El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

El encuestador Adolfo Grau dijo que los votos a favor de los candidatos a concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ampliarán la brecha de preferencia electoral que mantiene el candidato a intendente de Asunción por la Lista 1, Camilo Pérez contra su principal contrincante la opositora y exministra de Viviendas, Soledad Núñez.

“La suma de todos los votos de la concejalía colorada supera a la de Camilo unos 3 o 4 puntos, es decir Camilo por una cuestión simple va a subir más, se ampliará su brecha que tiene con Soledad Núñez. Después está el día D, la estructura, los recursos humanos y económicos que inciden mucho en la fase final de una campaña política y pareciera ser que los margenes serán muy superiores a lo que estamos manejando hoy. Yo creo que se llegará a un 18 % o un poco más (de diferencia en preferencia electoral)”, refirió al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La firma Ypytã Inmobiliaria Ganadera comunicó a la Superintendencia General de Justicia, dependiente de la Corte Suprema, decenas de presuntas irregularidades avaladas por la escribana Justina Esteche y firmadas por el magistrado Édgar Rivas al momento de protocolizar la titulación de una costosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero. Dicho inmueble pertenece a la firma Ypytã, la cual fue rehabilitada legalmente.

En la denuncia ante el órgano de la máxima instancia judicial se mencionan numerosas inconsistencias en el contenido del título de propiedad firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche. En el documento se hicieron constar decisiones judiciales que no existen en el expediente judicial, una situación considerada de extrema gravedad. Del mismo modo, se puso en conocimiento de los ministros de la Corte estas arbitrariedades, señalando que la actuación de la escribana y del juez Rivas podría generar una profunda inseguridad jurídica en el país.

El Departamento de Investigaciones localizó y detuvo en el microcentro a una de las personas investigadas por lesión de confianza en el caso que involucra a los expresidentes Jorge Brítez y Vicente Battaglia.

Rosa Concepción Colmán, con orden de captura en la causa por supuesto hecho de lesión de confianza, en el IPS, fue detenida ayer durante un operativo en el barrio Catedral de Asunción. La derivaron al Departamento de Investigación de Asunción, desde donde la llevarán a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria hoy.

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó este miércoles que la Gobernación de Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, canceló una licitación “urgente”, poco después de que el ente regulador suspendiera ayer el llamado que pretendía la adquisición por vía de la excepción de un sistema tecnológico de seguridad por más de G. 8.300 millones, que incluye 300 cámaras IP Full HD para exteriores.

Encina explicó que este tipo de procesos por vía de la excepción es utilizado para una licitación de carácter urgente, pero que también requiere de controles para su aplicación. La convocatoria se subió el viernes 31 de julio a las 22:10, un horario atípico; con visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, y apertura de ofertas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00.

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, confirmó que la estatal no variará sus precios esta semana, mientras continúa analizando la situación. El titular de la petrolera estatal aseguró que la firma seguirá siendo la más competitiva, incluso de darse alguna eventual suba.

“Todavía seguimos analizando cómo está el mercado, acabamos de cerrar el mes de julio, la segunda quincena, y realmente la cotización internacional no baja del promedio de USD 1.000 el metro cúbico”, dijo en diálogo con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) destacó el avance en obras de infraestructura que serán de alta relevancia en el desarrollo del país. El puente del corredor Bioceánico, la defensa costera de Pilar y la conexión de Puerto Indio con la ruta PY07 están tomando forma conforme a las labores realizadas.

Con relación al paso sobre el río Paraguay, para unir las localidades de Carmelo Peralta con Puerto Murtinho (Brasil), el gremio cita que se encuentra en su etapa decisiva para unir ambas márgenes y destaca que se trata de una estructura clave para consolidar al Paraguay como centro logístico multimodal.

El presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, adelantó que se podría instalar una comisión especial para investigar los hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS), al referirse sobre la imputación de sus extitulares Vicente Bataglia y Jorge Brítez por supuesta lesión de confianza mediante adendas irregulares en un contrato de quirófanos modulares con un daño patrimonial de G. 61.000 millones.

“A mí me decepcionan todas las administraciones de IPS que no pudieron llegar a buen término. Nosotros no nos cansamos de decir, no solamente en estos hechos de corrupción, ¿qué paso de los 828.000 millones que fueron a un fideicomiso? No descartamos crear una comisión especial que investigue los hechos de corrupción de IPS”, expuso este miércoles ante la prensa legislativa.

El legislador recordó que los responsables deben pagar como corresponde. “Resaltar que están saliendo hechos de corrupción que involucran a administraciones anteriores y el compromiso nuestro, desde el oficialismo, es contribuir para que todo eso se esclarezca y que los culpables, si hubo desfalco del presupuesto del IPS que es de los asegurados, paguen”, refirió.

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Por otra parte, respondió a los legisladores de la oposición quienes señalan que la previsional es utilizada por sectores políticos. “Los legisladores de la oposición están viendo la luz, desde la época de diputado fui uno de los que votó en contra de los 250 millones de dólares que se le dio en el periodo anterior a IPS, bajo la presidencia de Vicente Bataglia, y repetía un senador que ese dinero no sabemos dónde está, así como los fondos también que fueron destinados para el hospital hemato-oncológico. Acá muchos elementos se van a investigar y tienen que caer los que tienen que caer”, apuntó.

