En el Congreso Nacional se estudia un proyecto de ley que busca controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para que estas rindan cuentas sobre el origen del dinero que administran y los usos que les dan, teniendo en cuenta que estos reciben dinero de cooperación extranjera y también del Estado paraguayo.
“Queremos hacer lo que se hace en otros países, queremos tener un registro nacional de ONG. Apuntamos a que todos los medios de prensa, los que estamos en el sector político, la Contraloría y la ciudadanía sepan a qué se dedica cada ONG, cuánto recibió, en qué invirtió porque de alguna forma nosotros estamos delegando una función pública, una tarea del Estado y debemos ir disminuyendo lo que estamos delegando, el Estado tiene que cumplir esas funciones”, explicó el senador Basilio “Bachi” Núñez.
Con esta iniciativa legislativa se llena un vacío jurídico y pone fin al “libertinaje”, según palabras del legislador, que llevan adelante varias organizaciones sin fines de lucro, fundaciones o agencias que administran millones de guaraníes sin ninguna obligación de ser sujetos de control.
“Controlar el dinero que entra de cooperaciones, esa es la idea de este proyecto de ley, va a estar supervisado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin dejar de lado a la Contraloría, que es el órgano que controla por excelencia y nosotros los congresistas también hacer nuestro trabajo”, detalló 650 AM. “Al control, a la transparencia y a la rendición debemos estar acostumbrados”, aseveró Núñez.
Devolución premiada
El senador también adelantó su postura respecto al proyecto de ley de devolución premiada y afirmó que todo indica que el Congreso rechazará la propuesta. “La herencia que estamos recibiendo es un país que está infiltrado del crimen organizado, narcopolítica, microtráfico, entonces creo que no es el momento para presentar este tipo de leyes”, concluyó
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Transportistas internos ponen a disposición 400 buses, para hacer frente al paro
El senador Basilio Núñez mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Transportistas Internos del Paraguay, para analizar alternativas en torno al paro de transportistas previsto para el 20 de mayo, anunciado por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).
“Conversamos sobre la cobertura de los transportistas, entendiendo que necesitamos asegurar el área metropolitana. Ahora, tenemos a disposición más de 400 colectivos por parte de los directivos de las empresas internas, quienes no están de acuerdo con este paro”, explicó el parlamentario.
En conversación con los medios de prensa del Senado, Núñez refirió que desde la mencionada asociación manifestaron que el paro no es la salida más ideal a ser asumida por parte de los transportistas, apelando así al diálogo entre diferentes grupos para llegar a una decisión más viable.
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“Coincidimos también en la necesidad de mejorar el transporte público del país. Hoy voy a informar al presidente Santiago Peña sobre este encuentro y que el Gobierno nacional contará con más de 400 buses a su disposición”, expresó el congresista.
El dirigente gremial de la asociación, César Sotelo, manifestó que el objetivo de la colaboración es ayudar para que el gobierno no sea chantajeado por Cetrapam. La Asociación de Transportistas Internos no forma parte de Cetrapam y no cobran subsidio como los colectivos de dicho sector.
“Cubriremos los cinco troncales y contamos con los vehículos necesarios para hacerlo. Lo que esperamos es una garantía para poder trabajar porque estamos dispuestos a cubrir todas las ciudades desde el área central, si el paro no se destraba”, expresó el gremialista.
Explicó que para proceder a la cobertura de los itinerarios que se encontrarán libres, el Ejecutivo deberá proceder con el decreto correspondiente. Aclaró además que la garantía solicitada se aguarda con el objetivo de evitar cualquier tipo de represalias por la disposición del gremio para apoyar al Gobierno nacional.
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Senador plantea criterios para la venta de energía a industrias
El senador José Oviedo manifestó que el país debe trabajar en un mejor manejo de la energía excedente de la Itaipú Binacional, apuntando a una eventual utilización total del excedente, para apuntar a una venta a mejor precio, pensando en el aprovechamiento total de la energía.
“Presenté hace unos días un proyecto de ley que establece criterios para venta de energía a industrias electrointensivas, como la minería de criptomonedas, donde se exige a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) que venda la energía eléctrica por encima del costo”, explicó el legislador para La Nación/Nación Media.
