Implementar cadena perpetua o condena permanente con revisión, es una alternativa que sonó nuevamente en el seno de la Cámara de Diputados tras un hecho que conmovió a todo un país, el feminicidio de Deysi Paola, una joven estudiante y trabajadora que fue brutalmente asesinada por su ex pareja. De acuerdo a las estadísticas, en lo que va el año, ya son 20 mujeres asesinadas en el país en manos de parejas o exparejas.

El diputado Rubén Rubin, a través de las redes sociales reflotó su planteamiento de aplicar la cadena perpetua en Paraguay, pero bajo la figura de condena permanente con revisión. Esto implica incluir modificaciones en el Código Procesal Penal, y en este sentido, el legislador anunció que ya concluyó y presentó su proyecto de ley.

“Nos vamos a enfocar en crímenes graves como violaciones y asesinatos. Yo creo firmemente que cualquiera que le saque la vida a un paraguayo o se anime a tocar a una de nuestras mujeres tiene que perder su libertad de por vida”, explicó en su momento el diputado Rubin a los medios de prensa.

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El parlamentario cuestionó que las penas por asesinatos son bajas, incluyendo para los casos de feminicidios. “Violarle hoy a una mujer es 5 años, 3 años (de prisión), sacarle la vida a un paraguayo hoy es 5 años, 10 años, ¿Cuánto vale la vida de los paraguayos?, cero”, lamentó.

Rubin concluyó su proyecto y anunció un fuerte lobby con sus colegas para que este proyecto sea analizado en la Cámara de Diputados. El mismo viene hablando de esta modificación penal ya desde el año pasado, y con los últimos hechos de violencia, principalmente contra las mujeres, apunta a concretar su planteamiento.

“Aquí está presentado el proyecto, tiene mesa de entrada, automáticamente ahora voy a ir a entregarle en mano a cada uno de los 79 legisladores de la Cámara Baja mi propuesta, voy a hacer lobby, le voy a explicar uno a uno, voy a pedir reunión con las diferentes bancadas y le voy a presentar a los colegas. Les voy a explicar la diferencia entre cadena perpetua y prisión permanente y revisión, que es compatible con los derechos humanos”, dijo en su momento.

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El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de un informe fechado el 7 de octubre de 2026 y remitido al Senado, detalló el funcionamiento de los mecanismos de supervisión y control de las entidades financieras, así como los procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de las normativas bancarias.

El presidente del Senado y del Congreso, Basilio Núñez, adelantó que el documento destaca la solidez del sistema bancario paraguayo y aclaró que el requerimiento responde a un pedido de información destinado a proporcionar a los legisladores mayores elementos para comprender determinados aspectos del funcionamiento del sector.

Este jueves, Núñez procedió a la apertura del sobre que contenía las respuestas del BCP y dispuso la reproducción y entrega de los documentos a los legisladores para su análisis.

Para mañana viernes está prevista una sesión extraordinaria de la mesa directiva del Senado, a fin de profundizar en el contenido del informe. Fueron invitados el presidente de la banca matriz, Carlos Carvallo Spalding, y los miembros del Directorio, conforme a las disposiciones legales.

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El documento aborda diferentes aspectos del funcionamiento del sistema financiero paraguayo y responde a consultas relacionadas con las operaciones de entidades bancarias. Entre los principales puntos se destacan:

1. Controles para preservar la estabilidad financiera: El BCP ratifica la existencia de mecanismos de supervisión que permiten monitorear la liquidez, solvencia y concentración de riesgos de las entidades bancarias. Estas herramientas posibilitan detectar situaciones que requieren ajustes y disponer medidas correctivas conforme a las normativas vigentes.

2. Los excesos prudenciales cuentan con mecanismos de corrección: El informe señala que durante los últimos 24 meses se verificó un caso de exceso de límites aplicables a personas vinculadas. La entidad involucrada implementó medidas para subsanar el hecho, que permitieron adecuar su exposición a los parámetros regulatorios. No se identifica al banco afectado.

¿Qué son los excesos prudenciales? En el sistema financiero, se producen cuando una entidad bancaria supera los límites de riesgo establecidos por las autoridades reguladoras, por ejemplo, al concentrar demasiados créditos en un mismo cliente o grupo económico. También pueden referirse al incumplimiento de exigencias mínimas de capital o liquidez.

3. El BCP ejerció sus facultades de supervisión sobre ueno bank: En relación con las operaciones crediticias y las vinculaciones empresariales, el organismo confirmó que realizó análisis, verificaciones y actuaciones de supervisión, además de requerir medidas para adecuar determinadas exposiciones a los límites establecidos. El documento también menciona la existencia de un sumario administrativo en curso, dentro de los procedimientos previstos por la normativa bancaria.

4. La absorción de Visión Banco por ueno bank contó con autorización regulatoria: La banca matriz explicó que la operación fue aprobada mediante los procedimientos establecidos, incluyendo un plan de factibilidad y la autorización del Directorio del BCP. Asimismo, aclaró que el tratamiento contable aplicado a la absorción responde a un criterio permitido en el ámbito bancario y financiero.

5. No se confirma una exigencia formal de un plan de regularización a ueno bank: Ante las consultas del Senado, el BCP detalló medidas correctivas relacionadas con operaciones crediticias y personas vinculadas, sin confirmar en esa respuesta la exigencia formal de un plan de regularización a ueno bank.

