La Cámara de Diputados analizará en sesión de la próxima semana un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos dura el período 1954-1989. De ser aprobado el proyecto beneficiará a quienes cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 4381/2011.

Según el documento, se busca poner fin a la revictimización que padecen ante la burocracia estatal quienes ya fueron reconocidos como víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se aclara que se resolverá exclusivamente las solicitudes de indemnización presentadas durante la plena vigencia de la Ley Nº 838/96. En su artículo 3, esa norma establecía que la Defensoría del Pueblo era el ente encargado de recibir y evaluar los reclamos.

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La ley fijaba además que el proceso no debía superar los 90 días y requería la revisión y el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, dejaba claramente establecido que dicho dictamen no era vinculante para la decisión final de la Defensoría.

El proyecto también aclara que esa disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, que dispone que la Defensoría debe remitir las pruebas a la PGR para que esta emita un dictamen en un plazo de 30 días. Con la reforma, el dictamen pasó a ser un requisito previo para que la Defensoría resuelva sobre la calificación y la indemnización.

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Los diputados colorados Francisco Petersen y Carlos Núñez Salinas representaron a Paraguay en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, realizado en Madrid y organizado por las Cortes Generales de España con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

El encuentro fue inaugurado por el Rey de España Felipe VI en el Congreso de los Diputados. Reunió a delegaciones de los países de la región para dialogar sobre el impacto de la inteligencia artificial; la fragmentación, la polarización, la desinformación y el populismo; la igualdad de género; y la vigencia de la diplomacia parlamentaria.

A través de sus redes sociales, el diputado Petersen calificó la jornada como “una valiosa jornada de diálogo, intercambio y cooperación” entre los parlamentos iberoamericanos. Señaló que fue una oportunidad para abordar los desafíos compartidos y el futuro de las democracias.

El legislador subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la presencia de Paraguay y de construir vínculos que permitan avanzar hacia una Iberoamérica “más integrada, democrática y próspera”. Cerró su mensaje expresando orgullo por representar al país.

Por otro lado, el diputado Núñez Salinas mencionó que la reunión se centró en reforzar la agenda birregional y ampliar la cooperación entre América Latina, el Caribe y Europa. Comentó que los parlamentarios coincidieron en estrechar el diálogo entre los legislativos y en usar la diplomacia parlamentaria para construir consensos y promover respuestas conjuntas a desafíos comunes.

Al término del foro, las delegaciones adoptaron compromisos comunes: reforzar la supervisión parlamentaria de la inteligencia artificial, impulsar la democracia paritaria y la igualdad de género, y combatir la polarización, la desinformación y el crimen organizado.

También participaron representantes del Parlamento Europeo, el Parlamento Andino, el Parlatino, el Parlasur, Parlamericas y EuroLat. Los compromisos se suman a la hoja de ruta hacia la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará también en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, fue elegido por aclamación unánime como presidente de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra este viernes para considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas. En tanto que su homólogo de República Dominicana Víctor “Ito” Bisonó, fue elegido vicepresidente.

A través de la Cancillería Nacional mencionaron que la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es uno de los principales órganos políticos del mencionado organismo para responder a situaciones urgentes y de interés común para los Estados Americanos.

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Esta reunión fue convocada por el Consejo Permanente, se celebrará en la sede de la Secretaría General de la OEA, en Washington, D.C., sin la participación de Nicaragua, debido a que el país formalizó su retiro del organismo en 2023. Desde el organismo regional explican que esta “reunión de consulta”, es un instrumento poco común en la OEA.

En la ocasión, los Estados miembros expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país y aprobaron una resolución que urge a las autoridades nicaragüenses a adoptar medidas para la restauración de la democracia y el Estado de derecho.

En su discurso, el canciller señaló que, más allá de las diferencias y particularidades de cada nación, los países del hemisferio comparten el compromiso de defender la voluntad popular, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

“Ese compromiso común debe orientar nuestro diálogo y nuestra cooperación, con pleno respeto a la soberanía de nuestros países”, expresó.

Señaló que la OEA, como organización pionera del multilateralismo, no puede permanecer ajena a ninguna situación que atente contra la democracia en la región y manifestó su preocupación por las condiciones que atraviesa la población nicaragüense, particularmente por las restricciones a sus derechos políticos y humanos.

De la reunión también participó el subsecretario de Estado de los EE. UU,, Christopher Landau, quien entre otras cosas señaló que es importante para la región que en Nicaragua se restaure el Estado de derecho.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, celebró la aprobación de la resolución y destacó que la reunión constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso de Paraguay con el pueblo nicaragüense. “Paraguay no los olvida y hará lo imposible para que el pueblo nicaragüense sea libre”, expresó.

Asimismo, recordó que el presidente de la República, Santiago Peña, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo referencia a la fragilidad y al deterioro de la democracia en algunos países del hemisferio y remarcó la necesidad de no guardar silencio ante estas situaciones.

Finalmente, sostuvo que la OEA no puede permanecer en silencio, considerando que la sociedad civil, los ciudadanos nicaragüenses y quienes se encuentran en el exilio esperan del organismo no solo una declaración, sino también acciones concretas.

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El presidente de la República, Santiago Peña, recibió esta mañana al canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, para evaluar la agenda internacional prevista en Washington donde participará de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realizará este viernes 2 de octubre.

A través de las redes sociales de la Presidencia, informaron que durante este encuentro las autoridades diplomáticas de la región abordarán, entre otros temas, la situación de la democracia a nivel regional; sobre todo una de las principales preocupaciones de los Estados miembros es la situación política de Nicaragua.

Además, el canciller paraguayo tendrá la oportunidad de analizar con sus colegas del hemisferio aquellas amenazas regionales que representen un peligro para los países democráticos.

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El deterioro de la democracia en Nicaragua es un tema que preocupa a toda la región, por lo que desde el organismo regional estarán analizando las eventuales acciones apropiadas a tomar frente a las recientes reformas políticas y restricciones democráticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Reunión de Consultas de Cancilleres de la OEA, fue convocada por el Consejo Permanente y se celebrará sin la participación de Nicaragua, debido a que el país formalizó su retiro del organismo en 2023. Desde el organismo regional explican que esta “reunión de consulta”, es un instrumento poco común en la OEA.

Nicaragua está gobernada con mano de hierro por una pareja presidencial, el exguerrillero izquierdista Daniel Ortega (80 años) y su esposa Rosario Murillo. Ese fuerte control sobre la sociedad aumentó tras las protestas en 2018, que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.

Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno. Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios.

En los últimos cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales, tras una reforma constitucional aprobada a finales de 2024, que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murilo a copresidenta.

Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027, pero Ortega anunció recientemente que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)” puedan tomar el poder. El parlamento nicaragüense ratificó esa medida.

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