El abogado constitucionalista Marcelo Duarte habló con La Nación/Nación Media acerca de las funciones otorgadas por el presidente de la República Santiago Peña a la ministra secretaria general y jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Giménez. Refirió que el mandatario cuenta con la suficiente atribución constitucional para otorgarle competencias que considere necesarias.
“Cualquier presidente puede dar instrucciones tanto al vicepresidente como al ministro que considere pertinente para resolver cuestiones necesarias para él. Está dentro del margen de discrecionalidad del presidente de la República encomendar tareas específicas a sus ministros, según la afinidad y experiencia de los mismos”, recalcó el abogado.
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A través de un decreto, Peña estableció una nueva estructura para el Gabinete Civil, a cargo de Giménez, estableciendo además que se constituya como un órgano auxiliar y de carácter técnico, con facultad y competencia para asistir, asesorar y coordinar la gestión del titular del Poder Ejecutivo en el proceso de definición, instalación, comunicación y seguimiento de las políticas de Gobierno.
Sobre el punto se suscitaron diversos cuestionamientos por la posibilidad de otorgar superpoderes a la jefa del Gabinete Civil, en contraposición con las funciones del propio vicepresidente de la República. No obstante, Duarte manifestó que este argumento no resulta sustentable ya que las atribuciones otorgadas son más bien de carácter administrativo e incluso podrían considerarse como un beneficio para las tareas del gobierno.
Con respecto a las supuestas extralimitaciones otorgadas a la ministra secretaria, Duarte manifestó que esta apreciación no corresponde, ya que las funciones de la ministra secretaria no se superponen al vicepresidente ni a sus obligaciones. Puntualizó que el segundo al mando continuará con las atribuciones correspondientes como ser el nexo del Ejecutivo ante el Legislativo y ejercer como presidente en ejercicio cuando Peña no se encuentre en el país.
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Avanza en el Senado el juicio político a Peña pese a renuncia
La ausencia deliberada de diversos sectores legislativos impidió aceptar la salida pactada y forzó la prosecución del mecanismo constitucional sancionatorio.
La Cámara de Senadores dio inicio formal a las 19:45 al juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la resolución de acusación en su contra tras una tensa y prolongada deliberación. La histórica sesión del estamento legislativo culminó a las 21:00, tras la presentación detallada de los libelos acusatorios sostenidos formalmente por la delegación de fiscales nombrada por la Cámara Baja.
El equipo de fiscales acusadores quedó integrado por los diputados Rodrigo Blanco, Raúl Benítez, Rocío Vallejo, Adrián Vaesken, Pedro Gómez, Mauricio Espínola, Luis Fernando Franco y Carlos Núñez Salinas, quienes tuvieron a su cargo estructurar y fundamentar verbalmente los argumentos jurídicos y políticos ante el pleno del Senado, constituido en tribunal de sentencia.
La crisis política alcanzó su punto de mayor volatilidad institucional cuando la sesión conjunta del Congreso Nacional, convocada con carácter de urgencia para tratar la nota formal de dimisión del jefe de Estado, quedó desintegrada por falta de cuórum. La ausencia deliberada de diversos sectores legislativos impidió aceptar la salida pactada y forzó la prosecución del mecanismo constitucional sancionatorio.
De este modo, Peña continúa ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo mientras la Cámara Alta evalúa de manera soberana la viabilidad legal de la destitución.
Ante la continuidad irremediable del proceso, el mandatario utilizó sus canales oficiales de comunicación y redes sociales para manifestar a la ciudadanía su postura frente al complejo escenario político. En un mensaje público, el renunciante presidente confirmó que no eludirá la instancia constitucional, anunciando que asumirá personalmente su juzgamiento y ejercerá de manera plena su garantía constitucional a la defensa técnica y legal.
El pleno del Senado fijó la convocatoria oficial para el viernes 6 de noviembre a las 10:00, momento en el cual el presidente comparecerá ante la Cámara Alta a fin de exponer sus alegatos y descargar las imputaciones aprobadas horas antes por la Cámara de Diputados. La jornada legislativa estará marcada por una estrecha vigilancia ciudadana y una extrema polarización en la bancada oficialista y la oposición, en un trance institucional decisivo donde el Congreso determinará en votación nominal si corresponde la destitución del jefe de Estado de sus funciones ejecutivas.
UENO BANK, LOS HECHOS QUE PRECIPITARON LA CRISIS
El desenlace político de Peña llegó con el estallido de la crisis financiera de ueno bank, que dejó a aproximadamente 2,9 millones de clientes sin acceso normal a sus fondos.