Oviedo comentó que con esto se logrará también que la Ande no pierda vendiendo energía, que su precio esté establecido por el costo de la energía, sumado el costo de distribución, además de un monto de utilidad, lo cual nos acercaría al precio del mercado.
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El parlamentario indicó que su propuesta se encuentra actualmente en estudio en comisiones, aguardando el dictamen correspondiente para luego establecer la iniciativa como punto en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.
Por otra parte, con respecto a la confirmación del presidente Santiago Peña sobre la tarifa energética de la Itaipú Binacional, que se establece un aumento de de USD 16,71 kW/mes a 19,28 dólares kW/mes, Oviedo puntualizó que innegablemente constituye una mejora, atendiendo la propuesta inicial del lado brasileño.
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No obstante, indicó que las autoridades deben seguir manteniendo en un futuro su férrea postura sobre el aumento de la tarifa energética, entendiendo que el interés principal del país debe basarse en disponer de toda nuestra energía y venderla a precio de mercado, acercándonos a los USD 100 MWh.
En cuanto al mandatario Peña, refirió que el acuerdo alcanzado generará alrededor de USD 280 millones en ingresos por royalties, USD 650 millones serán destinados para la inversión social por año, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital y otros.
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Gobierno presentará proyecto de ley para mejorar el transporte público
El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que la próxima semana el Poder Ejecutivo estará presentando al Congreso Nacional un proyecto de ley para mejorar el servicio de transporte público. El anuncio del mandatario se da en medio de la amenaza de un sector de transportistas por tres días.
“En el tema de transporte nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme de ponernos al día con el subsidio a los usuarios del transporte público, pero eso no es suficiente, nosotros hoy vemos que el sistema actual, es un sistema que fue muy bien diseñado para un Paraguay de hace 30 años”, dijo Peña en la entrevista semanal de la Vocería de Gobierno.
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El mandatario indicó que, en el transcurso de la semana, se remitirá el proyecto de ley al Poder Legislativo, con el objetivo de actualizar y crear un nuevo sistema de transporte público que responda a las necesidades actuales de la ciudadanía.
“El sistema quedó desfasado y necesitamos actualizarlo, y estamos trabajando en un proyecto de ley que vamos a plantear en los próximos días al Congreso, donde queremos tener un nuevo sistema, donde el Estado tenga que reconocer la importancia de este servicio público, donde el Estado tenga que poner recursos, tenga que invertir en este sistema”, apuntó.
Argumentó que el sistema de servicio de transporte, fue diseñado décadas atrás, donde las necesidades de la población usuaria del transporte eran otras, por lo que es necesario cambiar ese sistema en la actualidad.
“Con una población más pequeña, con una movilidad también diferente, un público que se movía en ciertas horas, hoy el público se mueve durante todo el día, las 24 horas del día”, indicó.
Explicó que hoy tenemos un sistema que solamente funciona, probablemente de manera parcial, hasta las 23:00 de la noche. “Entre las 23:00 y las 05:00 no hay servicio de transporte público y eso ya no responde a las necesidades que hoy tiene la ciudadanía”, indicó.
Los subsidios
Por otra parte, también se refirió al sistema de subsidios, también es un sistema que se debe replantear, en el sentido de la factibilidad que representa, tanto para el usuario como el Estado y los transportistas.
“Cambiar el sistema, claramente los subsidios no son ni buenos ni malos, depende de cual sea el objetivo de ese subsidio. El problema de los subsidios es cuando se tiene un mecanismo más eficiente para utilizar ese dinero, no desconozco que el Estado tiene que invertir en el transporte público, porque es de alguna manera mejorar la calidad de vida de los sectores más necesitados, más vulnerables”, mencionó.
Así mismo, apuntó al análisis de la eficiencia de la utilización de los recursos públicos en los subsidios. “La pregunta es, los recursos públicos que estamos destinando, ¿lo estamos destinando de la manera más eficiente?, hoy claramente no es la manera más eficiente. Ha habido enormes esfuerzos, pero acá tiene que haber un cambio importante en esto y es en lo que estamos trabajando en este momento”, sentenció.