Con relación de los vínculos de políticos con empresas que ganan licitaciones en el IPS, afirmó que todo eso debe ser investigado por la Fiscalía. “Creo que es el trabajo que va a hacer la fiscalía, que investiguen los nexos empresariales, los nexos políticos, si hay padrinos, porque al final vemos también que ganan empresas de limpiezas y los que trabajan en esas empresas de limpiezas no cobran lo que corresponde, no solamente que no prestan bien el servicio, sino que no pagan lo que corresponde, explotan a esos trabajadores”, sentenció.

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Desde el Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por el doctor Isaías Fretes, califican como un hecho histórico la imputación y el pedido de prisión preventiva para los extitulares de la previsional, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

“Estamos empezando a ver el cuerpo del iceberg, lo que pasó ayer fue un hecho histórico, ya que por primera vez son procesados e imputados expresidentes del IPS y sus gerencias. Esto no es casualidad. Esto empezó y es consecuencia de la visita que el doctor Isaías Fretes viene realizando en los diferentes puntos. Eso empujó para que el Ministerio Público, mediante un fiscal, tome la decisión de procesar e imputar con acabados argumentos jurídicos a las personas que podrían ser responsables de la irregularidad”, refirió Morínigo.

El director jurídico del IPS, Pablo José Morínigo, afirmó este miércoles, en una conferencia de prensa, que no descartan que la imputación fiscal por lesión de confianza se extienda hasta los consejeros de la institución por la firma irregular de sucesivas adendas contractuales, así como a otros funcionarios que hayan intervenido en su aprobación. “La Fiscalía tiene en todo momento la colaboración de esta administración para la provisión de documentos. De hecho los documentos que fueron proveídos a la Fiscalía hoy sirven de base para la imputación”, afirmó.

El abogado acotó: “Se analizarán acabadamente los fundamentos y razones de los consejeros que votaron por las adendas a través de las actas del Consejo (de Administración) que están siendo buscadas. Podría existir una eventual ampliación de la imputación, si es que hay méritos respecto a los consejeros que dieron su aval a los hechos denunciados que se encuentran escritos en el acta de imputación”.

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Además de los expresidentes del IPS, el fiscal Julio Ortiz también imputó a funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

“Estas imputaciones se basan en contratos originales que luego se fueron desvirtuando a través de adendas. Lo cuestionable es que se cambió el objeto principal del contrato, lo cual es completamente irregular. Que sepa la ciudadanía y el Ministerio Público que desde el IPS no apañaremos a nadie y que tienen toda nuestra colaboración”, sostuvo Morínigo.

En el acta de imputación contra Bataglia, Brítez y los demás investigados es señalada la empresa Neighpart como proveedora. Pese a las obras fallidas, la misma llegó a cobrar desembolsos y adendas que el Ministerio Público califica de injustificadas.

Sobre la implicancia o no de las autoridades de dicha firma en el millonario desfalco, Morínigo comentó que “eso lo determinará la Fiscalía (imputación a los directivos), un hecho punible tiene la calidad de autor y después están los cómplices. El Ministerio Público a partir de ahora va a analizar si existen cómplices, podrían ser los directivos de la empresa, podrían ser”, dijo.

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El actual asesor financiero dijo no se conoce lo que al IPS le deben, partiendo de la deuda histórica que data de 1943.

El exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Car­los Pereira analizó la situa­ción en la que se encuentra la previsional; en este sentido, indicó que mucho se habla de las deudas del instituto, pero no se habla de las empresas y el propio Estado que adeudan.

“Mucha gente todos los días habla de las carencias y de todo lo que pasa en el IPS y casi todas las noticias son negativas; se habla mucho de lo que el IPS debe, pero casi no se habla o casi no se conoce lo que al IPS le deben, partiendo de la deuda histórica que data de 1943. El Estado le debe aproximadamente 780 millo­nes de dólares, y después está la deuda de las empresas por aportes”, indicó a la 650 AM.

Refirió que la previsional debe abordar también esta situación y establecer meca­nismos para recuperar estas deudas. “Hay que entender, acá hay situaciones judiciales, prejudiciales, está la antigüe­dad; de hecho, hay provisio­nes ya incobrables dentro de los estados financieros, pero si uno va a pretender que sola­mente por una acción judicial o una demanda por inhibicio­nes encima, con una categoría 6, ya no es sujeto de crédito, es imposible que una empresa pueda salir y pueda ser reflo­tada si no es a través de una excepcionalidad”, apuntó.

Explicó que el IPS compra todos los servicios y bienes que la economía produce porque está orientado a hos­pitales; “ahí se lavan sába­nas, tiene alimentación, tiene servicios de seguridad y lim­pieza, tiene un abanico de ser­vicios que compra”, y con esto plantea una solución para los deudores a la previsional.