Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas Fátima Capurro y Ángel Ramírez requirieron la suspensión condicional del procedimiento y audiencia por medios teletemáticos para un total de 13 personas imputadas por perturbación de la paz pública y resistencia.
Son investigados por el Ministerio Público Miguel Ramón Valdez, Ángel Brítez Franco, Joel Alfonso Pavón, Pedro Fernández Mendoza, Benjamín González Romero, Roberto Ayala Ortiz, Ediberto Mendieta Cardozo, Bernardo Antonio Riquelme, Christian Fabián González, Derlis Enmanuel Giménez y Alberto Ramón Núñez.
Mientras que Juan Carlos Acuña y Martín Ortega también son investigados por amenaza de hecho punible. De acuerdo a los antecedentes, los imputados se encontraban en el mes de mayo del presente año frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizando actos de violencia, lanzando cascotes y canicas al personal policial, además de explotar petardos y fuegos artificiales.
La carpeta fiscal refiere que los manifestantes portaban elementos contundentes como palos de madera y arcos con flechas que fueron incautados por los efectivos policiales durante el transcurso de las manifestaciones. Las citadas personas formaban el grupo de vándalos simpatizantes del excandidato presidencial y líder del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas.
Los mismos, motivados principalmente por Cubas y otros referentes políticos de la oposición, como el extitular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre, también excandidato a mandatario, reclamaban un supuesto fraude electoral en los pasados comicios generales del 30 de abril.
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TSJE: “Sin máquinas este año, se complica enormemente el proceso electoral”
El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, advirtió que la nueva interrupción en la licitación para la provisión de las máquinas de votación, podría comprometer seriamente los preparativos para futuras elecciones. “Si no tenemos las máquinas este año, la cuestión se nos complica enormemente”, expresó, señalando la urgencia de una resolución para destrabar el proceso licitatorio.
El TSJE prevé iniciar la capacitación del personal en diciembre, aunque manifestaron que podría postergarse incluso hasta enero o febrero, sin embargo, Ljubetic explicó que de acuerdo a lo previsto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se garantiza el financiamiento del proceso por cuatro años y establece que el primer desembolso solo se hará tras la entrega efectiva de las máquinas.
“Si no recibimos las máquinas, entonces no va a haber pago, y tenemos que renegociar con el MEF, todo un proceso que nos costó meses cerrar”, enfatizó en una entrevista a Unicanal. La actual situación se ve obstaculizada por una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas, a pedido de una empresa, que impide avanzar a la etapa técnica del proceso de evaluación.
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Esta firma cuestionó la exigencia de una experiencia mínima de 10 años en fabricación y manejo de máquinas de votación, pese a que en su propia web reconoce tener solo cinco años de trayectoria y que además, tampoco cumpliría con otras exigencias contempladas en el pliego de bases y condiciones.
Requisitos
“Si no reúne los demás requisitos, ¿por qué protesta por uno?”, cuestionó el director de Procesos Electorales del TSJE, al tiempo de remarcar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya había rechazado el reclamo.
Además de la experiencia, el TSJE exige a los oferentes haber participado en procesos electorales anteriores, contar con un nivel mínimo de facturación y demostrar solvencia económica, requisitos clave considerando que deberán proveer 28.000 máquinas y cobrar en cuatro etapas durante los próximos cuatro años.
“El inicio de todo el proceso de ciberseguridad depende de que tengamos y conozcamos las máquinas. No podemos desarrollar el software ni definir los dispositivos de seguridad para almacenamiento de baterías si no tenemos ya las máquinas”, remarcó, detallando que para avanzar en esta etapa, primero se necesita contar con los dispositivos.
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“Gobierno de Abdo usó el Estado como garrote contra H. Cartes”
Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.
“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.
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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.
El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.
Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.
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Violación del deber de cuidado: el 59 % de las víctimas son hombres y más del 80 % son mayores
El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas.
El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.
Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.
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Departamentos
La mayor cantidad de denuncias ingresó en Central con 486 causas. Sigue Asunción con 150 causas, Alto Paraná recibió 58 causas, Itapúa reportó 48 causas, además de San Pedro y Caaguazú que recibieron 40 causas, respectivamente. Estos seis departamentos, concentran el 79 % del total de las denuncias recibidas en estos últimos 17 meses a nivel país.
Informe que duele y preocupa
El Ministerio Público, mediante el mencionado trabajo de muestreo, logró definir el perfil de las víctimas, tras el análisis de 82 causas del total de 558 causas ingresadas a nivel país de enero a noviembre del 2023. Si bien, el análisis de las causas corresponde a ese año, el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo y las tendencias se mantienen.
El informe, se reveló que el 90 % de las víctimas fueron abandonadas en su vivienda y el 10 % fueron llevadas a un recinto público. En cuanto al sexo de los afectados, encontramos que el 59 % de las víctimas son hombres y el 41% son mujeres.
Asimismo el informe sobre las personas que están enfermas reporta que el 42 % de las víctimas de violación del deber del cuidado se encuentra enfermo gravemente. El 37 % tiene una enfermedad crónica y el 21% tiene una discapacidad total o parcial. El 57 % de las víctimas tiene imposibilidad de valerse por sí misma y el 43 % sufre de una enfermedad neurológica, revela el estudio revelado.
Tipos de abandono del adulto mayor: entre las diferentes formas se citan el abandono físico, abandono social, abandono económico, abandono por rechazo, abandono parcial y abandono total.
Lo que dice la ley
El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público, están descriptas en el Art. 227 del código penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
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“Se intentó dañar al partido”, sostiene Tadeo Rojas tras pedido de desestimación contra Cartes
El ministro de Desarrollo Social (MDS) y tesorero de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Tadeo Rojas, se pronunció sobre el pedido del Ministerio Público para desestimar la causa contra el expresidente Horacio Cartes. En declaraciones a la prensa, Rojas sostuvo que se trata de “una situación esperada” y expresó su satisfacción por el avance judicial en favor del actual presidente del Partido Colorado.
“Celebramos que se haya dado esta situación. Siempre hemos escuchado al equipo jurídico encabezado por el abogado Pedro Ovelar, quien ha manifestado con firmeza la certeza de la defensa de Horacio Cartes”, señaló el ministro, a lo que añadió, “hubo muchas cuestiones que han dañado mucho, no solamente a Horacio Cartes como líder, sino que han intentado dañar la imagen del partido”.
Rojas enfatizó en que Cartes “siempre ha ejercido su defensa en todas las instancias correspondientes” y reiteró que desde el partido se ha trabajado para mantener la confianza de la ciudadanía. “Se ha intentado dañar la honorabilidad de una persona que ha demostrado gran capacidad de gestión como presidente de la República, y que hoy lo demuestra como líder partidario”, subrayó.
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El dirigente colorado también rechazó tajantemente las versiones que apuntan a una supuesta manipulación del sistema judicial por parte del oficialismo. “Desmiento ese relato. Hay muchos casos vinculados a la oposición que siguen sin avance. El caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tiene más de 40 denuncias en el Ministerio Público, sin acciones concretas hasta ahora”, cuestionó.
Rojas afirmó que “de ninguna manera existe una manipulación” y sostuvo que el equipo político es respetuoso de los canales correspondientes. “Siempre pedimos que haya justicia equidistante de todo condimento político”, agregó. El pedido de la Fiscalía para desestimar la causa contra Cartes, aún está a la espera de la ratificación por parte de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos.
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