El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 37 votos y 8 ausencias el desafuero del senador Hernán Rivas. El propio legislador puso a consideración de sus colegas la solicitud de su desafuero, y tras un breve debate el pleno decidió aprobar el pedido, a fin de que el legislador se someta al proceso de investigación en el ámbito judicial.
“A raíz de la imputación efectuada por la agente fiscal Patricia Sánchez he decidido voluntariamente someterme a los mandatos judiciales y por ende solicito que, en la sesión prevista para el 15 de febrero, se haga lugar al pedido de desafuero solicitado por el juez Miguel Palacios”, señala el documento remitido por Rivas al pleno del Senado.
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El pleno de la Cámara se constituyó en comisión para abrir el debate sobre el pedido de desafuero y luego de las exposiciones de posturas de los legisladores, se procedió a la votación y por mayoría se resolvió retirar los fueros a Rivas.
La Unidad Penal n.° 5 del Ministerio Público imputó al senador Hernán Rivas por la supuesta comisión de hechos punibles. El legislador es señalado por la Fiscalía por la posible producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
La investigación al senador Rivas nace a raíz de las sospechas de falta de autenticidad del título de abogado y del certificado de estudios expedido por la Universidad Sudamericana, en el que se consignó que el legislador cursó la carrera de Derecho entre el 2010 y 2015, pero según el acta del Ministerio Público, no existen documentos académicos que avalen esto.
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TSJE rechaza retornar a las papeletas y defiende la credibilidad de las máquinas de votación
Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) defendieron ante la Cámara de Senadores la seguridad y confianza que garantiza el uso de las máquinas de votación en los procesos electorales. A la vez recordaron que el sistema electoral paraguayo se destaca a nivel internacional por su solidez.
El titular del órgano electoral, Jaime Bestard, indicó que retornar al uso de las papeletas en los comicios municipales del 2026 y las generales del 2028 es “un retroceso” y que la implementación del sistema electrónico “facilitó enormemente el escrutinio y el juzgamiento”.
“Fue una reunión sumamente positiva, se ha planteado las dudas que pueden tener los legisladores y la población sobre temas como la ciberseguridad, si las máquinas de votación son confiables y todo esto fue contestado. El volver a las papeletas es una prohibición absoluta por imperio de una ley vigente, el cual establece el sistema de listas desbloqueadas y voto preferencial. Además la norma impone para los cargos plurinominales el uso del voto electrónico, acá no hay ninguna salida", comentó en una conferencia de prensa.
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Agregó que la aplicación del sistema electrónico en los pasados comicios evitó la existencia de distorsiones y fraudes. “A nosotros nos parece que retornar a las papeletas será un retroceso, no se puede, salvo que el parlamento considere la presentación de un proyecto para retornar a las listas cerradas o sábanas y esto yo creo que no le agradará a la ciudadanía. A nivel electoral nuestro sistema es considerado sólido, robusto”, puntualizó.
Bestard indicó que desde el TSJE consideran necesaria la implementación de un nuevo mecanismo de control electoral, referente a que cada elector plasme su huella dactilar luego de votar, justo antes de entintarse el dedo. “Esto será un avance y es el eslabón que falta para asegurar todo el proceso electoral porque evitaría lo que se llama el voto calesita o el voto de personas que simulan la identidad de otras“, comentó.
Por otra parte, aseguró que es posible contar con las 23.000 máquinas de votación para las elecciones municipales del 2026, esto teniendo en cuenta todas las trabas que sufrió en los últimos meses el proceso de licitación para la adquisición de los aparatos electrónicos. “Nosotros estamos dentro del cronograma. Ahora la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se debe expedir sobre las protestas presentadas”, mencionó.
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Argentina: diputados rechazan veto de Milei a fondos para discapacitados; falta el Senado
La Cámara baja del Congreso argentino rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba fondos para personas con discapacidad, y ahora el Senado deberá definir si el bloqueo del mandatario sigue en pie.
Aprobada por el Congreso en julio, la ley declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.
Restablecía además el cupo laboral en el Estado para personas discapacitadas, eliminado por la administración de Milei.
El rechazo al veto alcanzó los dos tercios necesarios: 172 diputados votaron su anulación, 73 en contra y 2 se abstuvieron.
Mientras el Senado no rechace también el veto del presidente ultraliberal, este seguirá vigente.
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Milei, que asumió en diciembre de 2023, sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad atenta contra el superávit en las cuentas públicas que su gobierno, a fuerza de ajuste fiscal, consiguió en 2024 por primera vez desde 2010.
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB. Se espera que este miércoles la Cámara baja trate además el veto de Milei a un aumento de las jubilaciones, aprobado también en julio.
La ley vetada contemplaba un aumento de 7,2 % más un bono de unos 100 dólares para los que reciben la pensión mínima. La pensión y el bono actualmente suman unos 260 dólares mensuales, un tercio de la canasta básica del adulto mayor.
- Fuente: AFP
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Senador repudia respaldo opositor a Prieto pese a hechos de corrupción constatados
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.
“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
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“Robos asquerosos"
Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.
“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.
En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.
Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.
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Ministra pide al Senado rechazar proyecto que exonera cobro de peajes a lugareños
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Claudia Centurión, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de solicitar el rechazo del proyecto que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de tasa de peajes del país.
La funcionaria de Estado comentó que el pago de peaje es importante para su institución porque permite generar recursos para la construcción de nuevas rutas y para los mantenimientos. La propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Nuestra posición siempre es pensando en los fondos que dispone el Ministerio de Obras Públicas para no solo construir, sino mantener las rutas. Parte importante de esa estructura de costos tiene relación con la recaudación de peajes”, indicó a los medios de comunicación.
Asimismo, Centurión manifestó que “sin embargo la buena noticia es que desde el ministerio se trabaja en la modernización de los peajes, en tecnologías para todo el país, y esto va a poder permitir en el corto y mediano plazo se cuenta con mucha mayor información y los datos reales de los usuarios frecuentes. Ahora también el registro de patente generará mucha información adicional para generar con datos reales mejoras, beneficios, incentivos para aquellos usuarios frecuentes del peaje".
La objeción de Centurión a la iniciativa cuenta con el respaldo de las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, bajo el argumento de que no existe una fuente económica que reemplace el ingreso obtenido mediante la aplicación de peajes. El proyecto impulsado por el diputado Hugo Meza, en su artículo 3, contempla exonerar el pago del 100 % para los ciudadanos habitantes de los distritos donde están ubicados los puestos.
Mientras que, en su artículo 4, estipula la exoneración del 50 % del pago a los habitantes de los distritos de los departamentos donde están ubicados los puestos de peaje. En ambos casos el beneficio solo podrá ser usado dos veces diarias por cada vehículo, es decir, ida y vuelta, y solo en sus respectivos puestos de peajes.