Los fiscales generales de Paraguay y Colombia, Emiliano Rolón Fernández y Luz Adriana Camargo Garzón, celebraron una reunión bilateral en Madrid (España) sobre el caso de Marcelo Pecci y dialogaron mecanismos de cooperación penal. El fiscal paraguayo fue asesinado en la playa colombiana de Barú (Cartagenas), el 10 de mayo de 2022.

Las autoridades intercambiaron información sobre las respectivas carpetas fiscales abiertas en Paraguay y Colombia, evaluaron el funcionamiento del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que fue conformado para este caso, y reafirmaron la voluntad institucional de continuar fortaleciendo los canales de colaboración penal internacional, según un comunicado oficial.

El encuentro se dio en el marco de la 32.ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que reúne a representantes de veintiún países miembros en la capital de España, del 28 al 30 de mayo.

Lea más: Acuerdo de Itaipú no permite tomar decisiones unilaterales, señala experto

Por otra parte, a propuesta del procurador general de la Nación Argentina, Dr. Eduardo Ezequiel Casal, en su carácter de presidente, la Asamblea General otorgó el reconocimiento honorífico póstumo “Medalla del Ministerio Público” al exagente fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, por los servicios relevantes prestados a la causa de la justicia.

Además, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández participó como panelista en el panel “Canal de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI). El PAcCTO 2.0 y sinergias con AIAMP/REDCOOP”.

El conversatorio abordó el Canal de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), herramientas de cooperación internacional que se han convertido en estrategias clave para: la persecución efectiva de la criminalidad compleja y organizada en todas sus modalidades, y de importancia superlativa para la recuperación transnacional de activos que sirven de fuente de financiamiento de las estructuras del crimen.

Lea también: En Uruguay creen que Marset “tiene los días contados”

El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

Lea más: Causa de mano derecha de Marset no está extinguida

Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

Lea también: Militares refuerzan control en Viñas Cué por esposa de Marset

Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.

No una, sino tres veces (dos de ellas en los últimos meses), Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusó al uruguayo Sebastián Marset de ser el autor intelectual del crimen de Mar­celo Pecci, ocurrido hace 3 años (10 de mayo de 2022) en la isla de Barú, en Cartagena. Según el mandatario del país cafetero, Marset, junto con su socio Julio Lozano Pirateque, un capo del tráfico de drogas que ya cum­plió una condena en EE. UU. y que sería parte de una “junta directiva de la mafia”, fueron los que ordenaron el asesinato del agente paraguayo.

En febrero de este año, Petro tildó a Marset de “asesino”, en medio de un Consejo de Minis­tros. En su breve mención, el presidente colombiano dijo que Marset “es socio del nar­cotraficante (Julio) Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, que está matando a los esmeralderos”, recordó. Petro ya había acu­sado en 2022 a Marset –poco después de ganar las elecciones presidenciales– de participar en el asesinato de Pecci en sus redes sociales. A pesar de que en Colombia, nada menos que del propio presidente del país, tienen indicios y señalamien­tos de que el uruguayo estaría detrás del crimen, en nuestro país esa línea investigativa no se ha avanzado y algunos medios paraguayos insisten en que no hay mayores datos y que se des­conoce a los autores intelectua­les. El Ministerio Público debe profundizar esta línea investi­gativa, habida cuenta los víncu­los del uruguayo en nuestro país y los casos en los que está invo­lucrado junto con sus secuaces.

Marset, que es la cabeza de una amplia red regional de narco­tráfico que envía enormes car­gas de cocaína a los puertos europeos, tiene “socios” en Paraguay. El uruguayo está aso­ciado a nombres muy podero­sos del mundo de las organiza­ciones delictivas como Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, (actualmente detenido en la penitenciaría de Minga Guazú) y Jaime Franco, otro pez gordo del tráfico de estupefacientes que está recluido también en prisión. Este último fue arres­tado luego de un operativo que encabezó en su momento el ase­sinado fiscal Pecci, móvil sufi­ciente para que este buscara una represalia.

Sebastián Marset Cabrera, actualmente prófugo, llegó a Paraguay generando vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de dro­gas luego de cumplir una con­dena en Uruguay por tres casos de narcotráfico. Su esposa, Giannina García Troche, será extraditada la próxima semana a nuestro país (el 20 de mayo), la mujer está procesada por el caso A Ultranza Py. Había sido dete­nida en julio de 2024 en el aero­puerto de Barajas, en Madrid.

El agente fiscal Manuel Doldán, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, explicó que el hecho de que se haya conformado un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) de bienes procedentes, se debió al cambio de autoridades de la Fiscalía de Colombia. Por ello fue necesario generar un espacio de negociación con los nuevos fiscales colombianos asignados para el caso.

El fiscal Doldán destacó que a partir de la conformación del ECI permitió acceder a un cúmulo bastante significativo de cooperaciones jurídicas individuales que se dio en este proceso. Recordó que con la salida del fiscal colombiano Mario Burgos y el ingreso de nuevas autoridades investigativa en Colombia, lo que obligó de vuelta a renegociar cuáles eran los planes de acción.

“Esto lo hicimos de manera formal, ya no en cooperaciones individuales y sueltas, sino en el marco de un acuerdo que fue construido con base a normas de Naciones Unidas. A partir de ese momento generamos una facilidad de comunicación entre las autoridades investigativas paraguayas y colombiana”, remarcó Doldán en entrevista a Telefuturo.

Indicó que una primera fase ya está prácticamente concluida, que tiene que ver con la condena de los autores materiales del crimen, si bien, señaló quedan aún algunos eslabones sueltos por resolver.

“Ahora estamos en una fase de investigación de los autores morales del crimen, ya se genera una complejidad mucho más profunda en el ámbito penal, porque se trata de una causa vinculada al crimen transnacional. Entonces la conformación del ECI está permitiendo una planificación mucho más jurídica y mucho más estricta de la investigación”, precisó.

Doldán resaltó que el ECI está permitiendo evitar mucho más la burocracia, ya que la comunicación entre los principales actores investigadores como los jefes de los equipos de investigación, el fiscal Juan Pablo Fajardo en Colombia, como el fiscal Francisco Cabrera por Paraguay; se hacen de manera informal, directa, inmediata y oportuna.

Resaltó que mediante el ECI el equipo de investigación de Paraguay tiene acceso irrestricto in situ de toda la carpeta fiscal, sin mayores inconvenientes y con esto se pudo diseñar una nueva estrategia vinculadas a investigaciones patrimoniales y otras aristas que no habían sido tomadas en cuenta en su momento.

Siga informado con: Carta abierta de la viuda de Marcelo Pecci a 3 años de su muerte