El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que “establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales”. Los ministros de Economía y de Industria y Comercio, Carlos Fernández Valdovinos y Javier Giménez respectivamente, destacaron la relevancia de esta iniciativa y sus beneficios para la diversificación de la economía.

Ambos ministros formaron parte de una audiencia pública en la que se analizó la propuesta legislativa, que permitirá a los importadores seguir adquiriendo productos del exterior, pero con la opción de importar piezas y ensamblarlas en el país, lo que otorgará ventajas arancelarias y contribuirá a la generación de empleo.

“El ensamblaje es un área nueva, con mucho potencial para la creación de puestos de trabajo, pero consideramos que es lo que Paraguay necesita de acá para adelante”, expresó el ministro Fernández Valdovinos en medio de la audiencia pública en la que se defendió todo el paquete de proyectos en materia económica.

De acuerdo a lo explicado por el titular del MIC, esta iniciativa también surge en un contexto internacional particular, en el que las últimas disposiciones arancelarias de Estados Unidos, que inicialmente fijaron un 145 % y luego se ajustaron al 30 % para las importaciones provenientes de China, además de un gravamen del 50 % aplicado a las exportaciones brasileñas, abren una ventana estratégica para que Paraguay se consolide como un polo regional de ensamblaje.

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El proyecto abarca la producción de bienes como televisores, heladeras, microondas y acondicionadores de aire, que llevarían la etiqueta “Hecho en Paraguay” para su venta tanto en el mercado local como en el internacional.

De hecho, en la exposición de motivos de la propuesta, indican que a la fecha, el sector manufacturero representa el 19,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, las actividades de valor agregado como el ensamblaje de productos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones aún “tienen una presencia marginal, lo que representa una oportunidad concreta para diversificar e innovar en la industria”.

En esta misma línea, sostienen que la puesta en marcha de una política nacional para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales, posee un alto potencial para impulsar el desarrollo del país y consideran que permitiría atraer nuevas inversiones, promover la industrialización tecnológica, estimular la innovación y la transferencia de conocimientos, además de favorecer la incorporación de mayor valor agregado nacional.

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Medios internacionales se han hecho eco de este proyecto que se da en medio de la “guerra arancelaria” entre China y Estados Unidos, que permitirá al Paraguay poder posicionarse en materia del ensamblaje, a la par de diversificar la economía más allá del agro y la ganadería, tomando como referencia experiencias de Argentina y Brasil.

Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.

El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.

En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.

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El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.

La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.

En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de septiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este Gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

El sociólogo y titular de la ANEAES, José Fernando Duarte, manifestó que el presidente de la República, Santiago Peña, en el transcurso de sus dos años de gobierno hizo una fuerte apuesta por una agenda social, en consonancia con las banderas históricas del Partido Colorado. Asimismo, calificó a la administración del economista como reformista y consolidada.

“A inicios del siglo XXI, el Partido Colorado ha creado por primera vez en la historia del Estado paraguayo una política social seria, moderna, como fueron las transferencias condicionadas y esto ha perdurado y ha sido llevado adelante de manera progresiva por diferentes gobiernos. Al empuje modernizador del Partido Colorado que sentó las bases sociales y económicas del Paraguay contemporáneo, el gobierno del presidente Peña le da un nuevo impulso, un punto de inflexión y está demostrando que es un gobierno reformista”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Duarte afirmó que el gobierno de Peña se encuentra “plenamente consolidado” gracias al firme respaldo del Partido Colorado, liderado por el exmandatario Horacio Cartes, destacando que este apoyo se sustenta en que el coloradismo es un verdadero partido político, con mecanismos efectivos de ejercicio del poder. “Esto nunca lo tuvo otro gobierno en el periodo democrático. El respaldo colorado a Santiago Peña se refleja en las mayorías parlamentarias que necesita el Ejecutivo y que son clave para aprobar las reformas que impulsa el presidente”, señaló.

El sociólogo mencionó que el programa Hambre Cero en las Escuelas refleja la voluntad reformista y el compromiso social que tiene el gobierno de Peña. “Esta es la política pública más conocida por los paraguayos, aproximadamente el 98 % de la ciudadanía está al tanto de este programa. Las críticas iniciales que hubo contra esta iniciativa se apagaron y hoy cuenta con una aceptación enorme”, indicó.

Asimismo, acotó: “El programa Hambre Cero en las Escuelas apunta a ser una política universal en su cobertura. Es el programa más importante que tiene el gobierno e irá demostrando que marcará un antes y un después en el Paraguay, por garantizar las condiciones materiales efectivas en el acceso a la educación, reducir las brechas de desigualdad y por el impacto en las familias que sienten un ahorro ya que sus hijos tienen la alimentación asegurada dentro del ámbito escolar. La política consiste en la decisión de prioridades, y que este programa sea una prioridad es la marca de este gobierno, su apuesta más contundente”.

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Duarte también destacó las políticas públicas en materia de viviendas sociales y sanitaria impulsadas bajo el mandato de Peña. Respecto al primer punto, resaltó el programa Che Róga Porã, destinado a las familias de clase media.

“Esta iniciativa es una apuesta a un sector emergente que en el Paraguay se viene consolidando desde el 2003 en adelante. La vivienda es central porque mediante ella empieza la posibilidad de planificar una familia, de tener no solo dignidad, sino sentirse en un lugar que arraiga la identidad y el sentido de pertenencia a a una nación”, puntualizó.

En el área de la salud, Duarte destacó la construcción y el equipamiento de hospitales de gran envergadura en ejecución, señalando que es momento de priorizar la formación médica con enfoque de soberanía nacional.

Finalmente, valoró la labor del ministro Carlos Fernández Valdovinos, cuya reestructuración de la gobernanza pública ha permitido una integración más sólida del Estado, optimización de recursos y aumento en las recaudaciones, consolidando un modelo administrativo articulado y orientado a resultados.

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• Juan Marcelo Pereira
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A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.

En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausen­tismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.

La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.

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Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.

La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.

La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.

Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.

La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.

Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.

A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.

La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.

También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.

Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.

Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.

Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).

La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.

Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.

Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en pro­yectos de iniciativa privada para infraestructura y ser­vicios públicos.

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En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.

Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.

Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:

• IPS
• la Caja Fiscal
• la Caja Municipal
• la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
• la Caja de Itaipú
• la Caja Ferroviaria
• la Caja Parlamentaria
• la Caja Bancaria

El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.

Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.

El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.

Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.

Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.

La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.

El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.

Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.

El Ejecutivo también impulsó la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.