Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.

Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.

Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.

En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.

A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.

Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.

Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.

Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.

Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.

La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.

La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.

Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.

Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.

Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.

A través de un comunicado de este lunes, la empresa Atome Paraguay felicitó al Ing. Félix Sosa por su retorno a la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). En la nota, expresa que su conocimiento directo del proyecto y su participación en su desarrollo desde 2021 representan una oportunidad para retomar un diálogo constructivo.

A continuación en principio también denota su sorpresa ante las declaraciones emitidas, tras asumir la titularidad del ente, en las que sugiere que la empresa habría incumplido sus obligaciones contractuales y afirma no estar de acuerdo con esa interpretación, ya que no refleja el trabajo conjunto, tanto técnico como institucional, que ambas partes han mantenido desde 2021 para impulsar el proyecto industrial de Villeta.

“Desde el inicio, Atome ha trabajado de buena fe con la Ande para adecuar las condiciones del suministro de energía eléctrica a los requisitos de los financiadores internacionales, entre ellos la IFC, perteneciente al Grupo Banco Mundial, y BID Invest”, asegura y afirma que “el Contrato de Compraventa de Energía (PPA) firmado en 2022 ha sido objeto de conversaciones continuas sobre condiciones esenciales para obtener el financiamiento del proyecto, entre ellas el plazo contractual, la previsibilidad tarifaria y la seguridad jurídica”.

En el comunicado, la empresa también recuerda que presentó sus solicitudes en tiempo y forma, por los canales oficiales y en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 40 de la Constitución Nacional. La solicitud transparente de modificaciones contractuales no constituye, por sí misma, un incumplimiento de las obligaciones asumidas, expresa.

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En otra parte del documento, plantea que con el fin de facilitar una solución negociada, Atome propuso suspender temporalmente los plazos establecidos en el PPA de 2022. Al no alcanzarse un acuerdo, Atome notificó debidamente, conforme a los términos contractuales, su decisión de dar por terminado dicho acuerdo con efecto a finales de 2026, manteniendo su disposición a suscribir un nuevo PPA, de mutuo acuerdo, que haga viable la inversión.

Atome también aclara que considera importante precisar que no ha iniciado un arbitraje contractual contra la Ande. “El 17 de septiembre de 2026, Atome PLC notificó a la República del Paraguay —no a la Ande— la existencia de una controversia en materia de inversiones y su intención de recurrir al arbitraje en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Paraguay”.

Según indica la misiva, la controversia contra el Estado paraguayo se refiere a acciones y omisiones, incluidos actos indebidos e ilegales que Atome atribuye al Estado, entre ellos, sin carácter limitativo, la derogación de decretos presidenciales que habían brindado certeza respecto del suministro de energía eléctrica y el retiro de compromisos de celebrar un nuevo PPA adecuado para obtener financiamiento internacional, circunstancias de las que tanto el Estado como Félix Sosa tenían pleno conocimiento.

“La notificación dio inicio a un período obligatorio de consultas destinado a alcanzar una solución amistosa antes de iniciar un procedimiento arbitral; por lo tanto, es importante distinguir esta instancia de una demanda arbitral, que no ha sido presentada”, aclara.

La empresa asegura que mantiene su pleno compromiso con el diálogo de buena fe. El proyecto de Villeta contempla una inversión de USD 665 millones y una capacidad estimada de producción anual de 260.000 toneladas de fertilizantes de bajas emisiones, lo que permitirá desarrollar una nueva industria estratégica y generar miles de puestos de trabajo, en beneficio del desarrollo nacional y de la seguridad alimentaria del Paraguay.

Finalmente, Atome indica que mantiene sus puertas abiertas para trabajar con la Ande y el Gobierno del Paraguay con el objetivo de alcanzar una solución equilibrada, técnicamente sólida, viable y financiable que permita resolver la controversia y avanzar en la concreción de esta importante inversión para el país.

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La Unión Industrial del Paraguay (UIP) se pronunció sobre la crisis política e institucional que atraviesa el país y destacó la actuación de las instituciones para encauzar la situación y dar paso a una nueva conducción nacional. A través de un comunicado, el gremio pidió que las sospechas de irregularidades sean investigadas hasta sus últimas consecuencias y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La organización también felicitó al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana y al vicepresidente, Antonio Barrios, y señaló que tienen la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana, garantizar la estabilidad y demostrar un compromiso con la honestidad y el interés nacional.

Asimismo, reconoció la actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público, pero sostuvo que la firmeza institucional debe mantenerse hasta el esclarecimiento completo de los hechos. En ese sentido, advirtió que ningún acuerdo político, influencia económica o vínculo personal debe convertirse en refugio para la impunidad.

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El gremio consideró que la crisis obliga a revisar los controles del Estado, establecer responsabilidades claras y fortalecer los mecanismos de detección temprana para evitar que las autoridades investigadas puedan obstaculizar los procesos. También puso el foco en los ahorristas afectados, quienes necesitan respuestas urgentes, información transparente y medidas concretas para proteger sus derechos y recuperar sus recursos conforme a la ley.

Finalmente, la UIP sostuvo que la confianza debe reconstruirse mediante la verdad, la justicia y resultados concretos. Además, afirmó que el país necesita marcar un quiebre definitivo con la tolerancia a la corrupción y garantizar que ningún cargo esté por encima de la ley ni ningún interés particular prevalezca sobre el destino de la República.

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A través de un comunicado, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió este viernes a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.

A través del documento difundido, el gremio expresó su expectativa de que el cambio de Gobierno permita recuperar la paz social, fortalecer las instituciones y restablecer cuanto antes el funcionamiento normal de la economía.

La organización advirtió que el país necesita recuperar la tranquilidad y la confianza para que las familias, los trabajadores, las empresas y los inversores puedan desarrollar sus actividades sin incertidumbre. En ese sentido, remarcó la importancia de garantizar el funcionamiento del sistema financiero, mantener la actividad comercial y productiva y proteger las fuentes de empleo.

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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la situación de los ahorristas afectados por la crisis de ueno bank. Capasu manifestó su solidaridad con las personas perjudicadas y recordó que detrás de cada depósito existen años de trabajo, sacrificios y proyectos familiares.

Por ello, instó a las autoridades a agilizar la devolución de los ahorros a través de los mecanismos legales correspondientes, con transparencia y respuestas concretas, de manera a evitar que la crisis afecte la confianza en todo el sistema financiero nacional.

El gremio también llamó a los distintos sectores a actuar con serenidad y responsabilidad, al tiempo de pedir medidas urgentes para fortalecer la seguridad jurídica y recuperar un clima de estabilidad social y económica.

Finalmente, Capasu sostuvo que la estabilidad construida por Paraguay durante décadas debe ser protegida y que la actual crisis no puede poner en riesgo el trabajo, el ahorro ni las inversiones.

La Cámara reafirmó su compromiso con el abastecimiento, el empleo y el desarrollo nacional, y consideró prioritario devolver la tranquilidad y las certezas a la ciudadanía.

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