El diputado Daniel Centurión, del movimiento Fuerza Republicana, presentó una iniciativa que plantea la imposición de penas más severas a funcionarios públicos condenados por actos de corrupción. El documento ya fue girado a las comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes y posterior estudio en el pleno.
La propuesta de ley busca introducir cambios en el artículo 192 del Código Penal relacionados con la lesión de confianza, con el fin de que las penas lleguen hasta los 25 años en casos graves.
“Necesitamos legislaciones claras, duras, específicamente a las que se refieren a la corrupción pública. Planteo la modificación del Código Penal, del Código Procesal Penal y la Ley de la Función Pública. En el Código Penal propongo aumentar el marco penal para aquellos hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de la función pública”, puntualizó.
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Asimismo, el congresista continuó sosteniendo: “por ejemplo, la lesión de confianza hoy tiene una expectativa de pena de hasta 10 años de acuerdo a la gravedad, hasta 5 años o multa cuando es leve y cuando es agravada va a 10 años. Nosotros planteamos de 10 a 25 años”.
Centurión detalló también que mediante su iniciativa buscarán la ampliación del plazo de prescripción de las causas judiciales, buscando además que los hechos de corrupción sean considerados como delitos de lesa humanidad. “Hoy se negocia todo, se chicanea”, dijo en una entrevista con NPY.
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A dos años del asesinato de Pecci, justicia colombiana condenó a 8 implicados
Este viernes 10 de mayo se cumplen dos años del asesinato del fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, cuando éste disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien poco antes había anunciado a través de las redes sociales que estaban esperando un bebé.
La feliz pareja estaba disfrutando del cálido día que iniciaba la mañana del 10 de mayo del 2022, en las playas de Islas Barú, Cartagena de Indias, Colombia, sin imaginarse que desde hacía varios días estaban siendo vigilados y seguidos por un grupo de personas de nacionalidad colombiana y venezolana que estaban planeando dar fin a su vida.
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Poco después de las 10 de la mañana, dos hombres llegaron a bordo de una moto acuática, fueron directo hasta Pecci y lo ultimaron con tres tiros, uno de ellos dio directo en la cabeza, que prácticamente falleció en el instante. Su esposa, aseguró a la prensa, instantes después, que un guardia del lugar quiso defender a su cónyuge, pero los tiradores también le dispararon. Por fortuna, este salió ileso.
Investigación
Inmediatamente, la noticia sorprendió al mundo entero, movilizando no solo a las autoridades de Colombia y Paraguay, sino también rápidamente se sumó los Estados Unidos, que desplegó un mega operativo internacional. Horas más tarde, se había logrado la plena identificación primero, de los presuntos asesinos del fiscal Pecci, y a través de estos se llegaron a los demás cómplices.
Tras una intensa búsqueda por los diferentes rincones de Colombia, así como por las áreas fronterizas de este país cafetero, a comienzos de junio de ese mismo año se confirmó que los supuestos responsables de fraguar y posteriormente matar a Pecci eran de origen colombiano y venezolano.
Es así que los agentes fiscales de Colombia llegaron a reconocer que el esquema estaba conformado por cinco miembros quienes eran los ejecutores del plan, que hoy en día ya fueron capturados todos y ya cuentan incluso con condenas luego de que fueron capturados en Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, en un basto operativo policial. De acuerdo con las autoridades, los responsables respondían bajo las identidades de Wender Still Scoth Carrillo (el venezolano implicado), Eiverson Zabaleta Arrieta, María Isabel Londoño, Cristian Camilo Monsalve y Francisco Luis Correa Galeano.
Este último, Correa Galeano sería el nexo con los responsables financistas, que según la fiscalía colombiana serían los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, asi como la pareja sentimental de este último Margareth Chacón Zúñiga.
Los hermanos Perez Hoyos aceptaron haber conformado el entramado ilegal para matar al fiscal, y por ende los sentenciaron a 25 años y 6 meses de prisión. Mientras que la mujer que fue hallada culpable y condenada a 39 años y 10 meses, luego que la justicia colombiana determinara que la Chacón Zúñiga tuvo un papel fundamental en el atentado y la considera uno de los cerebros del hecho que conmocionó al mundo.
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Indert, Procuraduría y FAO realizan diplomado para especializar a funcionarios
La Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) iniciaron la segunda edición del diplomado “Desarrollo Rural y de la Tierra. Ley, Economía y Política de Tierras”.
Esta capacitación se desarrolla con el objetivo de profesionalizar a los colaboradores del sector público, de las instituciones involucradas en el complejo y delicado manejo de la tierra; cuenta con la coordinación académica del Instituto René Cassin.
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El lanzamiento del diplomado se realizó con un conversatorio, en que el profesor Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert, realizó una introducción para poner el contexto a los profesionales que participan del diplomado.
Mostró cómo han variado las condiciones económicas en la historia como consecuencia de acontecimientos, entre los cuales se destaca el concepto de la propiedad privada, la titulación de las tierras y su incidencia, para pasar de un periodo de miles de años de bajo dinamismo económico y una revolución económica.
