Los ministros del Interior, Enrique Riera, de Justicia, Ángel Barchini y representantes de la Fiscalía General del Estado, presentaron este martes un proyecto de modificación de varios artículos de la Ley N° 5863/2017 “que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”, promulgado el pasado 5 de octubre por el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, por parte de los secretarios del Estado.
El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que son cuatro las instituciones públicas involucradas en llevar adelante la implementación del sistema de control por medio de tobilleras o pulseras electrónicas, la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior con su brazo armado, la Policía Nacional.
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Explicó que solicitaron al presidente de la Cámara Baja un tratamiento prioritario a este proyecto, teniendo en cuenta que paralelamente se iniciará el proceso de licitación para la adquisición de los equipos o el sistema de control electrónico, que llevaría un plazo de 45 días, mientras también se estudia el presupuesto a ser utilizado para la adquisición de estos equipos.
“Este proyecto de ley que trajimos y le entregamos al doctor Latorre, queremos que le imprima la mayor celeridad posible, lo pedimos respetuosamente dentro del marco de la autonomía de los Poderes del Estado, sencillamente porque hay un reclamo ciudadano y en simultáneo, en paralelo, vamos a convocar a la licitación, con un pliego aprobado y consensuado también por las cuatro instituciones”, señaló el ministro Riera.
Las modificaciones
Una de las modificaciones planteadas es suprimir el artículo que establece que el Estado tiene que pagar en todos los casos, el ministro dio como un ejemplo, en el caso de que una persona procesada pueda pagar su fianza por imposición de un juez, entre otras modificaciones.
“Esta ley va ampliar la imposición de este dispositivo para todos los hechos punibles. Hay algunos temas puntuales, por ejemplo, que limitaban la necesidad de obtener un dictamen médico antes de la aplicación, el otro tema que nos preocupaba es que la ley actual solo dice que tiene que ser con recursos del Estado y creemos que aquellos que pueden pagar su propio dispositivo como quien acepta una fianza, es una imposición judicial, naturalmente aquellos que no puedan pagar, el Estado debe responder”, indicó.
Agregó que con esta ley también el objetivo es disminuir la población en las cárceles, especialmente, con las personas que no cuentan con una sentencia firme, también habló de una necesidad de aplicar este control a los reincidentes, en este sentido, la Policía Nacional maneja una estadística de que el 80 % de los que cometen crímenes son reincidentes.
Proyecto piloto
Por otra parte, el ministro Riera mencionó que el plan piloto es la implementación inicial de 100 dispositivos electrónicos, en una primera tanda, que serán aplicados hasta finales de este año.
“El borrador de la licitación que vamos a compartir con la Corte, la Fiscalía y Justicia, habla de hasta 3.000, pero como es la primera que se va a implementar y probablemente usemos los linces para responder en tiempo y forma, estamos hablando de 100 dispositivos en un proyecto piloto antes de fin de año”, apuntó.