El titular del Consejo de Gobernadores, César Sosa, se refirió al inicio de ejecución del “Plan 1.000″, que busca pavimentar mil kilómetros en todos los departamentos del país. Destacó que es un proyecto que además de mejorar la infraestructura vial, permitirá un dinamismo económico importante en los 263 distritos del país, ya que se contratará mano de obra local y uso de material locales.

En conversación con La Nación/Nación Media, indicó que esta ejecución arrancó esta semana en Alto Paraná, donde está prevista la ejecución de más de 300 kilómetros entre asfaltos y empedrados.

Asimismo, señaló que para finales de julio también ya iniciarán en los departamentos de Caazapá, Guairá y Caaguazú, como parte de la primera etapa de empedrados.

“Se busca dinamizar sobre todo la microeconomía, con las empresas locales, materiales locales, y sobre todo mano de obra local. Nos pone muy contentos a nosotros, el poder generar fuente de trabajo, aparte de mejorar la estructura vial en cada departamento”, expresó.

Indicó que con esto se espera que se reactive la economía de la gente en cada distrito del país. “Los 263 distritos del país van a tener empedrados en esta primera etapa y luego en una segunda etapa, de asfalto, con el que vamos a llegar a más de mil kilómetros”, indicó.

Respecto al número de empleos que podría generar, señaló como estimativo, que solo en Alto Paraná, donde ya arrancaron las obras para la construcción de más de 300 kilómetros de pavimentación se estarían movilizando a más de 1.000 personas.

“Estamos realmente esperanzados y confiados en el gran trabajo que vamos a estar realizando en todos los departamentos. Estamos trabajando con cada intendente y gobernador de los diferentes distritos, municipios y gobernaciones”, remarcó.

Al respecto, aclaró que el Plan 1.000 está llegando a todos los municipios del país, sin distinción de bandería política. “Estamos trabajando con los intendentes y gobernadores colorados y liberales, con todos. Realmente los 263 distritos van a tener empedrados y asfaltos. Como dijo el presidente Santiago Peña, sin distinción de colores”, enfatizó.

Por otra parte, el gobernador del Guairá resaltó la gestión que está llevando adelante en su departamento, señalando que siguen trabajando sobre todo en mejorar la infraestructura que por muchos años estuvo olvidada, debido a las peleas entre las distintas autoridades de turno.

Indicó que hoy reina un trabajo unido que realmente es destacable, entre diputados, la gobernación y las diferentes autoridades municipales. “Esto se está reflejando hoy en infraestructura. Tenemos más de 200 cuadras de asfalto, más de 200 cuadras de empedrado; estamos trabajando en los caminos rurales”, precisó.

Igualmente, señaló que este trabajo conjunto también ayuda a reforzar la infraestructura de salud y seguridad, que han recibido más de 24 patrulleras en los últimos tiempos.

“Hoy estamos contentos de ir a Alto Paraná con una nueva ambulancia, más con eso estamos completando dos ambulancias otorgadas por el Gobierno nacional. Creo que ese es el camino, dotarle de infraestructura al departamento que estuvo olvidado por años”, remarcó.

Al respecto del ámbito de la Salud, señaló que hoy, Guairá se ha convertido en el primer departamento a nivel país que llegó al 100 % de la digitalización a través del Sistema de Información de Salud Proyecto HIS, concretado mediante un convenio con la República de China (Taiwán) y el Ministerio de Salud.

“Nos pusimos la camiseta para realmente darle infraestructura y ser el primer departamento digitalizado en lo que es el sistema de salud, ya sea para atención de los pacientes, medicamentos y producción de todos los médicos”, concluyó.

La agencia de calificación de riesgo Moody’s informó ayer jueves en un comunicado que elevó la nota de la deuda a largo plazo de Argentina en dos niveles, de Caa3 a Caa1, aunque se mantiene en la categoría especulativa. La calificadora estadounidense justificó su decisión citando las reformas macroeconómicas recientes, que han contribuido a reducir la inflación y a regresar al crecimiento a finales de 2024.

Estima que el riesgo de un incumplimiento de pagos o de una reestructuración de la deuda ha disminuido gracias al retiro progresivo de las restricciones cambiarias “permitiendo una transición hacia un régimen de cambio más sólido, apoyado en la reconstitución de reservas internacionales”.

La agencia destaca además que la economía del país registró un crecimiento del 5,9 % en el primer trimestre de 2025 “impulsado por la demanda interna y sostenido por una recuperación de la confianza”.

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La calificación de Caa1 tiene una perspectiva “estable”. “La desinflación contribuyó a un alza de los salarios reales, mientras que el ajuste presupuestal ha mejorado la disponibilidad de crédito, ahora menos competido por los préstamos del sector público”, agregó Moody’s.

Desde hace más de un año, Argentina se beneficia de una fuerte tendencia a la baja de los precios. En junio, la inflación interanual se ubicó en el 39,4%, contra el 211% de finales de 2023, al inicio de la presidencia de Javier Milei, y cuando se aplicaron las primeras medidas de austeridad, entre ellas una fuerte devaluación del peso de más del 53%.

En abril, el país recibió préstamos y ayudas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 42.000 millones de dólares en total.

Es el “reconocimiento de los impresionantes avances realizados en la estabilización de la economía” argentina, indicó la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Moody’s precisa en todo caso que la debilidad de las reservas exteriores de Argentina y obstáculos estructurales a la inversión extranjera todavía impiden que la nota supere el nivel Caa1.

