“Estamos viendo una lamentable situación de aumento de feminicidios en el país, no se puede normalizar la muerte de mujeres por parte de sus parejas o exparejas”, sostuvo la senadora Lilian Samaniego al anunciar que reflotará su proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres.

“Esto crea un daño irreparable para sus seres queridos, cada feminicidio es una destrucción familiar, quedan niños huérfanos que crecerán sin sus madres por este flagelo que afecta gravemente a nuestra sociedad”, indicó Samaniego en una conferencia de prensa.

Detalló que la iniciativa tiene como finalidad principal “dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las falsas. Conocemos casos de hombres que hoy están presos por acusaciones falsas. Hace dos años ya pudo estar vigente la creación de estos juzgados y tribunales especializados multidisciplinarios, integrado por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, siquiatras, para asistir a las víctimas, esto busca la coordinación entre instituciones, que no haya burocracia”.

Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.

“Si existiesen estos juzgados, los especialistas, al tomar conocimiento de la denuncia, llevarán su trámite adelante y si es falsa ahí mismo la desestimarán, pero eso hoy no ocurre. El hombre que está preso tiene que mostrar su inocencia, pero está preso. Cada caso duele”, lamentó.

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La postura de la parlamentaria colorada de impulsar nuevamente su propuesta surge tras el asesinado de la joven Deysi Giménez y el brutal ataque a Rosi Ramona Pinho Gire, quien fue apuñalada en varias ocasiones presuntamente por su exmarido.

“Este proyecto de ley fue elaborado durante 6 años en un trabajo conjunto entre varias instituciones del Estado, bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer, pero los fundamentalistas senadores, sin argumentos, simplemente lo rechazaron y el feminicidio fue lamentablemente en aumento”, dijo.

Samaniego detalló que entre las instituciones que también fueron parte de la propuesta figuran el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Género de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Desde la pandemia del Covid-19, el feminicidio fue escalando en forma masiva. Entre el 2020 al 2025 se registraron 258 feminicidios, un promedio superior a 40 víctimas por año. En el año 2025 se tuvo un total de 37 feminicidios, 55 tentativas de feminicidio, se registraron 37.825 denuncias de violencia familiar, 69 niños y adolescentes quedaron huérfanos, nunca más verán a su madre”, refirió.

Agregó que “mientras que las tentativas de feminicidio van más de una por semana. En lo que va del año 2026 ya tenemos 20 feminicidios y solo estamos en el mes de octubre, 28 tentativas de feminicidio, 36 hijos que quedaron sin sus madres, que dolor, que impotencia”.

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El diputado Rodrigo Gamarra, en su condición de presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), sostuvo que la diplomacia parlamentaria dejó de ser un simple auxiliar de la diplomacia ejecutiva y que hoy tiene “identidad, legitimidad y responsabilidades propias”. Lo planteó en una entrevista publicada bajo el título “Repensar la Diplomacia Parlamentaria”, un artículo de la autora Ivana Patané.

En la nota repasa la evolución de la diplomacia parlamentaria, desde la fundación de la Unión Interparlamentaria en 1889 y la incorporación de asambleas parlamentarias a los organismos internacionales tras 1945, hasta el caso latinoamericano, con el Parlatino (1964), el Parlacen (1987) y, en el Mercosur, el paso de la Comisión Parlamentaria Conjunta al Parlasur, que funciona desde 2007.

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Consultado sobre si la diplomacia parlamentaria es una auxiliar de la ejecutiva o ya tiene un rol propio, Gamarra respondió que es “complementaria”, pero con personería distinta. Explicó que, mientras la diplomacia tradicional representa a los estados y a sus gobiernos, la parlamentaria “representa también la pluralidad política” y a través de ella, a las sociedades.

Aclaró que no se pretende reemplazar al Poder Ejecutivo, a quien corresponde constitucionalmente conducir la política exterior. Dijo que los parlamentos pueden acompañar, ampliar los espacios de diálogo y acercar la política exterior al ciudadano. “La integración verdadera tiene que sentirse en la frontera, en el comercio, en las rutas, en el empleo y en la vida cotidiana de nuestra gente”, afirmó.

Como legislador nacional y presidente del Parlasur, Gamarra describió dos responsabilidades “diferentes, pero absolutamente complementarias”. Desde la Cámara de Diputados, dijo que se viven a diario los problemas concretos de los paraguayos: productores, trabajadores, fronteras, infraestructura y atracción de inversiones. En el Parlasur, la perspectiva se amplía hacia los puntos de encuentro con Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y el resto de la región.

Esa doble experiencia, según explicó, evita que la integración “se vuelva abstracta”. Mientras la diplomacia tradicional trabaja con acuerdos, tratados y declaraciones, el parlamentario aporta “la dimensión política y territorial”: escucha al ciudadano y lleva sus preocupaciones a los foros regionales.

En ese marco, propuso un criterio para evaluar al bloque: el Mercosur no debe medirse “por la cantidad de documentos que firma”, sino “por la cantidad de oportunidades que genera”. Indicó que si una decisión regional produce más comercio, mejores rutas, conectividad, inversión o empleo “la integración dejó de ser un concepto diplomático y comenzó a transformar la vida de la gente”, acotó.

Sobre los desafíos de la próxima década, el parlamentario anticipó una diplomacia parlamentaria “mucho más rápida, más tecnológica y, paradójicamente, mucho más humana”. Señaló que la inteligencia artificial, la desinformación, la ciberseguridad y el cambio climático comparten que “ninguno reconoce fronteras nacionales”, por lo que las respuestas tampoco pueden quedar encerradas en ellas.