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Prostitución: 15,5 % de atendidos por ONG española proceden de Paraguay
La Asociación In Género calcula que entre 25.000 y 30.000 personas ejercen la prostitución en toda España, según los primeros resultados que arrojan su estudio iniciado en 2022 en siete comunidades autónomas, que ha estimado que existen alrededor de 800 clubes de alterne, 2.500 pisos por el territorio y 50 puntos de prostitución en calle.
Con estos datos, que están sujetos a variaciones porque el estudio basado en entrevistas con las personas que ejercen la prostitución todavía no ha concluido, se pretende facilitar “cifras reales para poder plantear soluciones efectivas” a los problemas a los que se enfrentan, como la clandestinidad.
“Difícilmente se pueden plantear soluciones a sus problemas si no se trabajan con datos reales”, ha destacado el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, este lunes en el Ateneo de Madrid durante la presentación del informe, el cual presenta también las cifras de atención e intervenciones en 2023 por parte de la asociación.
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In Género atendió el año pasado a 6.055 personas que ejercían la prostitución, de las cuales 914 podrían ser posibles víctimas de explotación sexual, y se llevó a cabo más de 21.798 intervenciones en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Comunidad de Madrid, Murcia, Segovia y Toledo.
Respecto al género de las personas atendidas el año pasado por la asociación, 5.273 fueron a mujeres cis, 583 a mujeres transexuales, 186 hombres cis y 13 a hombres trans. De ellos, el 18 % tenían entre 43 y 79 años, siendo la media de 35. Las personas que más se atendieron fueron en la franja de edad de los 28 años. El 24,1 % llevaban más de 10 años en España; el 11,2 % entre 6 y 10 años; el 14,1 % entre 4 y 5 años; el 28 % entre 1 y 3 años y el 22,6 %, habían llegado al país hacía menos de un año.
En cuanto al país de procedencia de las personas atendidas, el 29,1 % eran de Colombia; el 15,5 % de Paraguay (938 personas); el 13,4 % de República Dominicana; el 7,8 % de Venezuela; el 7 % de Rumanía; el 6 % de Brasil; el 4,5 % de España; el 3,3 % de Ecuador; el 2,5 % de Perú; 1,9 % de Cuba y el tanto por ciento restante entre más de treinta nacionalidades.
El 78,2 % de las personas intervenidas no tenían la nacionalidad española y el 74,2 % estaban empadronados. La Comunidad de Madrid fue donde más personas se atendieron durante 2023, un total de 1.745 a mujeres cis, 285 mujeres trans, 101 hombres cis y 7 hombres trans.
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Ley contra la trata
In Género denuncia que la persecución y criminalización de la prostitución en España esté provocando un aumento de los casos de violencia y explotación sexual y que la normativa actual esté “empujando a las personas que ejercen la prostitución hacia la clandestinidad, donde sus derechos son violados con mayor impunidad”. Según del Olmo, “perseguir y criminalizar la prostitución no está siendo la solución, al contrario, está generando más inseguridad y más violaciones de los derechos de las personas que la ejercen”.
Critican el anteproyecto de Ley contra la trata por considerarla “insuficiente” para garantizar los derechos y prevenir la violencia. Consideran también que la iniciativa socialista sobre la tercera locativa, que pretende penar a aquellos que ceden bienes inmuebles para el ejercicio de la prostitución y el no poder negociar con los clientes tiene “unas consecuencias gravísimas”, por lo que han afirmado que no saben qué se pretende con esta ley.
In Género propone que la Ley contra la trata destine recursos en mejorar la autonomía de las personas, que no tengan que pasar por centros residenciales. “Los recursos que están articulando, no funcionan”, ha señalado del Olmo. La asociación ha arremetido también contra la prohibición de la publicidad de la prostitución ya que considera que hace perder autonomía a las personas que ejercen por no poder gestionar sus anuncios y, por consiguiente, se someten a “una posible futura exportación laboral”.
“Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una ley que refleje las necesidades y realidades de las personas en esta situación, promoviendo medidas efectivas para su protección, empoderamiento y acceso a la justicia y restitución”, ha dicho la coordinadora de Acción Social en In Género, Belén Jiménez. La Asociación In Género es una Asociación sin ánimo de lucro que nació para dar respuesta a las necesidades que tienen las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata en España. En 2005 se constituyó la Asociación iniciando acciones socio-sanitarias con el colectivo.
Fuente: Europa Press.