El Ministerio Público dispuso la apertura de una investigación contra José Luis Torales, exasesor de la senadora Kattya González, quien habría conseguido su traslado de la Contraloría a la Cámara de Senadores de forma irregular y percibió remuneraciones en ambas instituciones, por lo cual será investigado por la presunta comisión de cobro indebido de honorarios.
La Fiscalía resolvió abrir esta investigación a partir de publicaciones periodísticas de Nación Media y otros medios, que se hicieron eco de este hecho irregular. El fiscal general del Estado deberá conformar el equipo de agentes que investigarán este caso que involucra a la senadora y al funcionario de Contraloría y al mismo tiempo, expresidente del Partido Encuentro Nacional (PEN).
Entre los elementos tomados por la Fiscalía, se cita la remuneración que recibía Torales, la cual ascendía a unos G. 20 millones. Es de destacar que el propio contralor general de la República confirmó que esta institución le pagaba su salario, mientras que en el Senado, recibía otras remuneraciones por ser asesor de la legisladora del PEN.
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“Las crónicas periodísticas además refieren que José Luis Torales aparentemente ocupó la presidencia del PEN cuando ejercía la función pública. Así también, la senadora Kattya González habría solicitado el traslado definitivo de José Luis Torales a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido como funcionario público en el marco del sumario administrativo instruido en su contra por la Contraloría”, refiere el documento.
No se descarta que a lo largo de la investigación surjan otros elementos que apunten a más hechos punibles, señala la resolución, en tanto, este indicio de cobro indebido de honorarios, es mérito suficiente para la apertura de una causa en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, de acuerdo a lo que se explica en el documento.
Torales no solo se enfrenta a esta causa iniciada por la Fiscalía, sino también al sumario que fue abierto en la Contraloría, donde es investigado por haber violado el Código de Ética de la institución por ejercer funciones en la entidad contralora al tiempo en que presidía el PEN. Los funcionarios de Contraloría tienen prohibido activar en política partidaria de acuerdo al reglamento interno aprobado en marzo del 2023.
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La pesada herencia de Abdo Benítez: deudas, corrupción y falta de transparencia
El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.
Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría
Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.
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Auge de Marset en la era Abdo: “Operó abierta y libremente”, dice titular de la Senad
“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.
Rachid se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.
“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros representamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Marset vaya a aportar en la investigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.
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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.
“Fue a cambio de platazo del narcotráfico”
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“Esto no se hizo gratis y tampoco fue una coincidencia, esto fue a cambio de platazo del narcotráfico y ese dinero tiene nombre y apellido seguramente y lo que más deseo es que esos nombres salten a la luz después de que Marset declare y ahí le quiero ver a todos ellos que hablan a boca llena de honestidad, moral y buenas costumbres como quedan“, afirmó Rachid.
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Piden investigar el tráfico de drogas impulsado por Marset en la era Abdo
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado.
Los legisladores Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra se refirieron a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset bajo la complicidad del gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez.
Ambos requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado. “Lo que hoy estamos conociendo es extremadamente grave.
Esto plantea una cuestión de fondo que debe ser aclarada con total seriedad: ¿Por qué, teniendo información precisa, no se actuó para frenar esta estructura? Corresponde impulsar una investigación profunda, transparente e independiente, que permita determinar responsabilidades”, dijo el senador Maidana.
COMPROMETE GESTIÓN DE ABDO
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo A Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde nuestro país.
“Paraguay no puede permitirse impunidades frente al crimen organizado. La lucha contra el narcotráfico exige decisiones firmes, instituciones fuertes y un compromiso real con la seguridad de la ciudadanía”, sostuvo Maidana.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del año 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del año 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
GRAVEDAD INSTITUCIONAL ABISMAL
“Lo que estamos viendo es de una gravedad institucional abismal. No se trata solo de una decisión administrativa errónea; estamos hablando de que, mientras organismos internacionales lanzaban alertas rojas sobre Marset, acá se tomó la decisión de desmantelar justamente la unidad que debía controlar los puertos. Es incomprensible”, afirmó el diputado Gamarra.
Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada A Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del año 2022.
“NO PUEDE QUEDAR EN VANO”
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del año 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset. “Esa coincidencia entre liberar los controles y la explosión del tráfico de cocaína a Europa entre 2019 y 2021 nos dejó muy mal parados ante el mundo en ese periodo. Y aunque tenga protección mediática de grupos de comunicación con intereses políticos, no puede quedar en vano”, indicó Gamarra.
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los años 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“La Justicia tiene que ir a fondo para entender por qué se le facilitó tanto el terreno al crimen organizado. Como sociedad, y sobre todo desde el Estado, no podemos permitir que las instituciones se vuelvan funcionales a los narcos, ya sea por una negligencia imperdonable o por algo mucho más oscuro”, sentenció Gamarra.
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Piden investigar tráfico de drogas impulsado por Marset en era Abdo
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado.
Los legisladores Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra se refirieron a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset bajo la complicidad del gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez.
Ambos requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado. “Lo que hoy estamos conociendo es extremadamente grave.
Esto plantea una cuestión de fondo que debe ser aclarada con total seriedad: ¿Por qué, teniendo información precisa, no se actuó para frenar esta estructura? Corresponde impulsar una investigación profunda, transparente e independiente, que permita determinar responsabilidades”, dijo el senador Maidana.
COMPROMETE GESTIÓN DE ABDO
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo A Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde nuestro país.
“Paraguay no puede permitirse impunidades frente al crimen organizado. La lucha contra el narcotráfico exige decisiones firmes, instituciones fuertes y un compromiso real con la seguridad de la ciudadanía”, sostuvo Maidana.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del año 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del año 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
GRAVEDAD INSTITUCIONAL ABISMAL
“Lo que estamos viendo es de una gravedad institucional abismal. No se trata solo de una decisión administrativa errónea; estamos hablando de que, mientras organismos internacionales lanzaban alertas rojas sobre Marset, acá se tomó la decisión de desmantelar justamente la unidad que debía controlar los puertos. Es incomprensible”, afirmó el diputado Gamarra.
Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada A Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del año 2022.
“NO PUEDE QUEDAR EN VANO”
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del año 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset. “Esa coincidencia entre liberar los controles y la explosión del tráfico de cocaína a Europa entre 2019 y 2021 nos dejó muy mal parados ante el mundo en ese periodo. Y aunque tenga protección mediática de grupos de comunicación con intereses políticos, no puede quedar en vano”, indicó Gamarra.
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los años 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“La Justicia tiene que ir a fondo para entender por qué se le facilitó tanto el terreno al crimen organizado. Como sociedad, y sobre todo desde el Estado, no podemos permitir que las instituciones se vuelvan funcionales a los narcos, ya sea por una negligencia imperdonable o por algo mucho más oscuro”, sentenció Gamarra.