El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay activó el proceso de resolución de la entidad, tras detectar graves problemas de solvencia e irregularidades en operaciones financieras.
El caso también puso bajo cuestionamiento los vínculos que Peña había mantenido con el Grupo Vázquez, relacionado con ueno bank, del cual fue accionista hasta 2025.
A esto se sumaron los cuestionamientos al nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del BCP, luego de su paso por el sector financiero vinculado al grupo.
Las investigaciones sobre posibles responsabilidades siguen su curso y la Fiscalía recibió una denuncia en su contra, que se encuentra en proceso de análisis.
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Fiscalía abre tres causas por denuncias contra Peña y otros
Los investigadores deberán analizar las denuncias, reunir los elementos de convicción y determinar si existen hechos punibles que justifiquen el avance de los procedimientos penales.
El Ministerio Público dispuso la apertura de tres causas penales para investigar presuntas irregularidades relacionadas con la supervisión y resolución de ueno bank, así como la colocación de fondos públicos en la entidad financiera.
La resolución establece que las investigaciones tienen origen en tres presentaciones. Una de ellas es la ampliación de la denuncia contra Santiago Peña Palacios, formulada originalmente el 22 de octubre de 2025, a la que senadores y diputados incorporaron hechos vinculados con ueno bank.
La otra guarda relación con una denuncia presentada por senadores contra el presidente de la República, el vicepresidente, el exministro de Economía y Finanzas y autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La tercera es por la denuncia presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez, cuyo contenido específico y personas denunciadas no se detallan en la resolución.
EQUIPO INVESTIGADOR
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, designó para investigar los hechos a Elena Fiore Franco, Silvia González Vóster y Christian Manuel Cáceres, agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El equipo trabajará bajo la dirección de Silvia González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
Los investigadores deberán analizar las denuncias, reunir los elementos de convicción y determinar si existen hechos punibles que justifiquen el avance de los procedimientos penales. La apertura de estas causas no implica que las personas mencionadas hayan sido imputadas, sino que marca el inicio de las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.
GRAVES IRREGULARIDADES
La denuncia penal del Banco Central del Paraguay (BCP) revela graves irregularidades en el financiamiento del proyecto Puerto Madero de Asunción, ubicado en el predio del Puerto. ueno bank le entregó más de USD 33 millones a la empresa Nuevo Mundo Entertainment SA sin exigir garantías. Además, el banco aceptó un disparo presupuestario del 339 % y la desviación de los fondos hacia firmas del Grupo Vázquez.
La entidad bancaria otorgó financiamiento por un total que alcanzó los USD 33 millones. El Banco Central del Paraguay confirmó en su denuncia penal que el banco aprobó las operaciones bajo la modalidad “a sola firma” (ASF), sin exigir garantías reales sobre los activos ni aportes de capital por parte de los promotores.
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El dólar vuelve a niveles de principio de año: 6.600
Se verá en los próximos días si la tendencia continúa, considerando que la presión a la baja fue incesante desde agosto.
“La tensión política generada por la salida del presidente de la República, Santiago Peña, generó una disparada del dólar, que retornó a niveles de principios de año, es decir, a los G. 6.600. Desde la resolución de ueno bank la divisa norteamericana comenzó a exhibir una importante tendencia al alza”.
En la jornada de ayer miércoles, en el mercado, minorista la moneda se ubicó en G. 6.050 a la compra y G. 6.250 a la venta. Ya este jueves, el incremento se dio de manera relevante hacia las 10:00, coincidiendo con el momento más álgido de los vaivenes con relación al Ejecutivo. Conforme avanzaban las horas, la divisa comenzaba a ganar terreno y llegó G. 6.200 en el tipo comprador y G. 6.600 al tipo vendedor, como se mencionó anteriormente, un nivel similar al experimentado al arranque de 2026.
En el mercado interbancario reportado por el Banco Central del Paraguay (BCP), las operaciones por hora cerraron a G. 6.490,00, frente a los G. 6.177,89 del arranque de las negociaciones. En cuanto al acumulado, la cifra final consignada por el regulador es de G. 6.388,47.
Se verá en los próximos días si la tendencia continúa, considerando que la presión a la baja fue incesante, sobre todo desde agosto, mes que vio por primera vez perforado el piso de los G. 6.000.
CRISIS GENERADA POR UENO BANK
El regulador decidió proceder a la resolución de ueno bank en la jornada del lunes pasado, comunicó la determinación en las primeras horas del martes 3 de noviembre, por lo que cesaron las operaciones de la entidad, en consecuencia, los clientes ya no consiguieron recuperar su dinero.
