El tratamiento del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones fue postergado en la Cámara de Senadores. No obstante, lejos de ser reciente, la propuesta ha sido debatida desde hace varios años, y yendo a los antecedentes del proyecto, en 2018 exministros de Hacienda se habían reunido para expresar su apoyo pleno a la creación de la Superintendencia, resaltando además las argumentaciones de su importancia.

La entonces ministra de Hacienda, Lea Giménez, había mantenido una reunión con extitulares de la cartera como Santiago Peña, quien había enviado el proyecto de ley a consideración del Congreso; Manuel Ferreira, César Barreto, Ernst Bergen, Alcides Jiménez y Gerardo Doll. James Spalding, Miguel Gómez y Germán Rojas también habían manifestado su apoyo y posteriormente, Peña dio a conocer un comunicado en el cual se expresaban las fundamentaciones de la necesidad de la Superintendencia.

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De este modo, el grupo enfatizó su apoyo para la creación de un ente regulador que apunte a resguardar los aportes de trabajadores y jubilados, esto teniendo como parámetro central reglas claras y transparentes. Desde entonces se había aclarado que los administradores de cada una de las cajas no perderían autonomía, pues la Superintendencia solo se establecería para controlar la gestión de las mismas, no para decidir sobre las inversiones.

“A nuestro entender, la ley cuenta con claros mecanismos de control y transparencia, con garantía de recursos de reconsideración, apelación y de objeción. Es imperativo evitar los errores cometidos en el pasado, donde los malos manejos financieros hicieron perder sus aportes jubilatorios a miles de paraguayos y pusieron en riesgo la sostenibilidad de varias cajas de jubilaciones. Este tipo de situaciones no pueden volver a repetirse”, indicaba, en ese entonces, el comunicado.

Cada uno de los exministros de Hacienda coincidieron en que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones resulta sumamente prioritaria e impostergable, atendiendo que se debe velar por el bienestar de la ciudadanía y así también trabajar por mayores garantías en seguridad social. Esto aparte de observar la existencia de un regulador de las cajas de jubilación como una necesidad desde hace décadas.

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