6. Los dictámenes jurídicos internos no son vinculantes: Otro punto relevante del informe es la aclaración de que los dictámenes emitidos por la Unidad Jurídica del BCP tienen carácter consultivo y no constituyen decisiones administrativas obligatorias. La institución explicó que estos documentos sirven de apoyo técnico y legal, mientras que las decisiones corresponden a las autoridades competentes.

7. El sistema bancario cuenta con mecanismos de prevención ante eventuales riesgos: El BCP detalló que las entidades financieras están sujetas a exigencias de liquidez y a procedimientos destinados a mitigar los riesgos asociados con una eventual salida de depósitos. Estas disposiciones buscan garantizar que los bancos mantengan recursos suficientes para atender sus obligaciones.

8. Las fusiones bancarias están sujetas a evaluaciones técnicas: El organismo explicó que las operaciones de fusión y absorción deben contar con estudios de factibilidad, evaluaciones de solvencia y análisis de sostenibilidad financiera. Estos procedimientos buscan prevenir riesgos y asegurar que las operaciones se desarrollen dentro del marco regulatorio vigente.

9. Seguimiento de depósitos públicos y del IPS: El informe también aborda los mecanismos de evaluación de riesgos relacionados con los depósitos de instituciones públicas y del Instituto de Previsión Social (IPS). El BCP señala que existen disposiciones prudenciales orientadas a gestionar riesgos de liquidez y concentración de fondos en las entidades financieras.

10. Supervisión de la seguridad tecnológica de los bancos: La banca matriz detalló procedimientos de control sobre la gestión de riesgos tecnológicos, prevención de fraudes electrónicos y seguridad de las operaciones digitales. En el caso de Banco Itaú, el informe menciona observaciones de supervisión y medidas correctivas vinculadas con sus sistemas de seguridad.

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El informe del BCP confirma que se detectaron situaciones que requirieron la intervención del organismo regulador, con la aplicación de medidas correctivas para subsanar los incumplimientos identificados. Estas actuaciones ponen de manifiesto que los mecanismos de supervisión y control están en funcionamiento y permiten actuar ante eventuales riesgos.

En medio de cuestionamientos y rumores sobre determinadas entidades y operaciones bancarias, las explicaciones de la banca matriz aportan elementos para llevar tranquilidad a la ciudadanía y reforzar la confianza en un sistema financiero paraguayo que cuenta con herramientas institucionales para resguardar su estabilidad.

Esta semana quedó sancionada de forma automática la ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay a la técnica ancestral “Ñai’ũpo”, dado que ya se encontraba en su tercer trámite en Cámara de Diputados, para su análisis sobre las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Senadores y se cumplieron los plazos para su estudio.

El proyecto legislativo quedó sancionado sin que sea analizado en el plenario, luego de que se cumplieran los plazos constituciones. No obstante, el documento se encontraba bajo estudio en las comisiones asesoras de la Cámara Baja, pero con dictámenes que recomendaban aceptar las modificaciones planteadas, por lo que ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo para su posterior promulgación u objeción.

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El origen de esta normativa se remonta a la propuesta impulsada de manera particular por la diputada colorada Rocío Abed, quien presentó el proyecto con el propósito fundacional de dotar de un marco de protección jurídica, institucional y de fomento a una de las expresiones artesanales precolombinas más emblemáticas del país.

A través de esta iniciativa, la legisladora buscó garantizar el resguardo integral de las prácticas comunitarias, los saberes alfareros y las técnicas tradicionales de recolección y cocción de la arcilla que son ejecutados de manera histórica.

El texto aprobado pone especial énfasis en la preservación de este oficio en localidades con un profundo arraigo histórico como la compañía Caaguazú de la ciudad de Itá, los barrios San Rafael y 21 de Julio de Tobatí, así como también en Areguá y Yaguarón, donde las maestras alfareras mantienen vivo este legado cultural de transmisión predominantemente oral y de mano de mujeres de generación en generación.

Al convalidar las correcciones terminológicas sugeridas por la Cámara Alta, el Congreso Nacional alinea este marco legal de origen parlamentario con los estándares internacionales de salvaguardia cultural, quedando únicamente pendiente la firma del presidente de la República para la entrada en vigencia de la ley.

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La Cámara de Diputados analizará en sesión de la próxima semana un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos dura el período 1954-1989. De ser aprobado el proyecto beneficiará a quienes cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 4381/2011.

Según el documento, se busca poner fin a la revictimización que padecen ante la burocracia estatal quienes ya fueron reconocidos como víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se aclara que se resolverá exclusivamente las solicitudes de indemnización presentadas durante la plena vigencia de la Ley Nº 838/96. En su artículo 3, esa norma establecía que la Defensoría del Pueblo era el ente encargado de recibir y evaluar los reclamos.

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La ley fijaba además que el proceso no debía superar los 90 días y requería la revisión y el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, dejaba claramente establecido que dicho dictamen no era vinculante para la decisión final de la Defensoría.

El proyecto también aclara que esa disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, que dispone que la Defensoría debe remitir las pruebas a la PGR para que esta emita un dictamen en un plazo de 30 días. Con la reforma, el dictamen pasó a ser un requisito previo para que la Defensoría resuelva sobre la calificación y la indemnización.

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