El presidente del Congreso, Basilio Núñez, recibió a la gobernadora de Concepción, Liz Meza, con quien abordaron proyectos relacionados al agua potable para diferentes distritos del primer departamento. El titular del Senado expresó su voluntad y predisposición para acompañar estas iniciativas desde el Legislativo.

“Agradezco por la recepción porque aquí inicia una mesa de trabajo y sé que va a ser posible porque este es el clamor el pueblo de Concepción”, expresó la jefa departamental tras el encuentro Núñez. En esta reunión, abordaron sobre el impulso de un proyecto para garantizar el acceso al agua potable en varias localidades.

Según explicaron, las poblaciones beneficiadas serían las de Puentesiño, Paso Barreto, Itacuá, Paso Horqueta y de acuerdo a lo manifestado por el titular del Congreso, es una necesidad que estos distritos cuenten con este servicio vital. “Desde el Congreso de la Nación, como presidente del Senado vamos a acompañar para que se cumpla con el objetivo de esas localidades”, afirmó.

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En tanto, la gobernadora resaltó la atención especial que ha dado el gobierno de Santiago Peña, por lo que confían en que estas propuestas planteadas serán una realidad y que terminará beneficiando a aproximadamente 50.000 personas de Concepción.

“El actual gobierno ha ayudado tanto a Concepción en estos 20 meses y por eso estoy segura de que lo vamos lograr, seguramente vamos a ir cumpliendo de a poco, pero ya iniciaron las conversaciones y la preocupación es mutua, tanto del gobierno departamental como los municipales”, concluyó.

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Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.

• Por Lourdes Torres Periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, San­tiago Peña, un listado de accio­nes enmarcadas en la Estrate­gia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que sur­gió durante la cumbre de pode­res del 20 de agosto de 2023.

Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media con­versó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrup­ción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discreciona­lidad y promoviendo la inte­gridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se cons­tituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.

-La cumbre de poderes, impul­sada por el presidente San­tiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reu­nió a las máximas autorida­des del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Minis­terio Público.

Este “ecosistema de control”, denominado así en otros paí­ses, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucio­nal. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este pro­blema endémico.

-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recauda­ciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.

Incluye digitalización, inte­ligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integri­dad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abor­dando integralmente: aumen­tando la transparencia, dismi­nuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares interna­cionales.

-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado para­guayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor gene­ral por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un jui­cio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principa­les sujetos de control. Este ele­mento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.

También la autonomía funcio­nal y administrativa; su compe­tencia a nivel nacional y, final­mente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.

En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su compe­tencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detec­tar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros paí­ses e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de orga­nismos, al no contar con la inde­pendencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecu­ción política, desviando su pro­pósito original y erosionando la confianza pública.

-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designa­ción de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regio­nal. Estos avances despertaron el interés de países y organis­mos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.

-Para que las medidas anti­corrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Trans­parencia y Anticorrup­ción (UTA), brazos ejecu­tores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitu­cional para el diálogo y coo­peración en la lucha contra la corrupción.

-Está conformado por el presi­dente de la República, el presi­dente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacio­nal, el fiscal general del Estado y el contralor general de la Repú­blica.

La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacio­nal Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para pre­sentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.

Por ejemplo, la necesidad de actualizar las nor­mas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la par­ticipación de todos los intere­sados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que for­talezca el proceso electoral del país.

Otras acciones como el fortale­cimiento de las sanciones admi­nistrativas ante el incumpli­miento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partida­rias en instituciones públicas y en horario laboral. La transpa­rencia de las agendas de altas autoridades, la protección inte­gral de denunciantes para pre­venir represalias.

-Pocos días después de la pro­mulgación de la ley, la CGR emi­tió una resolución que reestruc­turó su organización y, en el mismo mes, se expidió la regla­mentación de la ley.

Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plata­forma que garantiza la protec­ción de datos del denunciante como mecanismo de salva­guarda contra represalias.

-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digi­tales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resulta­dos. Y, desde el CNA, esta­mos trabajando en actua­lizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.

“Si él no firmaba, la obra no se hacía” refirió Rolando Aquino, abogado de Karen Alfonso, madre de Montserrat Brítez, la adolescente de 15 años que perdiera la vida en el derrumbe de un edificio en Encarnación el pasado 2 de abril y apuntó al intendente Luis Yd como uno de los principales responsables del suceso que arrebató la vida a la joven y a su abuela, Hermelinda Báez de 55 años.

“Él tenía conocimiento de todo y es el último eslabón, si él no decidía no se hacía” sostuvo el profesional al remarcar que la firma del intendente de Encarnación “está estampada” en la aprobación de construcción de más niveles de un edificio que no reunía los requisitos para soportar más pisos en altura.

