La concejala liberal, Gladys Mereles, y el concejal colorado, Martín Rolón, presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ante la sospecha de una mala gestión del intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez, y sus administradores.

La denuncia presentada es por la presunta malversación de fondos y desvío del dinero público. Ambos concejales municipales rechazaron el balance de gestión que presentó el jefe comunal, durante los últimos años por graves irregularidades detectadas.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Seccional colorada, César Riquelme, explicó la situación que está atravesando la Municipalidad de Yaguarón. Al respecto, señaló que de acuerdo a la información que manejan los concejales el presupuesto anual que maneja el municipio es de unos 12 a 13 mil millones de guaraníes ya sea de fuentes de royaltíes, Fonacide e ingresos genuinos.

“Según los documentos que ellos han encontrado, habría un desvío y presunta malversación de un 40 % del monto del presupuesto anual. Por eso, solicitaron a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la investigación del periodo correspondiente del 2021 a la fecha. Así también, se presentó denuncia ante la Contralaría General de la República”, indicó.

Riquelme explicó que la Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, 6 del Partido Liberal Radical Auténtico que es la bancada oficialista y 6 concejales del Partido colorado, que son la bancada disidente. Indicó que en este caso, la concejala liberal Gladys Mereles, fue una de las que rechazó el balance que presentó el intendente por el periodo 2024.

Señaló que Mereles es miembro de la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y pudo constatar en el estudio de los documentos varias irregularidades. Mencionó que junto con el concejal colorado Martín Rolón, son los que se animaron a presentar la denuncia formal ante las instituciones competentes.

“En lo personal felicito a estos concejales por la valentía para hacer esta denuncia; donde el intendente que se jacta de tener una administración excelente tendrá la posibilidad de aclarar estas sospechas. No es ninguna persecución política tampoco, porque una concejal de su mismo partido es la que hace la denuncia, entonces de qué persecución política estamos hablando”, acotó.

Al respecto, Riquelme mencionó que son varios los casos de mala gestión administrativa que encontraron los concejales. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes vigentes, los intendentes municipales tienen autorización de hacer contrataciones directa de hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, en la mayoría de los casos abren supuestos llamados a licitaciones por montos menores a lo señalado.

Mencionó que llamativamente son 4 empresas las que siempre se están presentando, intercalando entre ellas, turnándose para ser adjudicadas las obras.

“Si uno analiza sobre quiénes son estas empresas, se encuentra que son unipersonales, que al constituirse en la dirección, se va encontrar con que no cuentan con funcionarios, no cuentan con infraestructura y que aparentemente no cuentan con la capacidad económica ni elementos para realizar las obras. Entonces, hay una sospecha de corrupción instalada”, expresó.

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El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.

Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.

El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.

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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.

Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.

Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.

Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".

En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.

“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.

Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.

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El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, expresó su preocupación por la situación financiera y administrativa de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, y respaldó los pedidos de intervención que actualmente se debaten en la Cámara de Diputados.

“Ambas municipalidades tratan de ampararse en meros formalismos, que ni siquiera son reales, es falso que la Contraloría no tenga un dictamen, también es falso que no se hizo la actividad de control, son meros pretextos formalistas que tratan de desviar la atención de los aspectos elementales que están plasmados en los informes”, aseveró.

Según Villalba, los informes de auditoría revelan “graves irregularidades” en ambas administraciones municipales. En el caso de Ciudad del Este, citó la existencia de G. 42.000 millones en gastos que no cuentan con documentos de respaldo. “Presentan inconsistencias sumamente preocupantes en la gestión de sus recursos. Hay falencias gravísimas en lo que tiene que ver con las transferencias, y una larga serie de problemas en las cuentas municipales”, afirmó a la 1020 AM.

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Sobre la Municipalidad de Asunción, el director de Auditoría centró su preocupación en el uso de los bonos municipales por un valor de G. 500.000 millones. Indicó que desde la solicitud de intervención han surgido hechos que “sorprenden” por su similitud con lo ocurrido en Ciudad del Este.

“Las defensas de ambas municipalidades muestran cada vez más coincidencias. Ambos gobiernos municipales alegan persecución, cuestionan la legitimidad de la Contraloría y presentan carpetas y biblioratos como supuestas pruebas de transparencia, pero eso técnicamente no tiene ningún valor. Es una puesta en escena para las cámaras”, sostuvo el funcionario.

Villalba también mencionó hechos posteriores a los pedidos de intervención que, según él, refuerzan la necesidad de tomar medidas. En Ciudad del Este, recordó que el propio intendente admitió públicamente haber incurrido en nepotismo, lo que calificó como “un hecho inédito” en la historia del país. “Admitir en vivo y en directo la comisión de un delito siendo jefe comunal de la segunda ciudad más importante del país no tiene precedentes”, subrayó.

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En cuanto a Asunción, señaló que desde la solicitud de intervención la comuna ha dejado de pagar en tiempo y forma a sus funcionarios, tampoco transfiere aportes a la caja de jubilaciones y solicitó una postergación en el pago de un crédito, lo que derivó en una convocatoria de bonistas para analizar la situación financiera del municipio.

La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este presentó seis nuevas denuncias que salpican a concejales de la línea política del intendente de la capital de Alto Paraná, Miguel Prieto, quien ya acumula 49 denuncias durante su gestión. Las más recientes se dan en el marco del incumplimiento de la Ley n.º 2302 y nepotismo.

Durante la mañana de este domingo, el intendente esteño lideró una movilización con casi nula convocatoria en Ciudad del Este, a fin de protestar contra el informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR), que revela graves irregularidades en la gestión presupuestaria y administración de bienes en la comuna a su cargo.

La CGR pidió la intervención de las gestiones de Prieto y Óscar “Nenecho” Rodríguez por el mal manejo del dinero público. Sin embargo, el sector opositor rechaza este pedido, al igual que Prieto, alegando que se trata de una persecución política con ánimos de “bajar” al intendente de CDE de la precandidatura a presidente de la República en 2028.

El contralor Camilo Benítez calificó de “graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes municipales”. Según el documento de la Contraloría, desde el 2020 hasta la fecha, se hallaron desviaciones e irregularidades en las transferencias a organizaciones sin fines de lucro.

También, diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o porque fueron ejecutadas en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royalties y compensaciones.

Otro de los puntos mencionados en el informe muestra que entre el 2023 y 2024, Prieto transfirió un total de G. 2.000.000.000 a una sola subcomisión distrital de la ciudad, sin tener evidencia de los resultados de los trabajos efectivamente realizados por esta organización no gubernamental (ONG), en el marco del apoyo a la actividad Navidad Sustentable.

Los datos evidencian que los estados financieros del municipio presentan graves inconsistencias, incluyendo saldos contables irregulares, clasificaciones erróneas en cuentas del patrimonio neto y variaciones injustificadas.

En apoyo a Miguel Prieto, un grupo minoritario de personas, entre ellas autoridades, se pronunciaron en contra del pedido de intervención, frente a la Contraloría General de la República, afirmando que éste es víctima de una persecución política, sin embargo, las pruebas presentadas sustentas las denuncias presentadas por el ente contralor.