Los concejales de la municipalidad de San Juan Bautista Misiones, Manuel Morínigo, Edgar Darín, Ariel Giret y Edgar Altamirano, presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público, contra el exintendente de la comuna, Juan Carlos “Kambato” Meza, del Partido Liberal, por lesión de confianza y apropiación. Esto se debe a la obra inconclusa del “Palacete Municipal”, que significaría un perjuicio patrimonial a la comuna por un valor aproximado de entre G. 467 a G. 825 millones.
“La obra ya se encontraba paralizada y el nuevo intendente contrata los servicios de un auditor externo para que evalúe toda la obra que quedó inconclusa. El informe arrojó que el avance solamente se logró en un 61 % y constatamos que el pago se realizó hasta el 80% de la obra. Es decir, que se pagó de más entre el 10 % y 12 %, y ese es el perjuicio patrimonial que nosotros configuramos como lesión de confianza y apropiación”, explicó Morínigo a La Nación/Nación Media.
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El concejal mencionó que además de la auditoría, la Contraloría General de la República (CGR) también hizo una revisión en forma general y ellos constataron que la obra por contrato debía haber terminado en 400 días, lo cual nunca se formalizó debido a que inició el 9 de noviembre del 2019 y no llegó a su conclusión.
“Recién el año que viene, con una nueva licitación, se tendrá que terminar la última etapa del palacete. Lastimosamente esto ocasiona que, teniendo en cuenta que la obra se adjudicó por un monto de G. 4.000 millones, con una nueva licitación se estaría terminando por aproximadamente G. 1.000 millones más; quiere decir que le va a salir casi el doble a los contribuyentes de San Juan Bautista”, sentenció Morínigo.
Para el concejal, ya queda a cargo de la Fiscalía en el transcurso de su investigación, determinar si se debe ampliar la denuncia al encontrar más responsables administrativos o si hay otro tipo de delito penal en el que también se incurrió. “Se presentó la denuncia y esperemos que ellos hagan su trabajo y que finalmente se pueda culminar con esta obra”, remarcó el edil.
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Tras renuncia de fiscal general, plantean necesidad de restablecer confianza en instituciones
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, la renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, representa una oportunidad para iniciar un proceso de reconstrucción institucional y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público.
El congresista destacó que las bancadas A y B del Partido Colorado asumieron una postura favorable al juicio político al considerar que la ciudadanía reclamaba un cambio en la conducción de la Fiscalía.
“Nosotros creemos que este es un momento donde se tiene que restablecer el orden institucional en nuestro país y tenemos que recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”, expresó.
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Dijo que desde el bloque colorado se entendió el clamor sobre la urgencia del cambio en la conducción del Ministerio Público “que tiene el monopolio de la acción penal pública”.
Así también, el diputado Latorre manifestó que el próximo titular de la Fiscalía tendrá el desafío de responder a la crisis de credibilidad que atraviesan las instituciones.
A su vez, recordó que desde el inicio de la crisis desatada por la resolución de Ueno Bank, desde su curul planteó como prioridades: la recuperación de los ahorros de los afectados, la estabilización del sistema financiero y el esclarecimiento de los hechos mediante la actuación de la Justicia.
Aseveró que las investigaciones deben avanzar sin distinción de las personas involucradas y que quienes tengan responsabilidades deberán responder ante la Justicia.
Consultado sobre la situación de la Contraloría General de la República y los cuestionamientos a su titular, Camilo Benítez, Latorre consideró necesario abrir un diálogo amplio entre los distintos sectores políticos para avanzar en una agenda de reconstrucción institucional.
Indicó que el país atraviesa una etapa que exige acuerdos y entendimientos, especialmente de cara al escenario electoral de 2027 y 2028, donde la ciudadanía va a tener el poder en el ejercicio del derecho a voto de elegir a su nueva autoridad.
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Alba Cantero asumirá la conducción interina de la Fiscalía General del Estado
Tras presentar su renuncia al cargo de fiscal general del Estado, Emiliano Rolón designó como encargada de Despacho y la función de ordenador de gastos a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera. La medida, formalizada a través de la Resolución F.G.E. Nº 4665, se rige en estricto cumplimiento del artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Conforme a la disposición legal se estipula que la titularidad interina sea asumida por la fiscal adjunta en lo penal más antigua de la institución, debido a su carácter normativo. La disposición administrativa y de orden funcional entrará en vigencia a partir del próximo miércoles 18 de noviembre de 2026, conforme a la resolución que fue firmada por el propio Rolón.
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Además, remitió su nota al presidente de la República, Pedro Alliana, quien deberá aceptar la renuncia del fiscal general para proceder al mecanismo de reemplazo hasta la designación de un nuevo fiscal general. Rolón asumió el cargo en el 2023 y debió permanecer hasta el 2028, en cumplimiento de los 5 años establecidos en la Constitución Nacional.
El propósito de la designación de la fiscal Cantero Vera es garantizar la continuidad institucional y la operatividad administrativa de la entidad mediante la delegación de las funciones del despacho y de ordenador de gastos.
Conforme a la normativa que prevé ante ausencias temporales, inhabilidades o situaciones que afecten al titular, el despacho será asumido por los fiscales adjuntos de acuerdo con los criterios de antigüedad y especialidad fijados en la ley y los antecedentes institucionales; que en este caso, recae en la figura de la fiscal adjunta penal Alba Rocío Cantero Vera.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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Ministerio Público advierte sobre suplantación de identidad de agente fiscal en WhatsApp
El Ministerio Público informa que personas aún no identificadas estarían utilizando, sin autorización, una fotografía de perfil de la agente fiscal Ingrid Cubilla en una cuenta de WhatsApp asociada al número 0985 126 358, desde la cual solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de recuperar el acceso a cuentas de la aplicación.
La fiscala Cubilla presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de la utilización indebida de su imagen. La institución aclara que el número telefónico señalado no corresponde a la agente fiscal y advierte sobre posibles intentos de estafa mediante la suplantación de identidad.
Asimismo, recomienda no realizar transferencias de dinero ante este tipo de solicitudes, no compartir información personal ni códigos de verificación y comprobar la autenticidad de los mensajes antes de responder.
El Ministerio Público insta a extremar las precauciones frente a posibles maniobras fraudulentas realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
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