Reconoció que la IA es una herramienta potente para el desarrollo, la educación, la salud y la productividad, pero advirtió sobre sus riesgos en materia de empleo, privacidad, seguridad y desinformación. “Ningún país del Mercosur debería enfrentar solo esa discusión”, sostuvo.

Agregó además, que desde el Parlasur se planteó un rol de espacio donde se puedan anticipar los grandes debates, intercambiar legislación, compartir experiencias y construir principios comunes, siempre respetando la soberanía y las particularidades de cada Estado. Frente a la desinformación, consideró necesario recuperar la confianza mediante más transparencia, participación y mejores instituciones.

El legislador también destacó que la región cuenta con agua, energía, alimentos, biodiversidad y minerales estratégicos, y que América del Sur “tiene condiciones para ser protagonista” y no mera espectadora de las transformaciones globales.

Su conclusión fue que la diplomacia parlamentaria del futuro “tiene que anticiparlas” en lugar de limitarse a reaccionar ante las crisis. “Si la tecnología avanza más rápido que nuestras instituciones, si la desinformación avanza más rápido que la verdad y si los desafíos globales avanzan más rápido que nuestra capacidad de integrarnos, llegaremos siempre tarde”, advirtió. El desafío del Parlasur es “lograr que nuestra región llegue preparada al futuro”, concluyó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, participó ayer en Nueva York de la Reunión de Alto Nivel del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El encuentro se desarrolló en la sede de las Naciones Unidas, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General, y reunió a jefes de Estado y representantes de siete países sudamericanos para coordinar acciones contra las amenazas transfronterizas.

Paraguay concretó su incorporación formal a este mecanismo intergubernamental en junio pasado, con Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay. El esquema apunta a consolidar la cooperación interestatal en sectores clave como inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad de bienes, fiscalización fronteriza y control migratorio, estableciendo una línea de acción coordinada frente a estructuras criminales complejas.

Durante su intervención ante el foro regional en Estados Unidos, el jefe de Estado advirtió sobre la mutación constante de las redes delictivas. Señaló que estas organizaciones operan sin fronteras y aprovechan las debilidades institucionales de los países, por lo que instó a modernizar y sincronizar las estrategias regionales de defensa y seguridad.

El mandatario fue enfático al describir la vulnerabilidad de los controles actuales frente a la delincuencia. “Vemos al crimen organizado, a los delitos transnacionales, que son los que más han evolucionado y justamente han aprendido de nuestras propias falencias”, expresó Peña al remarcar la urgencia de estructurar respuestas regionales a la misma velocidad con la que mutan estos esquemas ilegales.

El presidente subrayó que la seguridad es un pilar indivisible del desarrollo hemisférico y definió a las naciones sudamericanas como integrantes de un “barrio común” con desafíos compartidos. “Este espacio donde podamos coordinar las estrategias en materia de seguridad, de defensa, las diferentes instituciones con nuestro objetivo es algo que va a beneficiar a nuestros países, al continente sudamericano y, por supuesto, a todo el hemisferio occidental”, sostuvo.

Para concluir su exposición, el jefe de Estado reafirmó la voluntad de integrar la lucha contra el crimen organizado de manera permanente en la agenda diplomática, como condición biunívoca para la estabilidad económica regional. “Paraguay se une con fuerza, con vigor, con un deseo de poder coordinar los esfuerzos”, afirmó Peña, consolidando la postura del país de fortalecer la articulación operativa e institucional en el continente.

Las autoridades de ambos países coincidieron en la necesidad de un trabajo coordinado para contrarrestar el accionar de esos grupos criminales.

El viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda, se reunió en la tarde de ayer con la coor­dinadora adjunta de Segu­ridad Nacional, Control y Designación de Terroristas para la Oficina de Contrate­rrorismo del Departamento de Estado de los Estados Uni­dos, Mónica Ager Jacobsen, en la sede de la Cancillería Nacional. Del encuentro par­ticipó también el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.

En la ocasión abordaron temas relativos al crimen organizado transnacional en la región y coincidieron en la necesidad de un trabajo coor­dinado para contrarrestar el accionar de esos grupos cri­minales. Señalaron que las operaciones de estos grupos trascienden fronteras, por lo que es primordial un trabajo conjunto de los países porque las acciones aisladas resultan insuficientes frente a estruc­turas delictivas cada vez más adaptables y con capacidad de operar simultáneamente en distintas jurisdicciones.

Ambas partes destacaron la importancia de fortalecer los canales de cooperación bilateral existentes entre Paraguay y Estados Unidos en materia de seguridad, así como de profundizar el inter­cambio de información de inteligencia entre las agen­cias competentes de ambos países. En ese sentido, reafir­maron su compromiso de con­tinuar trabajando de manera articulada para hacer frente a las amenazas que represen­tan el terrorismo y el crimen organizado transnacional en el hemisferio.

Jacobsen se encuentra de visita en el país para partici­par de la Sexta Reunión del Foro Contra el Terrorismo Transnacional (CTTF, por sus siglas en inglés), que se realizará los días 16 y 17 de setiembre en Asunción.

En la ocasión, entre otras cosas, se hará una evaluación de la amenaza del crimen transnacional en la región, se analizará la financiación de las actividades terroris­tas en el hemisferio, así como el uso de las nuevas tecnolo­gías por parte de estos gru­pos para eludir los controles estatales y financiar sus ope­raciones.

El foro reunirá a represen­tantes de los países de la región y de Estados Uni­dos con el objetivo de coor­dinar estrategias conjuntas de prevención, intercambio de información y fortaleci­miento institucional frente a estas amenazas.