“Paraguay está listo para ser un protagonista en la región“, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, tras mantener un encuentro con un grupo de inversionistas durante su estadía oficial en los Estados Unidos. En la ocasión el economista expuso las bondades del Paraguay con la finalidad de atraer capital extranjero.

“Conversé con inversionistas en el Citigroup sobre todo lo que hace de Paraguay una de las economías más atractivas de la región: estabilidad macroeconómica, energía 100 % renovable y un enorme potencial de crecimiento en sectores como la agroindustria, la tecnología y los servicios", manifestó en sus redes sociales oficiales.

El director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, se refirió sobre el proyecto de ley impulsado desde la oposición consistente en incluir los fondos sociales de la entidad binacional al presupuesto general de la nación. La iniciativa será debatida este miércoles en la Cámara de Senadores.

“No existe la Itaipú Paraguay, no existe la Itaipú Brasil, existe la entidad binacional Itaipú que se rige por un acuerdo internacional, por su tratado, en todos sus temas, presupuestarios, ingresos, licitaciones, entre otros. Es absurdo que una parte del dinero entre en el presupuesto general de la nación, es absolutamente imposible, no hay ninguna fórmula“, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El representante del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM), Gerardo Bobadilla, fue reelecto como presidente de la institución por el período 2025-2026. Su designación en el cargo fue concretada de manera unánime.

Mientras que el representante de las universidades nacionales, Gustavo Benicio Miranda Villamayor, fue electo como vicepresidente. En la ocasión los miembros destacaron la gestión de la actual mesa directiva, se resaltó el compromiso que se mantuvo con la transparencia, eficiencia y la modernización institucional, razón por la cual se tomó la decisión de apostar por la reelección.

Este sábado 3 de mayo es el último día para completar el censo digital de los jubilados de la caja fiscal. Quienes no cumplan este requisito, serán sacados de la planilla de pago. El último informe del Ministerio de Economía y Finanzas revela que el censo digital alcanzó un 82 % de ejecución.

El 18 % pendiente equivale a 14.086 jubilados, quienes, de no completar este formulario online para el sábado 3 de mayo, sufrirán el bloqueo de sus cuentas y dejarán de cobrar hasta que regularicen su situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer martes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, todavía quiere negociar un acuerdo de paz en su guerra con Ucrania, cuando las conversaciones mediadas por Washington parecen estar estancadas.

Consultado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC si Putin quiere la paz, Trump respondió: “Creo que sí”. La declaración se produce después de que el magnate republicano cuestionara el sábado si el líder ruso se toma en serio la paz, tras una inesperada reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen del funeral del papa Francisco en Roma.

El presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, saludó a los maestros de todo el país en su día. El exmandatario destacó la labor docente y el aporte de los mismos en la construcción del Paraguay.

“Hoy rendimos homenaje a quienes con su enseñanza construyen los sueños de un Paraguay mejor. Gracias, maestros por su vocación, su esfuerzo y su incansable amor por la educación. Feliz día”, expresó en su cuenta oficial de X. Este 30 de abril se celebra el Día del Maestro en todo el país, un homenaje y una fecha de celebración para los formadores de todo ciudadano, con el don de instruir y guiar a los futuros profesionales desde la infancia.

En el marco de la implemen­tación del programa de Revi­sión de medidas cautelares, un equipo técnico del fuero Penal de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un censo y reco­lección de datos en el Cen­tro Regional Penitenciario de Encarnación. En total se hizo el relevamiento de datos de 201 personas privadas de libertad, tanto prevenidos como condenados.

Esta actividad contó con el res­paldo del presidente del Con­sejo de Administración de la circunscripción judicial de Itapúa, abogado Luis Alberto García, y de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además, se enmarca dentro de los trabajos que se realizan junto con el Vicemi­nisterio de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

Participaron de la jornada los jueces de Ejecución Penal, Sonia Rojas y Laura Benítez; los jueces de Garantías, Clau­dia Scapinni y Miguel Óscar López. Asistieron represen­tantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Minis­terio de Salud, el Departa­mento de Identificaciones de la Policía Nacional, el sec­tor del deporte y otras institu­ciones vinculadas al sistema penitenciario. Igualmente la misma actividad se reali­zará en otras penitenciarias de nuestro país.

En el marco de la implementación del programa de Revisión de medidas cautelares, un equipo técnico del fuero Penal de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un censo y recolección de datos en el Centro Regional Penitenciario de Encarnación. En total se hizo el relevamiento de datos de 201 personas privadas de libertad, tanto prevenidos como condenados.

Esta actividad contó con el respaldo del presidente del Consejo de Administración de la circunscripción judicial de Itapúa, abogado Luis Alberto García, y de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además se enmarca dentro de los trabajos que se realizan junto con el Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

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Participaron de la jornada los jueces de Ejecución Penal, Sonia Rojas y Laura Benítez; los jueces de Garantías, Claudia Scapinni y Miguel Óscar López. Asistieron representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Salud, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, el sector del deporte y otras instituciones vinculadas al sistema penitenciario.

Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Nacional y la Acordada n.° 1.511/2021. Igualmente la misma actividad se realizará en otras penitenciarias de nuestro país.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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