La complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez con la estructura de Sebastián Marset está plenamente confirmada y documentada. Ahora queda saber el trasfondo deliberación de los puertos para la narco exportación, los informes de pistas de arribo de cocaína, establecimientos, depósitos utilizados en la logística del ilícito cajoneados desde 2020.

Los archivos de inteli­gencia son contunden­tes sobre el proceso investigativo que detonó en el sonado operativo antinarco, A Ultranza Py. Los documen­tos confirman cronológica­mente la abierta complicidad del gobierno de Mario Abdo Benítez en la logística narco sin precedentes en la histo­ria del Paraguay, desarrollada por estructura del uruguayo, hoy preso en Estados Unidos, Sebastián Marset.

El gobierno de Abdo, a tra­vés de la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) con Arnaldo Giuzzio a la cabeza facilitaron el arribo, la con­solidación de Marset y grupos criminales aliados a su estruc­tura. El siguiente capítulo es conocer el trasfondo de estas concesiones que tuvo el uru­guayo para operar libremente en el territorio nacional.

La cronología de los hechos replicada en el mismo análisis de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) del operativo A Ultranza Py, señala que el gobierno de Mario Abdo Bení­tez, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía identificada a la estruc­tura Marset en el 2018, sus pri­meros movimientos en el pro­ceso de radicación y en el 2020 ya contaba con toda confirma­ción de la ruta de Marset.

Las informaciones de inteli­gencia reportadas en el marco de los operativos ARAI I y II fueron claves en los análisis de SIU. Precisamente estos informes fueron realizados por la Dirección de Investiga­ción Área Fluvial y Terrestre (DIAFT), alertando en el 2018 sobre la estructura que ingre­saba al país y la respuesta que recibieron fue el cierre de sus oficinas en los puertos y el retiro de las bases por reso­lución de Giuzzio.

La Senad y por ende el Gobierno sabía de la orga­nización criminal, pero los radicó, otorgó documenta­ción a Marset, su familia y además le allanó el camino para su negocio narco.

Agentes de SIU en proceso de reconocimiento se paseaban en el 2020 por pistas clandestinas identificadas ya desde el 2028 con ARA I y II. Videos, fotogra­fías, datos geográficos, equipos, toda la ruta, la estructura, esta­ban confirmados en el 2020, pero dilataron la conclusión de los informes y por ende los ope­rativos de desmantelamiento de la organización Marset.

Las investigaciones sufrie­ron también varias filtracio­nes y recién el 21 de febrero de 2022, conclusiones fueron remitidas a la Fiscalía. Con este reporte el Ministerio Público madrugó y activó un megaoperativo con 100 alla­namientos en simultáneo en menos de 24 horas.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sostuvo que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset también debe ser juzgado en Paraguay por las causas abiertas en su contra. Marset es investigado en el marco del operativo A Ultranza Py y sindicado como presunto líder de una organización para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

“Nosotros tenemos que asentar nuestra soberanía, obviamente, los tratados de extradición obedecen a la reciprocidad internacional y tiene un caso de bulto en Estados Unidos; a lo mejor por eso evaluamos todavía la información en el momento, porque finalmente no se va a clarificar en poco tiempo, por lo menos”, expuso el fiscal general en entrevista a la 780 AM.

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Así mismo, señaló que desde la fiscalía paraguaya “también haremos valer nuestro derecho de juzgarlo en nuestro país, por lo menos luego del cumplimiento de la sentencia; son cosas que hay que asentar hoy como derecho”.

Sebastián Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo, y está acusado de utilizar bancos de EE. UU y Europa para lavar millones en ganancias de su organización.

Con respecto a las sospechas de que Marset haya sido el mandante del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, el 10 de marzo del 2022. “El caso Pecci para nosotros es emblemático, nos interesa sobremanera, siempre hemos mantenido una línea firme, conversaciones con la gente de Colombia; el escenario es Colombia, la justicia operante es Colombia, pero de todos modos estamos muy atentos a todo lo que se pueda decir”, concluyó Rolón.

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“El daño que se hizo al Paraguay es tremendo, prostituyeron la hidrovía para sus repugnantes negocios e intereses personales“, dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, al referirse sobre el auge del narcotráfico y el crecimiento de la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset, en el gobierno del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

“Los hechos fríos y objetivos son imposibles de eludir. La exdirectora de la Senad (Zully Rolón), reconoció que efectivamente el Paraguay ya era un lugar de tráfico de droga. La apertura del operativo A Ultranza lo hicieron presionados por las circunstancias y con la participación de las agencias internacionales”, afirmó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.

Riera acotó: “Todos los actores de esa época (gobierno de Abdo Benítez) van a querer culpar que la estructura (de Sebastián Marset) ya existía antes o que continuó después, pero realmente la Justicia americana dice textualmente que fue en ese periodo, que no busquen tirar bombas. En los 30 meses que estamos en el poder no salió ningún gramo de cocaína, ningún gramo se descubrió en Europa de cargamentos de cocaína procedente de Paraguay”.

El ministro se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.

La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.

En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.

El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.

“Fue demasiado evidente lo que se dejó de hacer, lo que se apoyó. Las estructuras criminales se dieron cuenta que por Paraguay era más fácil (exportar droga) porque no habían controles o los que habían terminaron siendo relajados. Se retiraron los scanner (en los puertos) con la excusa de reorganizar el organigrama", comentó Riera.

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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.

El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.

La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.

“Jugaron con el arco libre y desde allí empezó a nacer el gran negocio en el Paraguay, que les resultaba más barato y tenían la complicidad del poder. Al tener luz verde en nuestro país ya iban derecho a los puertos de Europa. Marset operaba en la frontera seca de Bolivia, transitaba por la zona del Chaco donde no había los controles, ni de la Senad o la Dinac y luego se contaminaban (los contenedores con droga) en el departamento Central y pasaban sin ningún control", refirió.

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El uruguayo Sebastián Marset deberá presentarse este miércoles ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, esta audiencia había sido postergada por pedido de la defensa argumentando que requería de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comunicación con el defendido. La audiencia debió realizarse el pasado 25 de marzo.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo.

El uruguayo está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización que, de acuerdo a las investigaciones, traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.

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En esta audiencia Marset deberá definir si se declara culpable o no de los delitos de los cuales es acusado, en el caso de no declararse culpable, podría también colaborar con la justicia de los Estados Unidos y acceder a la reducción de pena por delación premiada. De declararse no culpable iría a un juicio con jurado y enfrentará una fuerte condena.

Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga, al que el juez del caso accedió y convocó para el 25 de marzo, la cual nuevamente fue prorrogada para este 1 de abril.

Marset sigue recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D. C.

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