Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores finalmente se ratificó en el rechazo del proyecto de ley que deroga la vigencia de la Ley 6659/2020, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo.
Con 33 votos por la ratificación de la versión del Senado, 10 votos por la versión de la Cámara de Diputados, de aprobación de la iniciativa, y dos ausencias, se remite al archivo el proyecto de ley.
El instrumento de cooperación internacional, que inicialmente fue denominado Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y luego pasó a llamarse Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Educativo en Paraguay, establece que los recursos de la UE sean invertidos en acciones que potencien el logro de los objetivos trazados en el ámbito de la política educacional.
Fueron varias las posturas expresadas por los senadores de las distintas bancadas en la sesión ordinaria que duró más de 4 horas. El senador Basilio Núñez, líder de la bancada Honor Colorado, tal como anunció en una conferencia de prensa, se mantuvo en su postura de rechazar la derogación de este convenio.
“Lo que nosotros ganamos con esto, conversando con el Ejecutivo, con los ministros, a través de las notas interpretativas, lo que ganamos es que hay un documento, que hay un Paraguay que reafirma que la Constitución Nacional se respeta, que la legislación de nuestro país se va a respetar”, indicó el senador.
De la misma manera, el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, se refirió a los dictámenes de esa instancia legislativa, por el rechazo en mayoría y en minoría por la derogación. Explicando además que no es pertinente derogar este convenio.
“Estoy convencido de que no es pertinente la derogación de este convenio. Ganamos las elecciones y el presidente Santiago Peña hace analizar también cómo fueron utilizados estos recursos de la Unión Europea y vemos que aproximadamente 17 millones de euros no fueron bien utilizados por algunas ONGs que administraban estos recursos”, fue parte de la explicación del senador Maidana.
El senador agregó que “este es un convenio de financiación de un tratado ya vigente, y así como el Paraguay exige el cumplimiento fiel de los tratados internacionales, así como por ejemplo el tema de la hidrovía, el acuerdo de Itaipú, el tratado de Asunción del Mercosur y otros documentos internacionales, creemos que no es la forma de abrogar un documento internacional”.
Por su parte, el senador Eduardo Nakayama expresó su postura en contra de la derogación del proyecto, alegando que un convenio, tratado o acuerdo de esta índole, que ha sido firmado por el Poder Ejecutivo o la cancillería y ya ha pasado por el trámite legislativo, no puede ser derogado por el Congreso.
“No es el trámite legislativo de la derogación el que corresponde para estos casos, porque una vez que se internaliza por medio de una ley, de ambas Cámaras, que haya pasado por ambas Cámaras, esa ley que la internalizó y que se pretende derogar ha quedado inane, es decir, fútil, sin ninguna validez, simplemente sirvió como trámite legislativo para internalizarlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico”, argumentó el liberal.
Postura a favor
El senador Gustavo Leite, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresó su postura a favor de la derogación de esta iniciativa. “No nos queda otra que dar un grito de repudio, deroguemos este convenio, es un proceso inmoral, una perforación a nuestra Constitución y una agresión a nuestra independencia”, manifestó.
En concordancia con el senador Leite, la senadora Lizarella Valiente expuso su postura a favor de la derogación del convenio. “Tenemos que hablar acá, sosteniendo y argumentando con documentos nuestras posturas en cuanto a la dirección de nuestros votos. (…) Queremos una educación libre de este tipo de condicionamientos, los paraguayos merecen una educación que responda a las necesidades reales del Paraguay”, apuntó la senadora.
Se mantiene adenda
Con el archivo del proyecto de derogación se mantiene la adenda establecida por el Poder Ejecutivo para seguir con la colaboración de la Unión Europea con el sistema educativo. La propuesta de la adenda consiste en modificar el convenio suscrito entre el Gobierno y la Unión Europea para el apoyo financiero a proyectos educativos.
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