Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS y dio su compromiso con las investigaciones.

Gremios de jubilados del Insti­tuto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exi­giendo respuestas a las inves­tigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón, se reunió con los representantes de la Coordi­nadora Nacional de Asegura­dos Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quin­tana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las inves­tigaciones. “A todos los secto­res de la ciudadanía les rea­firmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantiza­mos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con fir­meza y conforme a lo que deter­minen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubi­lados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demos­trar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fisca­lía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto conti­núe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpa­bles tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Cana­tta, a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.

“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.

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De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.

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La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.

Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.

Este martes, gremios de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exigiendo respuestas a las investigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quintana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las investigaciones.

“A todos los sectores de la ciudadanía les reafirmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantizamos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con firmeza y conforme a lo que determinen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

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Gustavo Canata, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demostrar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fiscalía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto continúe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpables tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Canata a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

Agregó que expresaron su preocupación al titular del Ministerio Público que también otras personas deben ser incluidas en el proceso de investigación penal, y apuntaron como verdaderos responsables a los miembros del consejo de la previsional, y que los mismos también deben ser investigados.

“Lo que manifestó el señor fiscal es que como las denuncias fueron innominadas, incluyendo la nuestra que hicimos al inicio del año, no es tan fácil porque tiene que empezar a buscar dentro del proceso a todas aquellas personas que estuvieron involucradas. Lo que le agradecemos al fiscal es que nos da la seguridad que va a continuar el proceso y las personas que estén involucradas van a entrar dentro de este proceso”, señaló el gremialista.

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El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.

“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.

El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.

Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.

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Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.

“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.

Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.

“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.

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