A su turno, el procurador Marco Aurelio González elogió el perfil del profesor Ruiz Díaz, quien es uno de los máximos exponentes de la ciencia de la tierra en el país y que es un lujo tenerlo como uno de los profesores del diplomado.
Valoró además su honestidad y capacidad de trabajo, en una tarea que exige una coordinación de actividades con varias instituciones y que lo está haciendo con mucha solvencia.
En tanto, el representante de la FAO, Iván Felipe León, se puso a disposición de la organización del diplomado para abordar los conceptos de las directrices de la tierra, la pesca y los bosques, un trabajo encarado por el organismo multilateral.
Las clases del diplomado se desarrollan en el auditorio de la Procuraduría General de la República y participan funcionarios de dicha institución, del Indert, de Catastro, de la Dirección General de Registros Públicos, del Instituto Geográfico, entre otras instituciones públicas involucradas en el manejo de la tierra en el país.
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Diputado plantea transferir subsidio a las tarjetas de los pasajeros
El diputado Adrián “Billy” Vaesken presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo mejorar el servicio del sistema del transporte público en Asunción y el área metropolitana planteando la transferencia del subsidio estatal de forma directa a los pasajeros mediante desembolsos en sus tarjetas de billetaje.
En la exposición de motivos, el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) afirma que el usuario tendrá empoderamiento en el uso de la plata pública, además obligará a los empresarios a mejorar su servicio, terminando con las reguladas y los buses chatarras. Al mismo tiempo garantiza que el transportista reciba el pago puntual por el servicio que brinda, evitando así su endeudamiento.
La iniciativa sostiene que el Estado, a través del Viceministerio del Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a partir de ahora se lo menciona como “la autoridad competente”, establecerá un sistema de tarjetas de transporte público único e intransferible para los usuarios del transporte público en el territorio nacional.
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El documento agrega que cada usuario tendrá derecho a registrarse y adquirir una sola tarjeta de transporte público, que será habilitada con la fotocopia de cédula y según los criterios de elegibilidad, cuyo número de cédula podrá registrar solo una tarjeta de transporte público.
Otro punto del proyecto de ley indica que la tarjeta podrá ser anulada en caso de extravío u otra situación fortuita y posteriormente ser habilitada una nueva tarjeta con la fotocopia de cédula de identidad del usuario, transfiriendo el saldo de la tarjeta anulada a la nueva habilitada.
Asimismo, refiere que las denuncias de extravío podrán ser realizadas en los locales comerciales habilitados para su comercialización. Agrega que el Estado a través de la autoridad competente organizará y se encargará de las mismas, será responsable del control y serán protegidas contra su duplicación y usos no autorizados.
Elegibilidad
Por otra parte, manifiesta que el Estado asignará los subsidios directamente a las tarjetas de los usuarios en función de elegibilidad establecidos por la ley. Señala además que los criterios de elegibilidad para recibir subsidios podrán incluir los ingresos; aquellas personas cuyas entradas económicas no superen los cuatro salarios mínimos establecidos por ley.
Ciudadanos con discapacidades demostrada con una certificación del Instituto de Salud Pública, personas de la tercera edad, estudiantes o cualquier otro criterio que se considere apropiado para asegurar que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan.
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Sigue firme la decisión de separar a reos condenados de los procesados
Durante la reunión del Consejo de Ministros, liderado por el presidente de la República, Santiago Peña, el titular de la cartera de Justicia, Ángel Ramón Barchini manifestó que continúa firme la iniciativa de descomprimir las penitenciarías del país, separando a los reos condenados de los procesados.
“Todo lo que ocurre en la inseguridad nacional se pergeña (dispone) en un gran porcentaje en las cárceles, que estuvieron abandonadas a libre arbitrio durante años para las bandas criminales. Este mes de mayo, en el mes de la patria, por primera vez en la historia del Paraguay, haremos justicia con las personas privadas de libertad”, sostuvo.
Barchini detalló que a más tardar en la quincena de mayo se concretará el traslado de los presos condenados a la nueva cárcel de Minga Guazú, anunciada como la nueva penitenciaría de alta seguridad.
Agregó que estará bajo el control de los nuevos agentes penitenciarios formados con la colaboración del Ministerio de Defensa Nacional, bajo una estructura militar, disciplinada.
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“Seguimos en una lucha frontal que no tiene pausas. No hay días feriados en donde no se esté preparando en los 18 centros penitenciarios, golpes contra la seguridad de nuestro país”, dijo.
A la vez, solicitó al mandatario un fuerte respaldo del Ejecutivo para la concreción de la aprobación en el parlamento de dos proyectos de leyes claves para la transformación del sistema penitenciario.
El ministro citó la propuesta denominada “Orgánica Penitenciaria” que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y el proyecto que establece un régimen especial de máxima seguridad en las cárceles para criminales de alta peligrosidad, pendiente de tratamiento en el Senado.
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