Se espera que hoy se hagan efectivos los primeros pagos, de hasta 40 salarios mínimos a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El regulador debe continuar con el procedimiento y el objetivo, según se mencionó, consiste en devolver todos los fondos captados, incluso el dinero del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS).
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Todas las crisis siempre están ligadas a la política
- Por Aníbal Saucedo Rodas
La caída del joven Santiago Peña de la Presidencia de la República –su destitución es inminente por la vía constitucional del juicio político– no exige una explicación muy minuciosa. Las causas son muy sencillas: nunca pudo, o no quiso, desentrañar el concepto del poder real, mantuvo tercamente a ministros que no daban la talla y menospreció a un antiguo aliado que no necesita de la política ni de los medios de comunicación para demostrar su fuerza. Su relación incestuosa con un banco de plaza que estalló en un escándalo que afecta a miles de familias fue el detonante demoledor que lo convierte en el tercer jefe de Estado que no concluye su mandato desde el inicio de la transición democrática paraguaya.
Lo que este hecho corrobora es que, sin importar el origen de una crisis, su vínculo con la política es indisoluble. Puede ser provocada deliberadamente desde el poder, como factor de distracción, o generada a partir de la incompetencia, la debilidad institucional o, directamente, por la anuencia tácita o explícita de personas que poseen representación de autoridad. La ausencia de límites rigurosos que impidan sortear alegremente las vallas legales nos retorna a la clásica pregunta del poeta latino Juvenal: ¿Quién vigila al vigilante? Cuando las tres funciones del Estado resultan insuficientes para el control recíproco, queda como última alternativa una ciudadanía constituida en tribunal popular. Entonces, como diría Roa, se instala el foro de la calle, como el Ágora griego, donde la democracia adquiere su verdadero sentido y dimensión.
Hay que lamentar, sin embargo, que todavía carecemos de una sociedad organizada para levantar barreras infranqueables a la corrupción, el abuso de autoridad o el manejo discrecional de la administración pública. Solamente se moviliza por razones muy puntuales. Aún no se percibe una expresión identitaria para ejercer sus derechos de manera sistemática, firme y coherente. Es por ello que la impunidad alimenta la repetición de malversaciones, estafas, fraudes, concusiones, cohechos y tráfico de influencias, mediante un sólido entramado de colusión de algunos sectores públicos y privados. Y, también, alimenta el discurso de quienes fueron demostradamente corruptos en el ejercicio del poder, con fortunas que no pueden ser justificadas mediante el simple cotejo de sus ingresos, y que hoy, mediante esos crímenes sin punición, proclaman, con un cinismo desvergonzado, una honestidad que nunca tuvieron.
Seguimos constituyéndonos en una democracia procedimental, no sustantiva, donde la igualdad sea real y la justicia social un hecho verificable. Donde los derechos civiles, sociales, políticos y económicos sean respetados y la participación ciudadana se manifieste activa y permanente, sin que se restrinja al simple ritual del voto periódico. Aunque es el Partido Nacional Republicano el que estuvo en el poder en las últimas décadas, prácticamente de manera exclusiva, su Declaración de Principios, ochenta años después, no ha logrado consolidarse en la realidad, principalmente su punto 4, donde considera que “la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantiza la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clases explotadas”. Y no podemos obviar el artículo precedente, el 3, por su quemante actualidad: “El Estado, servidor del hombre libre, interviene en la vida social y económica para evitar el abuso del interés privado y promover el bienestar general, sin infligir injusticias a particulares”.
Estamos lejos de una democracia ciudadana porque somos producto de un sistema educativo históricamente divorciado de la realidad, que no ha cultivado la solidaridad, la justicia, la rectitud y la integridad como valores imprescindibles para la vida en comunidad. Tampoco tenemos una escuela orientada a la participación política seria, responsable y consecuente. Por eso su actuación, insistimos, se reduce a las movilizaciones sectoriales, motivo por el cual su presencia no es efectiva ni incide radicalmente en los sistemas de control y fiscalización. Y tampoco ha construido una red sostenida de información que promueva el acceso al conocimiento general y el debate fundado en argumentos.
La democracia ciudadana implica una ciudadanía democrática. Que se mueve dentro de las reglas de este sistema de gobierno. No implica en absoluto el caos y la violencia. Es la única y última salida para advertir y, de ser posible, evitar las crisis, como la financiera que hoy nos golpea arteramente. Es la respuesta más acertada a la inquietante pregunta de quién vigila al vigilante. Peor sería que llegáramos a responder, con el viejo Lope: “Fuenteovejuna, señor”.