El Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por el doctor Jorge Brítez, solicitó a la Contraloría General de la República que realice una auditoría de la compra de bonos a la entidad ueno bank por valor de USD 32 millones. Según indicó el presidente, lo que se busca es dar tranquilidad a los asegurados sobre esta inversión.

“Sobre todo es para dar transparencia a la gestión, no hay nada que esconder, pero tenemos que hacer, de lo contrario estaremos rayando la lesión de confianza. Si ese dinero que tenemos a la vista nosotros no procedemos a invertir de alguna forma, estamos imcumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica porque estamos al tope con las colocaciones a plazo fijo, buscamos otra alternativa financiera y en este momento es el tema bonos”, explicó Brítez.

En contacto con “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el titular de la previsional indicó que vía nota se requirió a la entidad contralora que realice la auditoría y posteriormente, tuvo una reunión con el contralor Camilo Benítez, a quien solicitaron que verifique el movimiento financiero de los últimos años, incluyendo los realizados en esta administración.

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“Tuvimos una conversación solicitándole que haga insistencia sobre el tema bonos, que es lo que estaba llevando la atención todo este tiempo. El contralor y me dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para aclarar esta situación y que si hay algo irregular tanto en la anterior administración como en la nuestra, ahí va a saltar”, expuso el médico.

Brítez aseguró que se dijeron muchas cosas que no son ciertas alrededor de esta operación y que el Consejo de Administración realizó el análisis correspondiente sobre la viabilidad de esta compra y de invertir en bancos, para lo cual se presentaron dos entidades, Itaú y ueno bank, las que presentaron sus propuestas a la institución.

“Hoy en el Consejo vamos a tratar dos o tres ofertas más que tenemos de otros bancos y también estamos viendo para invertir en otros instrumentos financieros porque la ley nos obliga a eso”, añadió. Por otro lado, manifestó que el IPS está abocado a obtener los recursos financieros necesarios para la conclusión de la obra del hospital hemato-oncológico, una obra de gran envergadura que representará una solución no solo para los asegurados.

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El titular del Ministerio de Justicia, Rodrigo Nicora, participó de una reunión con la Comisión Bicameral, encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente a la liquidación del Presupuesto General de la Nación (PGN) del ejercicio fiscal 2023.

“Tomamos con mucha apertura las observaciones que hizo la Contraloría. La comisión que está a cargo del diputado César Cerini nos abrió las puertas, para tener la oportunidad de visibilizar algunas cuestiones contables y administrativas, no de esta gestión, estamos hablando del periodo 2023, de gobiernos anteriores”, detalló.

El secretario de Estado detalló ante los miembros de prensa en el Congreso, que las autoridades pudieron fijarse en tres observaciones brindadas incluso desde el 2005, sobre las cuales no se han determinado soluciones definitivas, por lo cual remarcó la importancia de actuar de manera estratégica.

“En algún momento debemos dar un corte administrativo general a todas estas cuentas y números pendientes y buscar un mecanismo, tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la comisión misma”, señaló el ministro de Justicia.

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Nicora indicó que se buscará articular la manera formal de dar un cierre a todas las cuentas pendientes, en torno a las cuentas administrativas, y si existen observaciones sin sustento legal se derivarán a las instancias correspondientes.

“La conclusión a la que llegamos es que queda mucha tarea por hacer, pero también existe mucha apertura con las distintas instituciones para, de alguna manera, ir subsanando todo y llegar mucho más ordenados”, afirmó el ministro de Justicia, en referencia a su cartera.

El informe final a ser elaborado por la Bicameral, será entregado a ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 45 días. Además, la comisión tiene la potestad de elevar denuncias de cualquier irregularidad encontrada a instancias como el Ministerio Público.

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Las senadoras Norma Aquino (Yamy Nal) y Celeste Amarilla protagonizaron una fuerte discusión durante la presentación del presupuesto del Ministerio de Salud. Aquino manifestó que legisladoras de la oposición acosaron a la ministra María Teresa Barán durante su alocución, por lo que les recordó como avalaron los robos producidos en pandemia.

