El diputado opositor Rubén Rubín anunció que presentará al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, un proyecto de ley denominado “Plan de Rescate Nacional” el cual plantea un ahorro estimado de USD 700 millones durante el primer año de vigencia.

La iniciativa consiste en impulsar una serie de recortes al gasto público que considera no esenciales. “Acá solo se necesita voluntad política.

Desde que le convertimos a Carlos Fernández Valdovinos en ministro de Economía, una sola firma puede hacer estas modificaciones y no hará falta tantas vueltas", dijo a los medios de comunicación.

El parlamentario apunta a la eliminación del seguro médico privado para funcionarios, la supresión de bonificaciones extraordinarias y una reducción del 90 % en gastos vinculados a servicios de catering, viáticos y pasajes, entre otros rubros con el fin de aliviar las finanzas públicas ante la acumulación de deudas.

Rubin también plantea impulsar reformas en gastos de la Policía Nacional. “Él dijo que el Presupuesto General de la Nación será menor para el año que viene e indicó al gabinete que no se guíen por el plan de gastos, con una sola firma puede decir también que se corte con las bonificaciones, con el carnaval de viáticos entre otros”, afirmó.

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Rubin acotó: “Voy a entregar este proyecto al vicepresidente Pedro Alliana quien actúa de nexo para contener este quilombo a los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional, Basilio Núñez y Raúl Latorre y por supuesto al Ministerio de Economía y a la Comisión de Presupuesto del Legislativo”.

Detalló que el próximo martes, Fernández Valdovinos acudirá a la Cámara de Diputados con la finalidad de exponer las medidas que plantea para sanear las finanzas públicas y en ese encuentro dará a conocer su “Plan de Rescate Nacional”.

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El diputado Rubén Rubín cuestionó la complicidad judicial para otorgar medidas alternativas a la prisión a delincuentes reincidentes.

Aludió puntualmente al caso de Emerson Ruiz, asaltante abatido por el dueño de una vivienda que también falleció al enfrentar a sus atacantes, en Fernando de la Mora.

Pese a su historial delictivo, el sujeto estaba libre, hecho que mereció la crítica del congresista hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público.

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“Cuando vi las noticias ayer, llamo automáticamente a la Comandancia de la Policía Nacional y pido los antecedentes de esta persona. Esto es el día a día, no es una excepción. A los paraguayos le matan todos los días, a nuestras mujeres les violan todos los días y la clase política y el Poder Judicial se lavan las manos”, señaló a la 1000 AM.

Volvió a plantear la cadena perpetua para “asesinos y violadores”, al alegar que “tienen que estar aislados de la población”.

O bien aplicar la prisión permanente con revisión que también permitirá garantizar su derecho a la reinserción.

“Solamente que ahí vienen los prodelincuentes y te dicen: no, pobrecito, este asesino de 19 años va estar toda su vida en la cárcel, no. Esa es la tesis de los prodelincuentes”, fustigó. Dijo que con su propuesta busca un “cambio de cultura judicial”.

“Yo quiero leyes más fuertes para asesinos y violadores, y después me pusieron freno de mano. Porque yo quería elevar también todo lo que sea asalto y demás cosas”, expresó.

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El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció que el Poder Ejecutivo se encuentran analizando la posibilidad de implementar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere sustancialmente de propuestas que se encuentran actualmente dentro del Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la prisión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo, incluso en este debate está participando una eminencia del derecho como es la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, estamos hablando y viendo que si se hace bien, se puede. La prisión permanente revisable no es cadena perpetua, porque la cadena perpetua es inconstitucional en el Paraguay”, explicó.

En este sentido, el secretario de Estado detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibilidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad, en cambio, con la prisión permanente revisable sí es posible, pero está sujeto a constantes análisis que determinen si realmente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

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“Por ejemplo, si se le condena a una persona por 30 años en el marco de la prisión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis profundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambiental y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado, si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Gutiérrez señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artículo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos puntos, de la reinserción de la persona privada de libertad, pero también de la protección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradicción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado, pero ponés como condicionante que le tenés que proteger a la sociedad, es equilibrar los dos pilares que están dentro de la Constitución”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis difiere del proyecto presentado por el diputado Rubén Rubin, que estipula la posibilidad de elevar penas, llegando incluso a superar los 90 años. El ministro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador, si bien fue presentada como una prisión permanente revisable, no lo es.

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“No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho, tengo un doctorado y soy del área constitucional. Así como está planteada la propuesta, es inconstitucional. A lo que se presentó se le dio el nombre de prisión permanente revisable, pero no es, no se compadece de esa figura, es como querer llamarle gato al caballo”, aseveró.

• Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.

Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, consideran que la propuesta presentada por su colega Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable sería inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua solapada al plantear elevar las condenas a 90 años.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.

Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.

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Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.

“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.

Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

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Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.

Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.

Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.