El procurador general de la República, Marco Aurelio González, propuesto para el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) por parte de la Presidencia de la República, resaltó la independencia técnica de la banca matriz y sostuvo que su éxito radica en una inflación y una devaluación controlada.

González, quien fue nominado para integrar el Directorio del BCP y cuya confirmación depende del Senado, destacó que la institución ejerce sus funciones con autonomía y con rigor técnico, lo que se traduce en niveles de inflación controlados y una moneda con leve devaluación.

“El Banco Central es un órgano constitucional autónomo, tiene independencia técnica. A los efectos de la estabilidad de la moneda tiene mucha más relevancia el BCP, algo muy importante a nivel país para la economía”, dijo este viernes a la 1020 AM.

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Sobre su nominación, explicó que fue convocado por el presidente de la República tras recomendaciones del titular del BCP, Carlos Carvallo, quien sugirió la integración de un abogado en el Directorio de la banca matriz.

“Me comentó el presidente de la República que el presidente del BCP hace tiempo le pide un abogado en el Directorio, como era costumbre anteriormente y ahora no hay muchos desafíos regulatorios y que ambos confían en mi capacidad, yo soy de ahí, conozco el ambiente y creen que puedo aportar”, expresó.

De recibir luz verde en la Cámara de Senadores, González asumirá formalmente a partir del 15 de agosto, en reemplazo de Humberto Colmán, quien había sido designado durante el gobierno anterior y cuyo mandato vence en la mencionada fecha.

La nominación fue anunciada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que cuenta con el respaldo pleno del Poder Ejecutivo y de las máximas autoridades del BCP.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernández Valdovinos resaltó el perfil técnico y académico de González, a quien describió como “una gran persona y un gran profesional, principalmente de la casa”, en alusión a su extensa trayectoria en la institución monetaria.

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El presidente de la República, Santiago Peña, nominó al actual procurador general de la República, Marco Aurelio González, como nuevo miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). La propuesta ya fue remitida al Congreso Nacional, donde deberá ser aprobada por el Senado.

De recibir luz verde en la Cámara de Senadores, asumirá formalmente a partir del 15 de agosto de 2025, en reemplazo de Humberto Colman, quien había sido designado durante el gobierno anterior y cuyo mandato vence en la mencionada fecha.

La nominación fue anunciada por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que cuenta con el respaldo pleno del Ejecutivo y de las máximas autoridades del BCP.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernández Valdovinos resaltó el perfil técnico y académico de González, a quien describió como “una gran persona y un gran profesional, principalmente de la casa”, en alusión a su extensa trayectoria en la institución monetaria.

“Luego de dos años de estupenda labor como procurador general de la República, Marco vuelve a su casa, que es el Banco Central del Paraguay, con todo el apoyo del presidente de la República, del presidente del BCP, del Directorio y de mi persona”, afirmó el titular de la cartera económica.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, valoró la designación y subrayó la experiencia y el conocimiento institucional del propuesto director.

“Para el Banco Central, el doctor Marco Aurelio González es una garantía absoluta. Tiene más de 25 años de experiencia en la institución y ha pasado por casi todos los cargos del área jurídica”, destacó Carvallo.

Carvallo también hizo hincapié en la trayectoria académica de González, acotando que es doctor en Derecho por una universidad extranjera, con tres maestrías en Derecho, profesor universitario y referente académico tanto a nivel nacional como internacional. “Reúne los méritos más que suficientes para ocupar el cargo para el cual fue propuesto”, concluyó.

A su turno, González agradeció la propuesta y expresó el profundo significado que tiene para él volver al BCP. “No puedo contar la historia de mi vida sin el Banco Central. Me permitió formarme, saber quién soy. Volver, si el Senado lo aprueba, es un motivo de orgullo enorme”, expresó.

Valoró el respaldo de las autoridades que avalaron su nominación, en particular el del presidente de la República, el ministro de Economía y el presidente del BCP, a quienes elogió por su integridad moral y su compromiso técnico con el país.

González acotó que seguirá como procurador general de la República hasta que el Senado apruebe su designación, ya que no puede estar en ambos cargos al mismo tiempo, o que el mandatario decida cambiarlo antes del 15 de agosto.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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• por Lourdes Torres - Periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El ingeniero José Tomás Rivarola, excoordinador del proyecto Metrobús del Ministerio de Obras Públicas, señaló que hoy sería difícil definir el impacto que hubiera tenido si no se abortara el proyecto y llegara a término. Sostuvo, que hoy sigue siendo una propuesta vigente, ya que hasta ahora es la mejor solución frente al actual problema de transporte público.

Durante una entrevista con el Diario La Nación/Nación Media, el excoordinador afirmó que el Metrobús fue y sigue siendo un plan de cambio de modelo completo en la forma de gestión, ya que no se trataba solamente una cuestión de los buses y sus troncales. “Era todo un cambio de paradigmas en el sistema de transporte público. Por eso, hoy se hace difícil dimensionar el cambio que hubiera traído si llegaba a término”, indicó.

Como formó parte del proceso desde el inicio de su ejecución, el Ing. Rivarola explicó que este proyecto no es que nació bajo el gobierno del expresidente Horacio Cartes, sino que ya fue el tercer gobierno que venía planificando su ejecución. Sostuvo que llevar adelante este tipo de proyectos necesariamente involucra a 3 o 4 gobiernos para que finalmente se pueda concretar.