Aquino manifestó conformidad hasta el momento con los avances de la investigación fiscal caratulada como “actividades peligrosas en la construcción” y mencionó que esperan una imputación “dentro de poco”.

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La fuente señaló irregularidades administrativas y omisiones que considera gravísimas y que fueron las causantes del derrumbe del edificio, propiedad de Ramona Bogado.

La construcción del edificio dividido en tres etapas inicialmente prevía una estructura de 3 pisos, sin embargo, hubo una segunda aprobación para elevar a 7 pisos y una última de un nivel más para subir a 8 pisos en total, todo esto, presumiblemente a base de documentaciones presentadas por los profesionales involucrados en la obra y sin verificaciones previas por parte de la Municipalidad que dictaminen el cumplimiento de los requerimientos para una edificación de esta envergadura.

“Hay algo más grave, después, ellos detectaron el octavo piso que no se solicitó el permiso. El octavo piso se concluyó sin permiso, entonces un funcionario detectó eso, saca fotografía y comunica. La municipalidad le llama al constructor, le impone una multa y ahí en vez de hacer uso de sus atribuciones de una suspensión, le autoriza otra vez, legaliza porque ya no es autorización porque ya se construyó sin autorización y sin permiso”, explicó Aquino.

“En relación con el octavo piso, para mí, nadie me quita de la cabeza que ahí si se dio la gravísima omisión de actuar totalmente lo contrario. En vez de decir no, paren un poco, vamos a ver acá se suspende la obra tener un informe seguro porque acá ya no se trata de recaudar por las multas ni nada de eso, sino de atender un interés superior que es la seguridad y la protección de la vida humana, pero convalidaron y quedo así y el resultado está a la vista”, aseveró.

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Este jueves se realizará el III Congreso sobre la figura de la beata María Felicia de Jesús Sacramentado “Chiquitunga” en el salón Benedicto XVI del ex Seminario Metropolitano, ubicado sobre la avenida Juscelino Kubitschek . Entre los expositores se destacan la doctora Wilma Mancuello y el fray carmelita descalzo Ramiro Casale. La ponencia se referirá al ideal de santidad abrazado por Chiquitunga.

La convocatoria es para las 18:00 y se tendrán sendas exposiciones sobre la historia de la beata hasta las 21:30. Tras la primera ponencia de fray Casale, se abrirá un espacio de preguntas para que los participantes puedan realizar sus consultas. Luego se tendrá la intervención de De Los Santos Lima Huerta, quien también abrirá un breve espacio de debate sobre su ponencia. La doctora Wilma Mancuello tendrá a su cargo el cierre del evento.

Uno de los organizadores, fray Antonio Vázquez, del Monasterio de las Carmelitas Descalzas, destacó que uno de los legados del papa Francisco fue precisamente la beatificación de Chiquitunga.

“Vamos a estar eternamente agradecidos a él. El fue el que aprobó los milagros sobre Chiquitunga. Y sobre su papado ese evento histórico para nuestra Iglesia que fue beatificada Chiquitunga, va a quedar para siempre en nuestra memoria”, manifestó.

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Dijo que Chiquitunga representa a la mujer paraguaya. “Y la generosidad de Chiquitunga para la gente muy entregada a los demás con gran ímpetu y prefirió equivocarse que estar en la perfección, pero intentando. Va un poco con la propuesta pastoral de la Iglesia del papa Francisco que quiso una Iglesia en salida. A mí en lo personal me marca mucho la vida pastoral”, señaló a NPY.

Chiquitunga nació el 12 de enero de 1925 en la ciudad de Villarrica y siendo adolescente ingresó a la Acción Católica de la capital guaireña, desde donde acrecentó su trabajo de servicio basado en su profunda fe. En 1955 ingresó a la orden de las Carmelitas Descalzas de la Santísima Virgen del monte Carmelo, adoptando entonces el nombre de María Felicia de Jesús Sacramentado. Y luego en 1959 tras una dolorosa enfermedad falleció el 8 de abril de ese año.

En 1997 bajo el papado de Juan Pablo II fue declarada sierva de Dios y fue abierta la causa de su beatificación. Y en 2010 tras cumplirse con el proceso de rigor recibió del papa Benedicto XVI la confirmación de sus virtudes heroicas y el tratamiento de venerable.

Finalmente, el 23 de junio de 2018 María Felicia de Jesús Sacramentado fue beatificada por el papa Francisco siendo la primera mujer paraguaya en ser declarada beata. A través de su vida y su ejemplo María De Jesús Sacramentado es un modelo de servicio a los demás, especialmente hacia los desprotegidos y vulnerables.

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