“Se fueron netamente para incidentar, polemizar en redes y malinformar a la ciudadanía porque desde el principio atacaron horriblemente a la ministra, quien fue terriblemente acosada y fue más una interpelación en la que se unieron Celeste Amarilla, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, fui la única que estuvo ahí para defenderle porque la mayoría estaba por zoom”, expresó Aquino.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la parlamentaria colorada indicó que ante los constantes ataques que estaba recibiendo la ministra, intervino y aclaró que la sesión era para el estudio del presupuesto y no para una interpelación, pero que los cuestionamientos surgían debido a la mala gestión en salud durante el gobierno de Mario Abdo.

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“Habló Celeste y me dijo que qué podía cuestionar yo si el gobierno de Marito fue colorado y cuando yo dije que fue cogobernado con los opositores, me cerraron el micrófono. Me dijo que era una desubicada y que tenía que respetar, yo le dije que era ella la que debía respetar, que era una desubicada, ladrona de merienda escolar, coimera confesa y que ahora venía a despotricar contra el Estado, eso no salió al aire, pero en toda la sala se escuchó el grito”, relató.

Yamy Nal indicó que además hubo un grupo de personas que responde a la oposición, fueron a la Bicameral e incidentaron la sesión, puesto que cada vez que ella hablaba, la abucheaban, pero aplaudían las intervenciones de Yolanda, Esperanza y Celeste. “Cuando terminó la discusión se mandó mudar, hizo todo el show para eso porque minutos después ya empezó a subir un video recortado”, afirmó.

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El contralor Camilo Benítez fue convocado por la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado para responder que la institución no realizó control alguno sobre la fiscalización al fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), ni sobre la compra de bonos de un banco de plaza, que dicha comisión está investigando.

No obstante, al término de la reunión explicó que si la CBI realiza algún pedido especial, la CGR podría iniciar una auditoría sobre estos casos, la cual podría durar entre 45 a 60 días, siempre y cuando la institución facilite las informaciones requeridas.

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La CBI está indagando el operativo de fideicomiso del IPS a un banco de plaza que involucró unos G. 828.000 millones para un total de cuatro obras puntuales, entre las que no se observan edificios para hospitales públicos, ni tampoco se devolvió el dinero.

“Nosotros nunca hemos realizado ninguna actividad de control sobre dicho fideicomiso. Lo que sí hacíamos referencia, por más que no nos habían consultado, son las verificaciones de los depósitos de ahorros, que sí hicimos auditoría y del cual forma parte del informe del año 2019-2020. Además, nos consultaron si se hicieron fiscalizaciones sobre los bonos que ahora tomó conocimiento público, y la respuesta es que no”, explicó.

Agregó que las conclusiones a las que llegaron durante el debate en la CBI es que si la Contraloría podría hacer estas verificaciones tanto en el caso del fideicomiso, como también sobre la colocación del dinero del IPS en bonos en un banco de plaza, y que ahora mismo está siendo parte de las noticias de la prensa.

“La respuesta a esto fue que sí, sobre todo si hay un pedido especial de la comisión, nosotros podríamos analizar. La sugerencia de una auditoría por un periodo de 10 años, fue de mi parte. De tal modo se pueda verificar los criterios que han tenido en la Previsional para hacer estos depósitos, sería interesante hacerlo de los últimos 10 años, para entender cuál es el standar o criterio que toma el IPS para que opte por una entidad u otra, o bien opte por una inversión de mayor o menor riesgo”, mencionó.

Benítez indicó que la Contraloría podría hacer una fiscalización especial para evaluar todos los extremos. Acotó que la CGR también realiza estas fiscalizaciones de oficio en un 90 %, ya que forma parte de una estrategia institucional, que le llamamos PGA (Plan General de Auditoría). No obstante, explicó que el PGA que ya está vigente, no contempla esta actividad de control.

“Podríamos hacerlas de oficio, pero no está dentro del PGA como prioridad institucional la verificación de esto. Nosotros salimos el año pasado con una auditoría muy emblemática del IPS; creemos que no es prudente auditar todos los años la misma entidad. Ahora si hay un pedido institucional oficial del Congreso, claramente vamos a hacer el trabajo que nos solicitan”, comentó.

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