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Miles de personas se movilizaron este jueves pasado a la Plaza de Mayo de Buenos Aires bajo la consigna “la salud no se toca” para reclamar por mejoras salariales para los trabajadores de la salud. Con pancartas con leyendas como “recomposición salarial ya” y “el hospital no se toca”, médicos, residentes, enfermeros y trabajadores de otros sindicatos se movilizaron para protestar contra lo que consideran un “vaciamiento sistemático” de la salud pública como parte del drástico plan de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.

“La situación actual es crítica”, dijo a la AFP Ignacio Meza, médico residente del hospital público Fernández, en la movilización. “Tenemos un gran ataque del gobierno nacional hacia la salud pública, donde los ajustes de salario de los trabajadores de la salud afectan directamente a la salud de la población”.

El detonante para la marcha fue la situación del hospital público Garrahan, principal centro pediátrico del país, cuyos trabajadores realizan paros y protestas desde hace meses denunciando una “asfixia salarial”.

“Hay un éxodo masivo de recurso humano capacitado”, dijo el miércoles en CNN Radio el médico neonatólogo del Garrahan Nicolás Morcillo. “El hospital funciona con un presupuesto del 2023 y no sabemos cómo llegaremos a fin de año”.

Meza señaló que en su hospital ve integrantes del personal “cansados y guardias explotadas” ya que “cada vez más pacientes caen (van) al hospital por falta de medicación, porque no logran atenderse en los centros propios de su obra social (privados, ndlr)”.

Mientras se llevaba adelante la protesta, el ministro de Salud, Mario Lugones, desmintió en X que se esté desfinanciando al hospital Garrahan y dijo que se trata de un reordenamiento para “terminar con los curros (trampas) legales y la mala administración”.

Fuente: AFP.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) dio un paso importante hacia una gestión más eficiente al asumir por completo la reparación de calles intervenidas por trabajos en redes sanitarias. Ahora, la reposición del asfalto se realiza con personal, maquinaria y recursos propios de la institución.

Anteriormente, tras una intervención, se debía esperar a que las municipalidades o empresas contratadas se encargaran del recapado. Con el nuevo enfoque, la Essap ejecuta directamente estas obras, optimizando los plazos y asegurando una mayor calidad en el servicio brindado a la ciudadanía.

“Antes cambiábamos el caño y había que esperar que la municipalidad venga a arreglar la calle. Hoy ya no. Ahora lo hacemos nosotros. Con lo que tenemos, pero con todas las ganas”, expresó el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, destacando el compromiso del personal y el uso eficiente de los recursos disponibles.

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Uno de los cambios más significativos es la implementación del asfalto en caliente, en lugar del recapado en frío que realizaban las empresas tercerizadas. Esta técnica garantiza una mejor adherencia del material, mayor resistencia y durabilidad en las calles reparadas.

Además del beneficio técnico, esta modalidad permite a la Essap supervisar directamente la calidad del trabajo. Así, se garantiza una reparación más segura y duradera, que preserve tanto el espacio público como la seguridad vial de conductores y peatones.

Esta nueva forma de intervención se enmarca dentro de una visión de servicio más eficiente, transparente y comprometida con el entorno urbano. Con esto, la Essap busca generar un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, fortaleciendo su rol como empresa pública responsable.

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La Justicia procedió al remate de doce propiedades pertenecientes al Colegio de Escribanos del Paraguay ante una deuda de G. 40.455.626.413. con la Corte Suprema de Justicia. La subasta se realizó en la sede del Palacio de Justicia y fue ordenada por la jueza en lo civil y comercial Liza Reyes.

Gran cantidad de personas acudió hasta la secretaria del juzgado civil y comercial primer turno para el remate de los inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay.

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Los inmuebles que se adjudicó la Corte están ubicados en el distrito de La Encarnación, así como en zonas de Ciudad del Este, San Lorenzo y otros. El valor de las doce propiedades rondaría la suma de G. 16.600 millones, faltando aún cubrir la suma de G. 23.400 millones.

La propia Corte Suprema de Justicia se adjudicó los inmuebles atendiendo la deuda multimillonaria que mantiene el gremio de escribanos con la máxima instancia judicial.

En su momento la Corte Suprema de Justicia inició un juicio civil de rendición de cuentas contra el gremio de escribanos, para que rindiera por la delegación de la gestión y venta de los materiales de uso notarial, entre el 5 de mayo de 1999 y el 26 de febrero del 2021. En el presente caso, el Colegio de Escribanos se allanó a la demanda, y por ende la jueza en lo civil y comercial, Liz Carina Caballero, el 8 de junio del 2021, hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas.

Posteriormente, el Colegio de Escribanos en su rendición del dinero obtenido reconoció una deuda con la Corte de G. 20.178.641.416, debido a que debía pasar el 70 % de las ganancias a la Corte y el 30 % quedaba para el gremio por su gestión. Este hecho fue cuestionado por la Corte, con lo que se realizó una pericia contable, que arrojó que la deuda era de G. 40.455.626.413.

La resolución de primera instancia fue apelada por el gremio de escribanos y un tribunal de apelación en lo civil y comercial conformado por Verónica Velázquez, Miguel Ángel Rodas y Neri Villalba, ratificó la resolución de primera instancia.

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