“El Metrobús, no era solamente la puesta en marcha de buses, era un conjunto de proyectos que complementaban al sistema de transporte. Por eso, para mí, es inexplicable la cancelación del proyecto. Bueno, sí hay explicación, pero obviamente no son técnicas”, lamentó.

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Recordó que al inicio del Gobierno de Abdo, una de las primeras acciones del ministro Wiens, que hizo muy bien, fue intervenir el proyecto. Rivarola señaló que fue parte de esa intervención.

“El informe del interventor contratado por Wiens, más allá que criticaba algunos aspectos, su conclusión fue contundente. Decía que el proyecto debía continuar. Por tanto, Wiens salió en contra incluso de lo que su propio interventor le recomendaba de lo que debía hacer”, acotó.

Contemplaba varios aspectos, como reubicar a todos los vendedores apostados sobre la calle Pettirossi. Teníamos el terreno, la propuesta, estaba totalmente diseñado, financiado, sin objeción de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una inversión de 5 millones de dólares para construir como un shopping a cielo abierto.

Este solo proyecto justificada el esfuerzo. Si bien, era complementario al Metrobús, no estaba atado a él, es decir era independiente. Como éste había otros proyecto satélite del Metrobús que se estaba trabajando, y que, con la cancelación del proyecto principal, los demás proyectos quedaron más que suspendidos, abandonados.

Lo más triste de todo esto, es que los recursos estaban disponibles. Había proyecto, había recursos, así como había problemas, desde luego, porque cualquier proyecto de esta envergadura tiene problemas. Pero también había soluciones, y sobre todo había los recursos para brindar esas soluciones.

De alguna manera lo que ahora está impulsando el Viceministerio de Transporte, recoge algunas de las ideas de lo que estábamos trabajando con el proyecto Metrobús. Por ejemplo, con la licitación prevista para el sistema de transporte se iba a romper la dependencia de la empresa de transporte, en relación a la necesidad de los pagos. Como ahora opera el sistema Búho, que está operando de esa forma. Lo que se recoge va a una cuenta fiduciaria y no tiene relación directa con lo que la empresa cobra.

Los términos de referencia que se estaba preparando con respecto a los vehículos, era un servicio mixto. Es decir que un 20 % de la flota sea eléctrica. Recordemos que hace unos años el sistema eléctrico no tenía el desarrollo que hoy tiene. Mientras que el 80 % sean vehículos diésel euro 6, que produce un nivel de contaminación muy inferior a lo que en este momento existe.

Claro que atravesamos obstáculos, y uno fue central, de ella derivaron otros obstáculos; y que, siendo honesto, nosotros no habíamos encontrado rápidamente una solución, y cuando la hallamos ya fue tarde para el gobierno de Cartes y necesariamente debía continuar en el siguiente gobierno.

La avenida Eusebio Ayala y su continuación la ruta Mcal. Estigarribia, no es propiedad del Estado paraguayo o las respectivas municipalidades. En términos de título de propiedad, la avenida y la ruta pertenece a los frentistas, porque cuando se ensanchó la ruta, muchos vecinos no fueron indemnizados.

Con el equipo del MOPC buscamos la forma de expropiar, sin embargo, en aquel momento el procurador general del Estado advirtió a través de un dictamen, dado que el Estado venía ocupando ese espacio en más de 30 años no correspondía indemnizar y que si se indemnizaba ahí si se iba a generar una lesión de confianza en verdad, y no lo que luego quisieron señalar al ministro Ramón Jiménez Gaona.

Se logró alcanzar una alternativa de solución al problema y que se le planteó ya al nuevo titular del MOPC, entonces Arnoldo Wiens, la propuesta era llevar a instancias judiciales, y que sea un juez el que determine si correspondía o no indemnizar al frentista, y ese paso es lo que la nueva administración ya no quiso dar.

La propuesta pasó incluso por asesoría jurídica que estaba de acuerdo, teníamos los dictámenes, de cómo se debía proceder. Teníamos los recursos en el banco, que justamente para mí lo más lamentable es que teniendo los recursos, no se aprovechó.

Porque no es verdad que no haya habido recursos, estaba previsto ese dinero, tuvimos ese impase jurídico con la Procuraduría General, terminamos encontrando una solución técnica viable para salvar la situación. Pero lastimosamente, ya no había voluntad política de seguir sosteniendo el trabajo.

Incluso, conforme a la Ley de Expropiación, se establece que en el momento que se daba inicio al juicio las obras podrían continuar. Entonces, al ser un juez el que determinara el pago de la indemnización, dejaba de ser una cuestión administrativa, por tanto, no iba a haber lesión de confianza.

El proyecto comenzó con el gobierno de Fernando Lugo;la financiación del crédito continuó y se gestionó con el gobierno de Federico Franco, y la obra comenzó con el gobierno de Cartes. Este presidente Mario Abdo, habría inaugurado esta obra majestuosa.

Este tipo de trabajo, requiere necesariamente el esfuerzo de al menos 4 gobiernos diferentes. Porque son trabajos muy complejos de mucho esfuerzo y que demanda muchos millones. Pero bueno, primaron otros tipos de intereses y revanchismos, y en lugar de ponerle polenta y sacar adelante; incluso podían descalificar al equipo anterior por no hallar la solución a los problemas.

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