El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al proyecto “Hambre cero en las escuelas” que fue presentado este lunes por el Gobierno, señalando que “estaría logrando un sueño anhelado por décadas, el 100% de cobertura versus el 5% que se tiene actualmente” en alimentación escolar.
Precisó que el objetivo principal es que los niños asistan a las escuelas y reciban una alimentación adecuada para su desarrollo. “En muchos casos, es el único alimento que reciben en el día, de ahí su vital importancia”, expresó el parlamentario.
Gamarra explicó que “va a aumentar el número de niños y escuelas beneficiadas en cada comunidad” y añadió que “los más beneficiados serán los intendentes y gobernadores”.
En comunicación con La Nación/Nación Media, indicó que el debate debe girar en torno al modelo y las garantías que ofrece esta iniciativa para dar una cobertura plena e instó a no perder el tiempo en quién administrará los recursos, dado que históricamente el modelo actual sirvió para la mala utilización del dinero.
Recursos no llegan
Más de 550 millones de dólares fueron disponibilizados a comunas, gobernaciones y la cartera educativa para que menos del 15 por ciento de los estudiantes (200 mil de 1,3 millones) reciban su ración de comida.
De acuerdo a un informe del año 2022 del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), en el marco del Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (Sisvan), la desnutrición global en Paraguay en la franja etaria de 5 años –la edad crucial para el desarrollo integral de un niño– es del 5,3 por ciento y la desnutrición aguda del 5,7 por ciento.
En tanto que cifras de Nutrición y Desarrollo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), refieren que en Paraguay casi un 15 por ciento de los niños sufre desnutrición crónica, un porcentaje que trepa al 20 por ciento cuando se habla de los infantes pertenecientes a las comunidades indígenas.
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Allanan residencia de Santiago Peña en San Bernardino
Alrededor de las 19:00 de este domingo se supo sobre el allanamiento realizado en la residencia del expresidente de la República, Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, más precisamente en la zona conocida como Ciervo Cua. Los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore se encuentran encabezando el operativo.
Los intervinientes revisaron muebles, cajones y dependencia en busca de elementos que puedan ayudar a la investigación. El procedimiento tiene como objetivo avanzar en las diligencias en el marco de la causa que investiga presuntos hechos punibles vinculados al caso Ueno Bank, informaron desde el Ministerio Público.
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De acuerdo con los primeros datos reportados por diferentes medios, en el interior de la edificación habría una bóveda fortificada. La bóveda estaría oculta en un espacio con revestimiento de piedra. El inmueble se encuentra en un exclusivo barrio de esta comunidad y cuenta con una vista privilegiada hacia el lago Ypacaraí.
El exmandatario se encuentra imputado por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio. Actualmente, cumple prisión preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial.
Según su declaración jurada, la propiedad está valuada en G. 7.750 millones. Además, la imputación fiscal menciona dos préstamos de Ueno Bank por G. 3.548 millones y cuotas mensuales de G. 239 millones.
El operativo en el departamento de Cordillera se desarrolla bajo resguardo policial mientras la representación fiscal prosigue con las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades legales.
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Por paro docente, no habrá servicio de alimentación escolar este lunes
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informa a la ciudadanía que este lunes, 9 de noviembre, no habrá servicio de alimentación escolar en los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de capital (Asunción) ante la movilización anunciada por gremios docentes.
Las instituciones educativas y los proveedores adjudicados en el marco del llamado a Contratación de Alimentación Escolar fueron alertados de la situación en atención a los comunicados emitidos por los sindicatos del sector educativo del Paraguay que convoca para mañana a una manifestación y a la paralización total de las actividades escolares.
Docentes asociados de la UNE-SN, FECI, FEP y OTEP- A se movilizarán para exigir al Gobierno garantías para la protección de los fondos públicos y jubilatorios; la devolución total de los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal, los 350 millones de dólares del IPS y de los demás fondos afectados. Y el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al 2027, entre otros reclamos del sector.
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Asimismo, se tuvieron en cuenta las comunicaciones recibidas de las instituciones educativas a través de correos electrónicos y las consultas realizadas mediante los grupos de WhatsApp, de las que se desprende que una amplia mayoría se adherirá a la medida de fuerza.
“Ante la incertidumbre respecto al normal desarrollo de las actividades académicas en esta fecha, se dispone la suspensión de la provisión de los servicios de alimentación escolar para esta jornada”, señala el comunicado del MDS.
Desde la institución explicaron que la medida se adopta con el propósito de “resguardar los recursos públicos destinados al programa Hambre Cero y evitar el desperdicio de alimentos” que pudiera generarse como consecuencia de la suspensión o disminución de las actividades escolares.
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Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva. Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Antecedentes
La imputación contra Peña, quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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