antigüedad, los derechos laborales adquiridos, los aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de los cargos.

Sin embargo, no pasarán a formar parte del escalafón diplomático y consular, por lo que seguirán rigiéndose a la normativa aplicable a los funcionarios públicos de la administración central y no por el régimen especial de la carrera diplomática.

Los funcionarios contratados de dicha secretaría que quedará extinta mantendrán la vigencia de sus contratos bajo las condiciones establecidas hasta su vencimiento. En caso de promulgarse el proyecto de ley quedará erradicado el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaría de Repatriados.

Por otra parte, la propuesta mantiene los incentivos destinado a fomentar el retorno de connacionales que hayan residido en el exterior durante al menos dos años consecutivos. El proyecto detalla que quienes cumplan con este requisito podrán ingresar al país, por única vez y libres de tributos.

Con relación al menaje de hogar, se establece hasta un valor equivalente a 850 jornales mínimo diarios, para herramientas y maquinarias de trabajo se estipula hasta un valor de 3.000 jornales mínimos diarios mientras que para los vehículos utilitarios se establece hasta 1.700 jornales mínimos diarios, siempre que tenga al menos 3 años de uso.

El proyecto de ley estipula que estos bienes no podrán ser vendidos, transferidos, ni cedidos durante un periodo de 3 años y en caso de incumplimiento, deberán abonar los impuestos correspondientes y podrán aplicarse sanciones por defraudación fiscal.

El senador y candidato a la presidencia del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Dionisio Amarilla, sostuvo que la agrupación política está recuperando su identidad, con la polca liberal y la bandera azul. Las expresiones del legislador se dan en el contexto de crítica a un sector del partido que responde al senador Ever Villalba y otros, que se aliaron con Miguel Prieto de Yo Creo.

“Por supuesto que el Partido Liberal Radical Auténtico está encontrando su resurgir a partir de esta interna partidaria, escépticos estaban aquellos quienes veían cómo los liberales volvimos a salir a las calles, volvimos a identificarnos con nuestro color azul, conste que el sector de ellos estaba pintado de naranja porque viven colgándose del saco de Miguel Prieto”, criticó Amarilla en entrevista a la 1020 AM.

Amarilla se refirió a las elecciones complementarias de Ciudad del Este, Alto Paraná, donde dirigentes liberales pactaron con Miguel Prieto y Javier Pereira Mujica, y en ese entonces surgieron los cuestionamientos de la supuesta prohibición del uso de la bandera y polca liberal en los actos políticos.

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“Hoy observamos cómo el partido se ha movilizado devuelta porque fuimos el primer equipo que planteó reuniones masivas, banderas azules de vuelta, la polca del partido. Esa va a ser la línea de trabajo al interior del partido, con transparencia, con honestidad, apostando a integrar a más personas. Creo que logramos nuestro objetivo, movilizar a la gente y por sobre todas las cosas, sumar a referentes socialmente respetados y admirados”, apuntó.

Amarilla aseguró que de llegar a la presidencia del Directorio su objetivo será que el PLRA lidere el proyecto político electoral para las elecciones nacionales. “Ya con nuestra victoria nosotros vamos a buscar primero en filas liberales al hombre o la mujer que pueda presidir la República en el 2028, y si tenemos que hacer un gran acuerdo con otros sectores, que hoy están en competencia también así sean del signo político del partido de gobierno, que se defina en un gran padrón abierto a nivel país y que de ahí surja”, aseguró.

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Por iniciativa de la Comisión de Obras Públicas del Senado, este miércoles se realizó una reunión técnica con especialistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se evaluó el proyecto que modifica la Ley de la Reserva Ñu Guazú.

Durante la exposición de motivos de la propuesta, se explicó que la iniciativa guarda relación con el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el MOPC y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), para la cesión de una superficie del Área Silvestre Protegida Ñu Guazú, destinada a la ampliación de la ruta Tape Tujá.

Según lo expuesto, el convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la cesión, a título oneroso, de una porción del inmueble correspondiente a la Reserva de Recursos Manejados Ñu Guazú, a fin de posibilitar la ejecución de obras de infraestructura vial.

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Sobre el punto, el director de la comisión asesora, ingeniero José Duré, indicó que la iniciativa tiene como finalidad permitir la ejecución de obras vinculadas al Corredor Vial en la zona de Tape Tujá. Explicó que los senadores integrantes del ente asesor solicitaron información complementaria para profundizar el análisis técnico de diversos aspectos del proyecto.

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