La Cámara de Senadores tratará 15 puntos en sesión de hoy, según se resolvió en reunión de mesa directiva, liderada por el presidente Basilio Núñez.

El orden del día incluye pedi­dos de informes a diversas instituciones, así como pro­yectos relacionados con segu­ros, cuidados, combustibles, licencias de conducir para personas con discapacidad auditiva, notificaciones elec­trónicas, pagarés, vehículos abandonados, donación de sangre, entre otros temas.

La agenda incorpora el pro­yecto de ley que regula el otorgamiento de licencias de conducir a personas con dis­capacidad auditiva, estable­ciendo mecanismos de evalua­ción, adaptación y conducción segura, conforme al principio de igualdad y no discrimina­ción. Asimismo, será conside­rado el proyecto que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley N.º 1160/1997 Código Penal.

Así también se prevé estudiar el proyecto de Ley de Seguros, remitido por el Poder Ejecu­tivo, vía Ministerio de Econo­mía y Finanzas. Igualmente será puesto a consideración del pleno, el proyecto de Ley “Que establece la transparen­cia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializa­dos al público en la República del Paraguay”, presentado por senadores de diferentes bancadas.

La decisión fue tomada con 29 votos a favor de legisladores de diferentes bancadas y será comunicada al Poder Ejecutivo.

El plenario de la Cámara de Senadores prestó el acuerdo constitucional a Estefanía Laterza de los Ríos para su designación como nueva embajadora extraordina­ria y plenipotenciaria de la República del Paraguay ante los Estados Unidos.

La decisión fue tomada con 29 votos a favor de legislado­res de diferentes bancadas y será comunicada al Poder Ejecutivo para avanzar con su designación oficial. La propuesta de designación fue presentada por el Poder Ejecutivo a través de Minis­terio de Relaciones Exterio­res, teniendo en cuenta que Laterza de los Ríos es una profesional de carrera y de reconocida capacidad en la diplomacia paraguaya.

Con su nombramiento, el gobierno de Santiago Peña busca fortalecer la represen­tación diplomática de Para­guay ante Estados Unidos, uno de los principales socios internacionales del país.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Inter­nacionales, senador Anto­nio Barrios, argumentó por prestar el acuerdo, alegando la gran preparación acadé­mica y consular de la señora Estafanía Laterza.

Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.

El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.

Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

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En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.

Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.

También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.

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El senador Gustavo Leite fundamentó el pedido de reprogramación presupuestaria por valor de G. 500.000 millones de gastos estatales prescindibles para reasignarlos a la compra urgente de medicamentos para el Ministerio de Salud, que plantea con su colega Antonio Barrios, cuyo tratamiento fue postergado en la Cámara de Senadores a la espera de informes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En diálogo con La Nación/Nación Media, el legislador defendió su propuesta de optimización de recursos y abogó por tomar las previsiones dentro del Presupuesto General de la Nación 2027 (PGN) para evitar que se agudice la carencia de insumos básicos en los servicios de salud.

“El Ministerio de Economía y Finanzas envió una nota diciendo que quiere tomarse un tiempo para verificar los saldos. Yo no me puedo oponer, si el ministro de Economía pide tiempo hay que darle tiempo, me temo que esos saldos van a estar casi todos comprometidos y me hace ruido que el Ministerio de Salud solamente tiene 47 % de ejecución y no sabemos si la ejecución es para pagar deudas o para comprar medicamentos, porque lo que hay como clamor popular es que no hay medicamentos en los hospitales”, señaló.

El parlamentario colorado aclaró que no es un político “divisor” ni mucho menos “tiene una agenda de maldad o de división”. “Yo soy un constructor, en el proceso de construcción yo digo falta medicamentos y si se quieren enojar, que se enojen. Pero faltan medicamentos”, remarcó.

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“Nosotros somos legisladores, fuimos elegidos por la gente para que al Ejecutivo no le falte recursos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el senador Antonio Barrios es buscar afanosamente plata para medicamentos este año”, refirió. El exembajador paraguayo en Estados Unidos considera que se tienen que tomar las previsiones dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN 2027), duplicando los recursos para la compra de fármacos, de modo a garantizar su entrega oportuna a los usuarios de los hospitales de la red asistencial pública.

“También vamos a abocarnos en que en el presupuesto del año que viene haya mucha más plata para medicamentos porque es la única forma en la que el Estado puede tocar a la gente”, afirmó. El senador Leite recordó que la preocupación por la falta de medicamentos surge del propio presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

“El primero que habla de la necesidad de que el Partido Colorado sea el Partido de la Salud es el presidente del Partido Colorado. El senador Barrios y yo somos los primeros que empezamos con esta idea de dónde vamos a sacar plata para medicamentos, porque más deudas es inviable, más impuestos es forzar al avión que está en despegue. Entonces, de dónde vamos a sacar si no es cortando cosas que pueden esperar”, argumentó.

Consultado sobre la forma en que se planteará el aumento presupuestario para Salud en el año 2027, el congresista insistió que se deben evaluar recortes de gastos en algunos rubros. “Tenemos que ver qué podemos cortar y que no va a afectar el funcionamiento del Estado para poder poner esa plata a medicamentos. No tener medicamentos afecta a la gente y afecta la imagen del Gobierno. Y nos cuestionan a nosotros los legisladores por qué no estamos consiguiendo esa plata si sabemos que falta plata para medicamentos”, manifestó.

“Entonces, vamos a esperar a qué nos envía el Ejecutivo como anteproyecto de presupuesto, de por ahí nos sorprende gratamente y nos manda 1.200 millones de dólares para medicamentos y por ahí nos manda que quiere emitir 2.000 millones de dólares para dejar en cero la deuda, entonces vamos a tener medicamentos el año que viene”, aseveró.