La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) concedió un millonario préstamo, equivalente a G. 10.355.113.639, a la firma Rubén Darío Comercial SRL, dedicada a la venta de electrodomésticos, muebles y electrónica, bajo un nulo control. La empresa no salda sus deudas hace 8 meses, razón por la cual el Consejo de Administración busca recuperar la millonaria suma vía judicial.

En el documento aparece la firma de los ingenieros Carlos Miguel Decoud Fernández, Alfredo Osvaldo Argüello Cáceres, así como de los señores Rodolfo Ramón Filippini Villalba, Fredy Osmar López Martínez y José Agapito Pineda Escobar, quien es uno de los sindicalistas que actualmente impulsa las manifestaciones para el rechazo del proyecto de ley del Ejecutivo que plantea la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones.

De acuerdo a unos documentos expuestos en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del ente eléctrico resolvió conceder una facilidad de crédito con garantía hipotecaria abierta a la citada empresa por G. 9.757.150.000, por un plazo de 5 años, una tasa del 15 % y pago mensual del interés y capital.

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Resolución por la cual el Consejo de Administración de la Caja de la Ande resolvió iniciar las gestiones para el cobro de la deuda por la vía judicial. Foto: Gentileza

Dentro del acuerdo, en marzo de 2020 el consejo directivo de la caja resolvió autorizar el desembolso de G. 5.100 millones para la citada empresa. Mientras que en enero de 2021 se dispuso el refinanciamiento de la deuda por la suma de G. 7.434.568.998. En enero de 2022, los directivos de la caja jubilatoria tomaron la decisión de autorizar otro desembolso de G. 2.970 millones.

Pero al incumplirse el acuerdo inicial, en febrero de 2023 el Consejo de Administración de la Caja de la Ande resolvió iniciar las gestiones para el cobro de la deuda por la vía judicial. De acuerdo con el documento, la deuda total de la referida firma comercial asciende a G. 10.355.113.639 al 6 de febrero de 2023, con un atraso de 8 y 9 meses por un importe de G 1.785.924.683.

Ante estos escandalosos hechos, quienes acompañan la iniciativa de impulsar la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones abogan por la pronta vigencia del planteamiento que tendrá como fin supervisar todos los fondos y cajas jubilatorias, tanto del sector público como privado.

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